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Procurador de DDHH rechaza disturbios en Congreso de Guatemala

Jordan Rodas Andrade, es el procurador de los Derechos Humanos crítico este mércoles los disturbios ocurridos en las instalaciones del congreso durante las manifestaciones de exmilitantes del conflicto armado.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, rechazó este miércoles los disturbios ocurridos en la víspera en las instalaciones del Congreso durante las manifestaciones de exmilitares veteranos del conflicto armado (1960-1996).

“El procurador rechaza los actos violentos ocurridos el martes 19 de octubre en el Congreso de la República que pusieron en riesgo la integridad de diputados, funcionarios y trabajadores del organismo legislativo, el daño a los bienes del Estado, así como la censura a la prensa ejercida por algunos de los manifestantes”, afirmó su oficina en un comunicado difundido en redes sociales.

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Varios reportes periodísticos mostraron los daños ocasionados en el Congreso, tanto en puertas del inmueble como en las oficinas de las distintas bancadas, y en el estacionamiento, donde cinco vehículos “pick-up” fueron incendiados.

En las afueras del Congreso, la escalada de violencia dejó a reporteros y policías heridos.

La Red de Periodistas de Guatemala denunció que los reporteros David Sanchinelli, del periódico Nuestro Diario, y Javier Estrada, del portal Quorum, fueron agredidos por los exmilitares, quienes destrozaron sus equipos fotográficos.

El procurador reafirmó “su compromiso con los habitantes de la República de velar por la no vulneración de sus derechos humanos, y su acompañamiento durante el legítimo derecho a la libre expresión y manifestación pacífica”.

Los veteranos se manifiestan desde la semana pasada para exigir el pago de un resarcimiento de 120.000 quetzales (unos 1.551 dólares) por sus servicios en el conflicto armado, una promesa de campaña que hizo el presidente Alejandro Giammattei.

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, apoyada por Naciones Unidas, la guerra civil en Guatemala dejó unos 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, la gran mayoría indígenas mayas.

La Comisión documentó unas 625 masacres perpetradas por la Fuerza Armada en Guatemala, 420 de ellas ocurrieron entre 1982 y 1983 durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt.

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