Hace algo más de un año, 25 niños, niñas, jóvenes y adolescente colombianos presentaron una tutela a la Corte Suprema de Justicia en la que pedían salvaguardar sus derechos a un ambiente sano a través de la protección de la Amazonia. El 5 de abril de 2018 el alto tribunal le dio la razón y decretó cinco directrices a 94 entidades encargadas en disminuir la acelerada deforestación e inclusive declaró la Amazonia como sujeto de derechos para velar por su protección y conservación.
Ahora el Tribunal Superior de Colombia que lleva al seguimiento de esta decisión, llamó a juicio a las entidades por no llevar a cabo las metas propuestas. La citación dirigida por el magistrado Jorge Eliécer Montoya requieren a todas estas entidades a rendir cuentas a partir del próximo 14 de octubre.
Serán nueve días en el que un representante por cada entidad tendrá que rendir explicaciones ante el magistrado, declarantes y comunidad en general de las acciones ejecutadas, pero también explicar el por qué no han logrado las directrices de la Corte.
Y aunque el pasado mes, el ministro de medio Ambiente, Ricardo Lozano presentó unos diagramas en los que mostraba la disminución de hectáreas deforestadas en esta zona del País. Sin embargo, es la región más deforestada en Colombia, concentra el 70% de la problemática.
“No se desconoce que hay algunos avances en el propósito de blindar a la Amazonía contra la deforestación”, reflexionó el magistrado en su auto, “no obstante lo cierto en este momento es que ninguna de las convocadas a la presente actuación ha demostrado pleno cumplimiento a lo ordenado y que, por el contrario, lejos están de reducir a cero la deforestación en la Amazonía, en la forma y términos señalados en la sentencia 4360-2018”.
Las cinco directrices
La Corte interpuso unas directrices claras para que las entidades se sometieran a ellas. La primera de ellas iba dirigida al Gobierno Nacional al asignarle la obligación de formular un plan de acción a corto, mediano y largo plazo que contrarrestar la taza de deforestación de la Amazonia.
La segunda le ordenó a todos los entes y personas involucradas, tanto organizaciones científica como grupos de investigación ambiental a construir un ‘pacto intergeneracional por la vida del amazonas colombiano’ en donde se pretende bajar la deforestación a cero y las emisiones de gases de efectos invernadero.
La tercera ordenó a todos los municipios de la Amazonia colombiana actualizar e involucrar en sus Planes de Ordenamiento Territorial un plan de ejecución de reducción a cero la deforestación en su territorio.
La cuarta se centró en las corporaciones autónomas con jurisdicción en la Amazonía y les ordenó la construcción de un plan de acción para contrarrestar mediante medidas policivas, judicial o administrativa, los problemas de deforestación informados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
Por último ordenó a todos los entes a trabajar con carácter urgente e incrementar acciones que mitiguen la deforestación. En especial, a aumentar las denuncias y querellas administrativas y judiciales necesarias.
El jefe de Estado y alcaldes deberán explicar por qué no han logrado sus metas de mitigar la deforestación.
El presidente Iván Duque lanzó la puesta en marcha de la Campaña ‘Artemisa’, la cual buscan parar la hemorragia deforestadora que se ha visto presente en los últimos años en el país. Si bien la deforestación ha disminuido, no hay un avance significativo ante este flagelo que emerge en la Amazonia, en especial en el rescate del Chiribiquete y todos los parques Naturales de Colombia.
Los ojos están puestos están en ‘el pulmón del mundo’ tras la situación de Brasil, nace una apuesta que apunta a trabajar y velar por los derechos de la Amazonia para que se mitigue de raíz la deforestación.