Lima | Por: Sergio Llerena Caballero – El extranjero que viene a Lima puede asombrarse por su buena comida o su vista que da al mar, pero seguramente también por el que debe ser uno de los peores sistemas de transporte público de América Latina, tan insólito como peligroso e informal.
En la capital de Perú, desde la década de los 90 y con el cambio al modelo liberal, el Estado confió en los privados el servicio de transporte público, reemplazando un relativamente efectivo sistema de buses de gran capacidad por un sistema de pequeñas conocidas como “combis” y también por buses de mediano tamaño conocidos como “custers”.
Con el tiempo, este sistema fue degenerando en su caos e inseguridad y las razones son simples.
Las empresas que emplean a las “combis” o “custers” para el transporte de pasajeros son, en verdad, empresas que pertenecen a un privado, el cual ha conseguido que la Municipalidad de Lima le de autorización para hacer una ruta determinada.
Sin embargo, a la empresa de ese privado se le puede unir cualquier persona que sea dueño de un vehículo y formar parte de ella, es decir son meras empresas afiliadoras que reciben a quienes quieran trabajar.
Carrera fatal
Los problemas de este método de transporte son, en principio, que las unidades son pequeñas, no adecuadas para el transporte de una ciudad de 10 millones de habitantes.
Actualmente, se calcula que existen 24,000 combis y custers en Lima las cuales, enfrentadas por el recojo de pasajeros, pues ganan de acuerdo a cuantas personas logran transportar al día, se enfrentan en un carrera por el centavo, además de generar una brutal congestión trafficular pues en esta lucha por pasajeros, el irrespeto a las normas de tránsito es lo que marca la pauta.
Luis Quispe Candia es presidente de la organización Luz Ámbar, dedicada al estudio de los problemas de transporte en Perú y, en particular, en Lima. Quispe Candia, en conversación con Sputnik, explica que en 2018 el Gobierno aprobó la creación de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).
“La ATU – oficina adscrita al Ministerio de Transporte -se creó con la finalidad de implementar un sistema integrado de transporte. En Sudamérica, la única capital que no tiene un servicio integrado es Lima, frente a esto la ATU está facultada para implementar este sistema integrado “, explica Quispe Candia.
Este sistema integrado buscaría que en la ciudad se organicen orgánicamente el sistema de buses (hoy copado por combis y custers), el Metropolitano -un sistema de buses de gran tamaño que transitan por corredores exclusivos- y el Metro de Lima, sistema de tren aéreo, pero que sólo tiene completada y funcionando una de las 6 líneas que se han previsto en su estructura total.
Sin embargo, lograr los objetivos de la ATU es imposible con la presencia de combis y custers, no sólo por las implicancias antes expuestas, sino porque son unidades que tienen en promedio 30 años de antigüedad, absolutamente inapropiadas para una ciudad.
“Se estima que Lima necesita de 14.000 a 15.000 buses de gran capacidad, y con eso se sustituirá a las combis, custers (…) pero además, por ley, se exige que estas empresas, que ahora son afiliadoras, para participar en la licitación del sistema integrado tienen que ser dueñas de las unidades, tienen que tener una caja centralizada, los trabajadores tienen que formar parte de la planilla de la empresa”, explica el experto.
Mal perpetuo
Parecería que reformar esto es fácil. Sacas a las combis y custers, las empresas se formalizan con buses grandes y se evitan que las ganancias de los choferes dependen de la cantidad de pasajeros que recogen, y además se integran ordenadamente con el Metro y el Metropolitano.
Sin embargo, esta semana en el Congreso se planteó un proyecto que busca extender la licencia de funcionamiento de combis y custers por 10 años. Esta estaba prevista que culmine este año, o se extienda en un tiempo corto -2 años- para que los dueños de las unidades puedan reemplazarlas por buses de gran tamaño, pero nuevamente se quiera perpetuar en la capital de Perú la “cultura combi”.
Los críticos del sistema actual, y ciertamente la mayoría de población, apuntan que uno de los grandes obstáculos para sacar adelante la reforma de transporte son los intereses económicos de los dueños de las empresas de pequeñas unidades.
Mientras tanto, y en medio de la pandemia, la capital de Perú tendrá que soportar un sistema precarizado, insalubre por su alta aglomeración, criminal por la extensa cantidad de víctimas en accidentes de tránsito y del cual todos están hartos salvo los dueños de los negocios, aunque con un alto precio social. (Sputnik)