“Para la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la evidencia indica que estos once imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada”, dijo en su lectura del fallo la magistrada Catalina Díaz, relatora del Caso 03 (Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado o “falsos positivos”).
Entre los militares se encuentran un brigadier general, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos y un cabo, cuyas acciones se enmarcan en el denominado “subcaso Norte de Santander”, por los hechos ocurrido en esa región del nordeste de Colombia.
“Las 120 víctimas asesinadas tienen un perfil semejante y se repite un mismo modus operandi (…) Las desapariciones y asesinatos tenían las mismas características y una misma finalidad: responder a la presión por ‘bajas’ a ‘como diera lugar’ para satisfacer el indicador oficial de éxito militar en el marco de la política institucional del conteo de cuerpos”, agregó la magistrada Díaz.
Asimismo, señaló que las 120 víctimas identificadas “fueron asesinadas en estado de indefensión por parte de los miembros de la Fuerza Pública, sin que mediara combate real alguno”.
Según la JEP, la evidencia indica que los once imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, conforme tanto al Código Penal Colombiano como al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Los imputados, identificados como máximos responsables en la modalidad de liderazgo por haber dado las órdenes, son el brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30 del Ejército, los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15, y el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15.
Asimismo, entre los máximos responsables están el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la Brigada Móvil 15, y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del Batallón de Infantería No. 15.
Los otros militares implicados fueron imputados por haber “contribuido de manera amplia y efectiva en la ejecución de conductas de particular gravedad”, así como el civil, quien colaboró con las dos estructuras militares.
Los magistrados de la Sala de Reconocimiento concluyeron que los comparecientes actuaron bajo plena conciencia de que estos delitos se cometían “como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, razón por la cual también existen bases para determinar que son responsables de crímenes de lesa humanidad.
Estas imputaciones hacen parte del primero de por lo menos seis Autos de Determinación de Hechos y Conductas que se expedirán en el Caso 03, de acuerdo con la priorización que hizo pública la JEP en febrero pasado.
Los otros cinco subcasos territoriales priorizados a la fecha por la JEP se ubican en las regiones de Antioquia (noroeste), la Costa Caribe (norte), Huila (suroeste), Casanare (oriente) y Meta (centro).
En el marco del caso 03, la Sala de Reconocimiento de la JEP ha acreditado a la fecha 1.043 víctimas, de las cuales 658 son mujeres.