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Se busca regular y reglamentar el oficio de Traductores e Intérpretes Oficiales

Avanza un proyecto de ley que pretende reconocer la labor que hacen en los trámites y documentos que se realizan en idiomas diferentes al castellano.

Desde 1951 los traductores e intérpretes oficiales desempeñan su actividad bajo el decreto 382, lo cual indica que han trabajado por casi 70 años bajo los mismos parámetros. Sin embargo, algunas cosas cambiaron con la Resolución 10547 de 2018, que eliminó el directorio de consulta de traductores e impusó la obligación de reconocimiento o autenticación de la firma del traductor oficial ante Notario público para legalizar o apostillar los documentos. No obstante, se planean más cambios que apoyen a estos profesionales.

Es así como el proyecto de ley 322 del 2020 Cámara fue aprobado en primer debate por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Este pretende “reconocer y establecer parámetros para el ejercicio de la actividad de los traductores e intérpretes oficiales, delimitar sus responsabilidades y competencias, exaltar su importancia en los trámites y documentos que se realizan en idioma diferente al castellano y otorgar seguridad jurídica a los usuarios a través de la unificación normativa de la actividad de los traductores e intérpretes oficiales”.

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Ante esto la congresista Ángela Sánchez, del partido Cambio Radical manifestó su alegría con el proceso y expuso que “hoy en día la traducción de documentos en idiomas diferentes al castellano ha cobrado mucha importancia ya que fomenta el comercio internacional, pero también es una generación de empleo y el sustento de muchas familias que se dedican a esta labor”.

Igualmente, la congresista señaló que el riesgo en el que se han visto envueltos los usuarios y traductores de “ser víctimas de suplantaciones, falsificaciones, imprecisiones y errores en los documentos que serán legalizados o apostillados sin ninguna verificación de idoneidad de los mismos”.

Por lo mismo, Sánchez indicó que este proyecto otorga “el marco normativo para que exista una seguridad jurídica, para que haya confianza en los usuarios, para que sean claras las reglas de juego y esta labor tan importante en nuestro país no solamente sea reconocida sino que también sean muy claras sus funciones y responsabilidades frente a esta labor”.

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