Más que un acto protocolario, la jornada se convirtió en un extenso debate sobre el futuro de la profesión jurídica, atravesado por una preocupación común entre los ponentes: cómo formar abogados profundamente humanos en plena era de la inteligencia artificial.
La propuesta institucional quedó condensada en una idea que se repitió durante toda la tarde: la universidad no quiere producir “técnicos de la ley”, sino “arquitectos de justicia, mediadores de conflicto y constructores de ciudadanía digital”, capaces de responder a los retos sociales, tecnológicos y territoriales del país.
Una apuesta con sello misional
El rector de la sede Bogotá, Dr. Jefferson Enrique Arias Gómez, abrió el acto situando el programa dentro del carisma de la obra fundada por el padre Rafael García Herreros en 1957. Recordó que el Minuto de Dios nació para hacer realidad el mandato de la encíclica Populorum Progressio —el paso de cada persona y de todos “de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas”— y enmarcó la nueva facultad en cuatro pilares: el Evangelio, el pensamiento social de la Iglesia, la espiritualidad eudista de la congregación de Jesús y María, y el carisma de servicio de la institución.
Arias subrayó que el derecho no puede reducirse a la aplicación mecánica de normas, sino que debe ser un campo de reflexión permanente sobre la justicia, la legitimidad y el poder. En esa línea, reconoció el papel creciente de la tecnología —mencionó la inteligencia artificial aplicada al análisis predictivo de jurisprudencia, el blockchain y los contratos inteligentes—, pero insistió en que esas herramientas deben ponerse al servicio de la dignidad humana. El rector también informó que el programa ya opera en modalidad virtual y en las sedes Caribe y Centro-Occidente, donde Cali lo había lanzado el día anterior, y agradeció el respaldo de la exministra de Justicia Gloria María Borrero en el diseño de sus primeras líneas.
El respaldo de la alta justicia
En representación de la Corte Suprema asistió el Dr. Carlos Roberto Solórzano, presidente de la Sala de Casación Penal, quien trasladó las felicitaciones de la corporación. Para él, la creación de una facultad de derecho es siempre una decisión de gran trascendencia, porque implica formar a quienes participarán en la construcción, interpretación y aplicación de las reglas que hacen posible la convivencia.
Solórzano defendió el papel irreemplazable de la universidad en un momento que —dijo— exige fortalecer la confianza en las instituciones y preservar el diálogo frente a la imposición y la violencia. Recordó que detrás de cada expediente hay personas concretas, historias de vida y conflictos humanos, por lo que la enseñanza del derecho no puede limitarse al estudio de las normas. Su mensaje a las nuevas generaciones fue directo: el país se construye trabajando, con honestidad y estudio.
La presentación académica corrió a cargo del Dr. John Camilo Cifuentes, vicerrector de la sede, quien explicó que el programa se aloja en la Escuela de Desarrollo Humano y Transformación Social y que fue diseñado para articular el rigor jurídico con la justicia social, la equidad y la respuesta a problemáticas reales de las comunidades.
El derecho con los pies en el territorio
El conversatorio central, moderado por el docente investigador John Larry Rojas Castillo, reunió a Solórzano; a la exmagistrada del Tribunal Superior de Bogotá Luz Magdalena Mojica; al magistrado y expresidente de la Corte Suprema Gerson Chaverra Castro; al magistrado Fernando León Bolaños; y, de manera virtual desde Argentina, al escribano y experto en legal tech Jorge Fabián Villalba.
El primer eje fue el enfoque territorial. Chaverra, magistrado formado durante 16 años en municipios del Chocó, fue enfático: en las facultades no se prepara a los abogados con perspectiva territorial. Relató casos que ilustran lo contrario de esa carencia —una jueza en San Andrés que adelanta los procesos y dicta sentencia en creole; una preclusión concedida a una comunidad indígena que, por la sacralización de sus muertos, no permite la necropsia; un juez de “pequeñas causas” que rechazaba esa etiqueta porque una deuda de un millón de pesos podía significar la matrícula universitaria del hijo de una persona. Su conclusión: aplicar la ley respetando los usos, costumbres y cosmovisiones de cada región es hacer realidad el mandato constitucional de una Colombia pluriétnica y multicultural.
Mojica recurrió a Ulpiano para recordar que el derecho es “el arte de lo bueno y de lo equitativo” y que la justicia es la columna vertebral de un país: de ella dependen la lucha contra la corrupción, el respeto a la institucionalidad y la dignidad humana. Bolaños, por su parte, advirtió que el derecho tiene poder para transformar la sociedad “para bien o para mal” —recordó que la ley sostuvo durante siglos la discriminación de la mujer, que en Colombia solo accedió a ciertos derechos ciudadanos hacia 1957— y llamó a formar una conciencia crítica constructiva. Villalba aportó la mirada de prospectiva: el blockchain y la inteligencia artificial, bien entendidos, pueden democratizar el acceso a la justicia y tender puentes en contextos de asimetría.
“La justicia es esencialmente humana”
El segundo eje encendió el debate más intenso de la jornada: el perfil del abogado frente a la digitalización. Mojica abrió con una imagen que su maestro le enseñó en la Javeriana —el abogado como “sacerdote de la justicia”— para alertar que la tecnología está erosionando el contacto humano. “La tecnología no tiene ética ni la puede tener”, afirmó, porque la ética nace del libre albedrío y de las vivencias de cada persona.
Chaverra lo formuló con la frase que marcó el encuentro: “la justicia no se nos puede volver un call center“. Reconoció el valor de las herramientas tecnológicas, pero advirtió sobre la deshumanización que trae el abuso de la virtualidad y rechazó la idea del “juez robot”. Citó la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV para recordar que los dones propios del ser humano no pueden ser sustituidos por una máquina condicionada por poderes políticos y económicos. El proceso creativo de la decisión judicial, sostuvo, no puede cederse a un algoritmo; incluso relató que la Sala de Casación Penal llamó la atención sobre una demanda elaborada con inteligencia artificial, a la que calificó de “estafa al usuario de la administración de justicia”.
Para ilustrarlo, los magistrados recordaron un caso real que conmovió al auditorio: un joven de 18 años, procesado por acceso carnal abusivo por su relación consentida con una novia menor de edad, se defendió diciendo que “no sabía que amar era delito”. La Corte, ponderando el contexto humano, lo absolvió por un error de culpabilidad. “Una máquina no resuelve eso”, concluyó Chaverra.
Solórzano sumó una reflexión sobre la pérdida de la capacidad de pensar: “el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando”. Describió las “lecturas dominicales” de la Sala, las discusiones presenciales entre los nueve magistrados y la humildad de aceptar el error como parte esencial del oficio, antes de dejar una frase para los futuros estudiantes: “no somos productos terminados”. Villalba cerró el bloque advirtiendo sobre la protección de datos personales y la necesidad de defender el decoro profesional frente a la aceleración tecnológica.
Un observatorio jurídico para los territorios
El tercer eje giró en torno a una propuesta concreta: crear un Observatorio Jurídico en UNIMINUTO. La idea recibió un respaldo entusiasta. Chaverra propuso construirlo a partir de problemas reales —violencia intrafamiliar, delitos sexuales y perspectiva de género—; Mojica sugirió enfocarlo en la fase de ejecución de la pena y la resocialización, ante la congestión carcelaria declarada estado de cosas inconstitucional; y Bolaños abogó por la justicia restaurativa y los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Villalba, desde la experiencia argentina, recomendó distinguir el observatorio del laboratorio y madurar el proyecto con paciencia. La universidad confirmó que asume el reto.
