Por: Gustavo Montes Arias
Tras el anuncio hecho por la Unidad de Planeación Minero-Energética de Colombia (UPME) el 4 de marzo de 2020, en el que se aplaza la adjudicación de la firma inversionista para la Planta Regasificadora del Pacífico hasta el mes de septiembre, surgieron nuevamente posiciones a favor y en contra del desarrollo del proyecto; el cual busca importar gas natural al país ante la pérdida de autosuficiencia energética.
En medio de las posiciones encontradas, dos documentos oficiales, fechados en 2014 y en 2019, presentan serias contradicciones respecto al estado real de la exploración y producción de gas natural en Colombia. Aunque coinciden en que esta década marcará el inicio en la caída de la explotación nacional, las cifras y recomendaciones de la Contraloría General de la República, la UPME y el Ministerio de Minas y Energía (MinMinas), no coinciden. La Contraloría señala, incluso, un manejo inoportuno de información en el sector minero energético, que podría tener serias implicaciones. El primer documento es el ‘Plan de abastecimiento de Gas Natural’ emitido por el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero-energética de Colombia, y el segundo es el ‘Estudio sectorial, viabilidad de la construcción de una planta de recalificación en la Costa Pacífica’ creado por la Contraloría Delegada del sector minas y energía de la Contraloría General de la República.
La nuez del asunto
En 2010, el Gobierno Nacional anunció la necesidad de ampliar la infraestructura de respaldo para surtir de gas natural importado al país, en caso de una crisis por caída de las reservas, o ante la subida de la demanda por fenómenos como El Niño, que pusieran en jaque otras fuentes de abastecimiento energético. La propuesta oficial fue planear y desarrollar la construcción de una planta de regasificación de gas natural licuado importado (GNL), que surtiría el mercado nacional ante un posible desabastecimiento o caída en la autosuficiencia energética.
El proyecto fue llamado Planta Regasificadora del Pacífico. Su ubicación sería el puerto de Buenaventura, a donde llegarían los buques cargados con el gas licuado, para ser procesado y transportado hasta un sub-terminal de abastecimiento en la ciudad de Yumbo, en el Valle del Cauca, y posteriormente transportado a distintos lugares del país. La idea prometía, además de cubrirle la espalda al país ante una posible crisis, dinamizar la economía en el sur de Colombia y surtir especialmente los mercados de la zona centro.
La entidad encargada de crear la regulación para el funcionamiento y financiación de la planta fue la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mientras que a la UPME le fue otorgada la tarea de desarrollar la convocatoria y adjudicación de la firma inversionista para el proyecto que, en ese entonces y según información de la Contraloría General de la República, debía empezar a funcionar a inicios de 2015 y luego en 2021, “época en la cual se prevé la ocurrencia de un escenario de pérdida de autosuficiencia”, pero debido a retrasos por las entidades competentes, este proyecto aún no ha sido adjudicado.
Declaraciones públicas del ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, en 2020, dieron a conocer que la cuantía del proyecto sería de US$700 millones. La fecha para hacer pública la empresa que construiría y operaría el proyecto se haría el pasado 8 de marzo, con una ampliación para la recepción de contrapropuestas hasta el 12 de abril. Sin embargo, la publicación de la adenda número dos por parte de la UPME el 4 de marzo de 2021, en la que reza: “las modificaciones introducidas solo afectan los aspectos que se consignan en la presente adenda”, modifica el cronograma y retrasa la apertura del sobre número dos en la elección del inversionista hasta el 21 de septiembre.
La dilación en el proceso ha levantado polvareda en el sector minero energético y en la opinión pública, respecto a la veracidad de algunos estudios que respaldan el proyecto y la pertinencia de su desarrollo en medio de la crisis económica que ha representado la pandemia Covid-19. Además de las movidas oficiales, la Regasificadora del Pacífico representará un alza en el costo del consumo de gas natural en el país, golpe fuerte para el bolsillo de los colombianos en medio del trauma financiero que desde hace años atraviesa la nación y que se acentúa por el coronavirus. Pero el foco de la discordia es otro: ¿por qué los documentos oficiales del proyecto presentan contradicciones?
El as de la Contraloría
En octubre de 2019, la Contraloría General publicó el estudio sectorial “Viabilidad de la Construcción de una Planta de Regasificación en la Costa Pacífica”. El informe, elaborado por cuatro expertos, muestra un panorama de desabastecimiento de gas natural a partir de 2021 y una clara necesidad de seguir adelante de forma acelerada con la construcción de la Regasificadora del Pacífico. Según el documento: “desde el año 2010 el país ha venido afrontando dificultades para garantizar el debido abastecimiento de gas natural”.
