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La lucha por el agua: un problema en México y Colombia

Agricultores de Chihuahua continúan en la lucha por el agua, afirman que no están dispuestos a cederle a EE. UU el líquido que necesitan para sus cultivos.

Debido a la sequía por la que está atravesando México, la presa La Boquilla está al 30% de su capacidad, pero el problema es que los campesinos chihuahuenses dependen de ella para regar sus cultivos y no están dispuestos a ceder 426 millones de metros cúbicos de agua de la presa porque saben que la van a necesitar durante la sequía.

“Pues la verdad es que es una impotencia y una desesperación. Nosotros que dependemos totalmente de ese líquido. Y estar nosotros ahorrando para que vengan otros y se lleven nuestros ahorros… pues es una tristeza y una desesperación”, afirmó uno de los agricultores en entrevista con Euronews.

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El gobierno entiende la situación de los campesinos, pero en el año 1944, México se comprometió a entregar 2.200 millones de metros cúbicos de Río Bravo mediante el tratado internacional de aguas firmado con EE. UU, donde el vecino país también se comprometía a entregar 1.800 millones de metros cúbicos de Río Colorado.

“Si no cumplimos ese convenio, podría haber represalias para México”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante la situación, los agricultores de Chihuahua realizaron la “Caravana por el Agua” para manifestar su inconformidad ante el gobierno y buscar una solución ante un tratado que históricamente los perjudica, pero la protesta se tornó violenta al llegar al lugar, pues los campesinos estaban decididos a tomar la presa y la Guardia Nacional no estaba dispuesta a ceder.  

La disputa por el agua continúa y el gobierno mexicano debe decidir entre cumplir con las políticas internacionales para evitar conflictos o atender las necesidades de los agricultores mexicanos, quienes dependen de este recurso vital para subsistir económicamente.

México no es el único país envuelto en disputas por este recurso vital, en el año 2015 el Río Ranchería en Colombia fue desviado por intereses políticos y económicos sin tener en cuenta la participación de los habitantes, por lo que las comunidades indígenas de la zona quedaron sin agua para sus cultivos.

La población Guajira se vio afectada de múltiples formas, porque al quitarle este recurso a las personas se generó una ruptura de las relaciones ancestrales de la comunidad con el agua, el fallecimiento de niños y niñas por desnutrición, afectaciones a nivel agrícola y ganadera para los campesinos, entre otras.

Ante el hecho, la población ha utilizado diversos mecanismos de participación para garantizar su derecho al agua, pues saben que por el extractivismo que hay en la zona el recurso no está llegando a la población, sino a la empresa minera El Cerrejón.

Hace tres años, la Corte Constitucional emitió la sentencia SU-698 de 2017, mediante la cual establece que se detengan las obras de desvío en el Río Ranchería y ante cualquier proceso que se quiera realizar con el recurso, primero se debe consultar con las comunidades por las implicaciones económicas y sociales que estos proyectos traen.

A pesar de la sentencia y los estudios sobre el impacto ambiental en la región realizados por Corpoguajira, la empresa minera continuó con las obras que desvían el cauce del arroyo, afectando a las comunidades de Maicao, Barranca, Albania y Ato Nuevo, por lo cual entidades ambientales, senadores y comunidades realizaron el pasado 9 de julio una Audiencia pública para presentar informes y analizar la problemática hídrica de la Guajira.

Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019, todas las poblaciones en el mundo tienen derecho al servicio de agua potable, además el Estado debe ser garante de que tanto las zonas urbanas como rurales puedan acceder a los sistemas hídricos que componen el país para suplir sus necesidades básicas.

“A fin de alcanzar la igualdad en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, los Estados deben trabajar para eliminar las desigualdades existentes. Esto requiere un conocimiento de las disparidades en el acceso, que típicamente no existen solo entre y dentro de grupos con diferentes ingresos, sino también entre y dentro de poblaciones rurales y urbanas”.

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