El alto Consejero Presidencial para la Estabilización en Colombia, Emilio Archila, anunció el miércoles que el Gobierno evalúa el preacuerdo que se logró en las últimas horas con el Comité Nacional del Paro (CNP) para garantizar la protesta social y dar paso a la instalación de una mesa de negociaciones en medio de las manifestaciones que se realizan contra el Ejecutivo desde el pasado 28 de abril.
“En este momento estamos trabajando en la validación del documento al que llegamos como preacuerdo con el Comité Nacional del Paro referido a las garantías de la protesta; en eso no puede quedar ninguna duda de que estamos trabajando con absolutamente toda la celeridad que que corresponde”, dijo Archila ante la prensa al informar de los avances de los diálogos, que se prevé refrendar el jueves.
Según el CNP, se espera que una vez refrendado el acuerdo sobre las garantías a la protesta, ambas partes puedan instalar una mesa de negociaciones en la que se abordarán otros pliegos de exigencias que han motivado el paro.
El anuncio de Archila se da luego de la renuncia de Miguel Ceballos como Alto Comisionado de Paz, quien desde ese cargo coordinaba las negociaciones con el CNP y que el miércoles anunció que se lanzará a la Presidencia de Colombia en los comicios de 2022.
Tras la salida de Ceballos, se prevé que Archila será delegado como nuevo líder del equipo negociador del Gobierno Nacional con el CNP, por lo que por ahora asume la vocería del Gobierno en esos encuentros.
Colombia cumplió el miércoles 29 días de paro nacional que inició el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.
Sin embargo, las manifestaciones han seguido y el miércoles 19 de mayo la presión social logró que los congresistas de las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara aprobaran archivar el polémico proyecto de ley 010 de Senado y 425 de Cámara, con el cual se planteaba una reforma al sistema de salud.
Al menos 50 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y casi 600 fueron heridas, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Además, se detuvo de manera arbitraria al menos a 1.430 personas y se cometió violencia sexual contra 21 mujeres.
Ante tales abusos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OEA, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia.