A casi un mes de la primera vuelta presidencial de 2026 (30 de mayo próximo), Invamer hizo pública su medición de intención de voto respecto a los 13 aspirantes. Los porcentajes parecen favorecer principalmente a figuras como Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia; sin embargo, surge la duda sobre qué ocurrirá con los demás candidatos en la contienda que no lleguen al 4% del posible umbral de votos totales.
De acuerdo a la Ley 1475 de 2011 (Ley Estatutaria de Partidos y Movimientos Políticos), el Estado debe financiar las campañas electorales mediante el sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos. No obstante, para acceder a este beneficio, es indispensable cumplir con un umbral específico.
Para cargos uninominales, como la Presidencia, el umbral se sitúa en el 4% de los votos válidos. Según las últimas mediciones, es evidente que más de la mitad de los candidatos presidenciales registran una intención de voto inferior a este porcentaje, lo que implica que, de mantenerse la tendencia, no lograrían recuperar los gastos invertidos en sus campañas.
Tomando como referencia los datos de la Misión de Observación Electoral (MOE) para 2022, donde se registraron 21,173,842 votos válidos, un candidato habría necesitado al menos 846,953 sufragios para alcanzar dicho umbral. Para este año, los valores de reposición se han fijado de la siguiente manera:
- $4,225 COP por voto, si el candidato recibió anticipos estatales.
- $8,613 COP por voto, si la campaña se financió con recursos propios.
(Clic para consultar datos de MOE sobre los valores por voto valido)
(Clic para consultar cifras del 2022)
Bajo el escenario actual, lo más probable es que la reposición se otorgue únicamente a los tres candidatos que lideran las encuestas. No obstante, considerando el margen de error, nombres como los de Claudia López y Sergio Fajardo podrían entrar en la disputa por el umbral.
Finalmente, aunque existen topes legales de gasto, la cifra permitida para esta primera vuelta es considerablemente alta: $31,840,451,936 (treinta y un mil ochocientos cuarenta millones cuatrocientos cincuenta y un mil novecientos treinta y seis pesos).
Este elevado monto subraya lo costoso que resulta una campaña presidencial en Colombia y genera serias dudas sobre la capacidad de los aspirantes con menor intención de voto para recuperar su inversión.
