El Gobierno colombiano reiteró ayer lunes el rechazo a un llamado urgente que le hicieron en diciembre pasado siete relatores y representantes de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en contra de las aspersiones aéreas con el herbicida glifosato, que el Ejecutivo colombiano prevé retomar en las próximas semanas para combatir los cultivos ilícitos.
“La Cancillería dio respuesta a la nota de los relatores en el mes de febrero de 2021, mediante comunicación S-DVAM-21-003788”, indicó el ministerio de relaciones exteriores colombiano en un comunicad emitido en la noche del lunes, y en el cual dio cuenta del proceso de respuesta a dicho llamado, que se conoció sólo más temprano, cuando fue difundido por la prensa local.
El llamado, señalaron los relatores en su misiva en diciembre, se dio luego de considerar que la fumigación con glifosato -cancelada desde octubre de 2015 por un fallo de la Corte Constitucional- representa un riesgo para los derechos humanos y para el medio ambiente.
“El estado colombiano no ha iniciado las aspersiones aéreas. Por lo tanto, en su respuesta, la Cancillería rechaza, con base en las normas que regulan el mandato de los relatores, que éstos acudan a la figura del Llamamiento Urgente, que sólo procede ‘en los casos en que las presuntas violaciones requieran medidas perentorias por entrañar pérdidas de vidas humanas, situaciones que pongan en peligro la vida o un daño inminente o continuo de mucha gravedad para las víctimas'”, agregó la Cancillería.
Asimismo, explicó que la carta de respuesta a los relatores rechazó que estos juzgaran y afirmaran, “sin una base cierta”, que cualquier decisión del Gobierno de Colombia sobre este tema “no cumpliría con las condiciones establecidas en la sentencia T-236 de la Corte Constitucional, ni tampoco con las obligaciones internacionales en la materia”.
Dichas condiciones refieren, en esencia, que las aspersiones se podrían retomar siempre que el Gobierno pudiera demostrar, con bases científicas, que el glifosato no afecta la salud humana y que el proyecto sería socializado con las comunidades rurales, algo que el Ejecutivo sostiene que ha realizado para poder retomar las fumigaciones aéreas.
Por último, la Cancillería señaló que “Colombia seguirá abierta al escrutinio internacional y continuará cooperando con los mecanismos internacionales de derechos humanos en el marco de los mandatos, principios y ordenamientos que los rigen”.
El Gobierno de Colombia se ha fijado la meta de reducir en 50 por ciento las áreas de cultivos ilícitos y la producción mundial de cocaína al año 2023, es decir, que las hectáreas de coca no superen las 105.000 y la producción de cocaína esté por debajo de las 450 toneladas métricas, para lo cual sustenta el uso del glifosato en conjunto con la erradicación manual de los cultivos de coca, insumo básico para la fabricación de cocaína.