Este estudio fue proyectado con el objetivo de determinar el surgimiento de una posible pérdida de autosuficiencia en la producción de gas nacional, y de analizar la pertinencia de darle continuidad al proyecto de la segunda regasificadora del puerto, que entraría en operación de forma casi simultánea con las ampliaciones que se realizan en la regasificadora de Barú, en el departamento de Bolívar.
El informe aclara que sus proyecciones están basadas en la declaración de producción que las empresas del sector deben entregar cada mes al MinMinas, con una actualización del horizonte productivo a diez años; lo que genera una duda más: si las empresas del sector minero energético entregan sus informes con tal periodicidad, ¿por qué tardó tanto la declaración de una caída en el abastecimiento a tan poco tiempo de su inicio (2021, según la Contraloría)?
Respecto a la regasificadora, el informe menciona que “se propuso o estableció la remuneración del proyecto, hasta un 50% a través de la figura de ingreso regulado, que consiste en financiar el 50% del proyecto en un período de diez años en dólares, valor que se reunirá vía factura de los usuarios del sector eléctrico”. Aquí aparece la CREG, entidad encargada de reconocer y definir el esquema de remuneración con el que se pagará la inversión realizada.
En el mismo documento de la Contraloría hay una afirmación que complejiza el manejo dado al proyecto y que deja ver incongruencias en su tratamiento institucional y oficial, así como su pertinencia: “El nivel de control que ejerce el MME (Ministerio de Minas y Energía) sobre sus entidades adscritas, la UPME, la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) y la CREG, presenta debilidades, por cuanto en el empoderamiento de su conocimiento se maneja información que no es procesada oportunamente”. Este medio intentó contactarse con la ANH para resolver algunas dudas, pero la solicitud fue redirigida a la UPME y hasta la publicación de este informe, no se recibió respuesta por parte de la segunda entidad.
Respecto a la Regasificadora del Pacífico, el documento de la Contraloría concluye: “Aún no hay claridad en algunos aspectos, tales como la demanda que atenderá la planta” y agrega que “su utilidad estará dada por la capacidad de responder a la demanda en un momento crítico”.
La carta oculta
Otro documento que precede por cinco años al informe de la Contraloría y publicado por el Ministerio de Minas y Energía y la UPME en mayo de 2014, es incongruente en varios puntos respecto del informe mencionado: el ‘Plan de Abastecimiento de Gas Natural’, revela fisuras en las que el tiempo, posiblemente, podría ser un factor con incidencia en la transformación de la información.
El documento comienza declarando que “Colombia es un país privilegiado en términos de producción de energía primaria”. Y agrega: “son grandes los beneficios que el gas natural ha traído a Colombia y se prevé que su aporte al sector productivo y a las familias sea creciente, sustituyendo otras formas energéticas más costosas y menos eficientes, respondiendo a las nuevas necesidades de la demanda”.
A modo de declaración de principios, el documento de 196 páginas expresa que la aplicación del rigor procedimental y el uso de la información más actualizada son necesarios, para contrastar distintos escenarios y cubrir todas las posibles trayectorias futuras del gas natural en Colombia. También hace una aclaración respecto a la producción de las fuentes energéticas convencionales, que, según la investigación, “comenzará a partir de 2014, mientras que en el caso de los crudos pesados y el gas costa afuera, se demorará en comenzar hasta el año 2020”.
Según proyecciones gráficas del mismo estudio y sus aclaraciones, en un escenario de alta productividad, “se estima que el pico de gas se presentará en 2025 cuando se alcanzarían cerca de 1.750 MPCD (millón de pies cúbicos por día)”. Este límite iniciaría un descenso leve entre 2026 y 2027, acelerándose en ese año y alcanzando su medida más baja de sostenibilidad y productividad en 2037. Sin embargo, aclara que: “el desarrollo de recursos no convencionales no está técnica ni comercialmente garantizado, por lo que se podría presentar un escenario distinto al de abundancia”; siendo este aspecto una de las diferencias fundamentales entre los dos documentos.
Respecto al panorama que se esperaba entonces de la industria del gas natural en Colombia, el informe apuntó que “el país debe intensificar sus esfuerzos para atraer inversión y asegurar la incorporación de tecnología a toda la cadena de valor”, en un contexto de creciente potencial. Pero más adelante aclara que el análisis hecho incluye un estudio de escenario alto de producción, que podría contemplar el desarrollo de la oferta adicional de una planta de regasificación, decisión sujeta a análisis estadísticos que permitan evaluar y definir la seguridad del suministro de gas en el futuro.
El informe concluye que, si se considera solo el escenario de producción media de gas, no alta ni baja, Colombia podría mantener una buena demanda hasta el año 2022, no hasta 2021, con la ayuda de la producción de la regasificadora de Cartagena.
