Con el fin de dar orden al espacio público de Bogotá, la Alcaldía Mayor, en cabeza de Carlos Fernando Galán, estableció el pasado 14 de abril el Decreto 117 de 2026. Este marco normativo busca la recuperación, preservación y organización de la ciudad, e incluye un componente de acompañamiento para evitar pérdidas económicas a los vendedores informales cobijados por la medida.
Sin embargo, persisten retos con precedentes claros que la administración no contempló al regular la informalidad. Según datos del IPES de 2025, Transmilenio cuenta con 2.669 vendedores informales que dependen del sistema; no obstante, esta cifra parece ir en ascenso debido a políticas que, en lugar de combatir la informalidad, están asfixiando los intentos de formalización laboral.
En una intervención durante la Comisión Segunda de Gobierno este viernes 24 de abril, el concejal Julián Espinosa presentó su informe “Transmilenio de la formalidad a la informalidad”, donde expuso cifras críticas sobre los espacios arrendados a vendedores. Espinosa explicó cómo, entre 2025 y 2026, el número de arrendamientos disminuyó drásticamente debido al alto costo de los contratos anuales. Además, denunció un sobrecosto en los precios, los cuales aumentaron un 53% entre 2023 y 2026.
Esto sugiere que la política de control del trabajo informal ignora la realidad de Transmilenio, y que la propia empresa está socavando las condiciones necesarias para regular las actividades comerciales al interior del sistema. Carolina Quiceno, propietaria de Variedades Cuida Tu Piel, solicitó en su intervención tarifas justas para evitar la quiebra de quienes buscan la formalidad, denunciando además la falta de infraestructura y de garantías de seguridad.
Entre 2020 y 2025, Transmilenio aumentó su recaudo por arriendos en un 230%, triplicando sus ingresos. Para 2026, se proyecta un aumento que dejaría un total de 25.000 millones de pesos para la empresa; todo esto a costa del emprendedor y sin las garantías mínimas antes mencionadas.
