El presidente Iván Duque firmó el decreto con el cual se reglamentó la creación del Registro de Ofensores Sexuales que busca ser un mecanismo el cual permita crear un registro de todas las personas condenadas por cometer delitos sexuales en contra de menores de edad.
La medida busca que empresas públicas y privadas utilicen este registro en sus procesos de contratación con el fin de verificar antecedentes, sobre todo cuando sean empresas o entidades que trabajen con menores de edad.
Sin embargo, la creación de ese registro ha traído a colación una medida que fue implementada por la Alcaldía de Bogotá y que generó un debate que fue zanjado por la Corte Constitucional: la creación de los llamados “muros de la infamia”.
En mayo de 2007 el Concejo de Bogotá emitió un acuerdo en el que ordenó al Distrito instalar muros y vallas en todas las localidades de la ciudad, con el nombre y la foto de las personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.
“El registro contempla acciones muy concretas y robustas dentro de un enfoque integral que se va a presentar al país en junio. Contempla acciones de sensibilización y movilización para acabar con la normalización, y de prevención para la protección de entornos protectores, principalmente los educativos, las familias y el digital” afirmó Juliana Pungiluppi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, señaló que este registro, que empezará a funcionar dentro de seis meses, tendrá los datos personales de quienes hayan sido declarados inhabilitados.
También se implementará un mecanismo de consulta en línea que permite el acceso a información sobre esos antecedentes. Las empresas que no utilicen este registro en sus procesos de selección serán sancionadas con una multa 500 salarios mínimos legales vigentes.
Aún no hay pronunciamiento conocido en contra del Registro de Ofensores Sexuales que se implementará a finales de 2019. Sin embargo, el debate podría abrirse de nuevo, pues cabe la consideración de que esta medida puede afectar derechos fundamentales de quienes su información esté en el registro, como ocurrió con los “muros de la infamia”.