Respecto a las consecuencias del futuro panorama en la economía de los hogares del país, agrega: “si existe una oferta suficiente de gas natural, es de esperar que el mecanismo de comercialización de los próximos años continúe siendo la negociación directa y que, por efectos del gas importado, los precios suban. Esto a su vez, podrá servir de incentivo a la actividad de exploración y producción”. Esta posición vuelve a poner en entredicho la viabilidad o pertinencia de la inversión de los US$700 millones en la regasificadora del puerto del Valle del Cauca.
En manos de la Superservicios
El costo de importación, tratamiento y distribución de gas natural, a través de la proyectada Planta Regasificadora del Pacífico, incrementaría la tasa promedio de precios del gas domiciliario para los usuarios; que en 2018, según cifras de la compañía Promigas, en los estratos uno y dos era de $15.508; para estratos tres y cuatro, $33.035; y en los estratos cinco y seis, $39.011. Datéate se comunicó con Diego Alejandro Ossa Urrea, Superintendente Delegado para Energía y Gas de Colombia, que hizo algunas aclaraciones respecto del impacto, ventajas y desventajas del proyecto.
Respecto de los precios de oferta y demanda, el funcionario refiere que su variación está determinada según el comportamiento del mercado internacional y agrega, respecto a lo que aún no es claro del proyecto, que “una variable que impacta es el tipo de contrato. En la medida en que se pueda asegurar un contrato de compra estable a largo plazo, las condiciones de precio mejoran”; es decir, podría pactarse un precio estándar a futuro para la importación de gas, sin variaciones por un término de tiempo definido.
Acerca de la demanda de gas en el país, Ossa Urrea menciona que esta varía cuando hay fenómenos como sequías, que afectan la producción hidroeléctrica; aspecto que pone en cuestión el desarrollo de grandes y controvertidos proyectos como Hidroituango, pues en momentos de crisis el país se ha abastecido con sus reservas nacionales, y en casos extremos, con gas importado.
Lo que sí es claro para el Superintendente es que “la participación en el mercado de la Planta Regasificadora del Pacífico será vigilada por la Superintendencia”, lo que incluye un seguimiento a la regasificación de GNL y su transporte, pues esto “incide de forma determinante en la correcta prestación del servicio”. La entidad no tiene competencia en el diseño y construcción del proyecto, pues esto “es labor de control fiscal de la Contraloría General de la República, en caso de que se vean comprometidos recursos públicos”.
Ossa Urrea aclara, respecto de los costos para los hogares en el futuro de operación de la regasificadora, que “el impacto en la factura de gas natural dependerá de factores como el costo de la inversión de la planta, el costo del combustible, obras de infraestructura para la interconexión y el porcentaje que los usuarios van a asumir dependiendo del sector de consumo”. La factura de gas natural contempla tres rubros principales: el costo del suministro, el transporte del servicio y el cargo de distribución.
Para la Superintendencia, la regasificadora tiene la ventaja de “contar con una mayor diversificación de fuentes para asegurar el abastecimiento del mercado nacional y tener con mayor cobertura del servicio”. Como desventajas reconoce “un eventual aumento de precios nacionales, un aumento en las tarifas por el costo de la planta y su consecuencia en la competitividad de la economía nacional”.
Aunque las contradicciones entre los documentos de la Contraloría, MinMinas y la UPME siguen sin claridad, desde la Superservicios se explica que el gas importado atendería los mismos mercados que el gas nacional, por lo que “no hay diferencias significativas en la eficiencia entre el gas natural versus el importado”. El funcionario concluye: “Las apuestas por el gas natural no deberían ser excluyentes con fuentes de energía no convencionales, que se complementan de forma importante”.
Claridades finales
La nuez del asunto, que seguramente estará en el debate público por varios meses hasta que se consolide el arranque de la Planta Regasificadora del Pacífico en septiembre de 2021, seguirá siendo la millonaria inversión para la importación de gas y otros hechos no previstos; factores que suelen estar en el centro de los grandes proyectos en Colombia: no alcanza el presupuesto estimado inicialmente, la veeduría de los proyectos no tiene los suficientes dientes para intervenir, y las cifras sobrepasan las proyecciones iniciales con recargos onerosos para la ciudadanía.
Datos de Promigas indican que de 1997 a 2018, el gas natural subió cuatro puntos porcentuales en la canasta energética colombiana, del 13% al 17%. A la misma fecha, Colombia contaba con 3.782 reservas de gas ya probadas, aunque con una tendencia a la baja entre 2013 y 2018.
El departamento de Casanare lidera la lista de productores de gas nacional, con yacimientos activos tan importantes como Cusiana y Cupiagua, que hacen parte de los 2.216 presentes en su territorio. En la lista le siguen La Guajira y Sucre con 584 y 306 yacimientos respectivamente, desde los que sería necesario, en caso de un desabastecimiento, trasladar gas inyectado hasta la zona centro del país.
