Por: Danniela Rodríguez
La decisión fue ratificada a través de un comunicado a la opinión pública emitido el 30 de mayo por las juntas directivas de las seccionales de Pasto, Ipiales, Cauca y otros gremios del transporte, en el que se declara el cese de actividades en los departamentos de Nariño y Cauca desde la medianoche del 16 de junio.
El comunicado señala como causas principales las intenciones gubernamentales de reabrir la frontera al transporte internacional directo, el crecimiento incontrolado de la inseguridad en la Vía Panamericana, el mal estado de la infraestructura vial en corredores estratégicos del suroccidente del país como Pasto-Tumaco, Pasto-La Unión, y Popayán-Cali, entre otros.
Según la ACC, a pesar de los compromisos adquiridos por el Gobierno en el marco del paro camionero de julio de 2024, los puntos pactados han sido ignorados o incumplidos, lo que profundiza la crisis que enfrenta el transporte de carga legal en Colombia.
En una carta abierta dirigida al presidente Gustavo Petro y también anunciada el 30 de mayo de 2025, la junta directiva nacional de la ACC expresa su “profunda preocupación” por lo que califican como una política de abandono e irrespeto a los acuerdos previamente firmados.
En el documento, los transportadores denuncian la ausencia de interlocución directa con el Gobierno y el agravamiento de las condiciones de seguridad, operatividad y estabilidad económica del sector.
La misiva afirma que los derechos constitucionales a la vida, trabajo y movilidad han sido vulnerados sistemáticamente en las carreteras del país. El gremio denuncia asesinatos, extorsiones, saqueos y bloqueos con graves consecuencias, y sostiene que la falta de presencia efectiva de la Fuerza Pública ha permitido que estas situaciones ocurran “a plena luz del día”.
Entre los datos más alarmantes aportados por la ACC, se destacan 20 asesinatos de conductores en los últimos tres años, más de 1.400 bloqueos registrados y pérdidas económicas estimadas en 6.3 billones de pesos.
Uno de los puntos más polémicos y detonantes del paro es el aumento en la retención en la fuente del 1% al 3.5%, implementado mediante decreto sin trámite legislativo. La ACC ha rechazado categóricamente esta medida, señalando que afecta principalmente a los pequeños transportadores que constituyen el 85% del gremio y a duras penas logran cubrir sus costos operativos.
En su pronunciamiento, la organización calificó el decreto como “antitécnico, confiscatorio e inconstitucional”, ya que contradice el principio de legalidad tributaria y golpea de forma letal las ya frágiles economías de los propietarios de camiones que trabajan de manera legal e independiente.
Por dichas razones, la Asociación solicita con carácter urgente el reinicio inmediato de las mesas de trabajo, con la participación de los ministros de Transporte, Interior, Defensa, Hacienda, Trabajo y otros organismos de control como la Fiscalía y la Contraloría, la derogación inmediata del decreto que aumenta la retención en la fuente, acciones efectivas para garantizar la seguridad en las vías y el respeto al derecho al trabajo y el cumplimiento del Estado Social de Derecho.
La ACC deja claro que este no es un movimiento político ni desestabilizador, sino una respuesta legítima a una situación insostenible, además, denuncia la estigmatización a la que ha sido sometida por parte del Gobierno y asegura que cualquier señalamiento en su contra pone en riesgo la vida de sus dirigentes.
El gremio hace un llamado urgente al diálogo real y transparente, pero advierte que de no tener respuestas claras antes del 16 de junio, el paro nacional se mantendrá de forma indefinida, afectando corredores clave del país y el comercio internacional.
