Por: María Fernanda Rodríguez
La tutela fue impuesta por el abogado y exfiscal Elmer Montaña, al manifestar que los
derechos de habeas data, la libertad de expresión y de conciencia, fueron vulnerados por la
Presidencia de la República y la compañía Du Brands, al incluirlo en una lista con más de
466 cuentas de Twitter de periodistas, políticos, medios de comunicación e influenciadores,
en el marco de una estrategia que pretendía “aumentar el porcentaje de personas
favorables al gobierno desde sus redes sociales, que contribuyen a que la mala imagen del
gobierno sea cada día más alta”, como lo evidenció a través de varios documentos una
investigación llevada a cabo por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
El abogado Montaña, que también escribe en los portales de Noticiero 90 minutos y la
Nueva Prensa, pidió que se proteja su derecho a la tranquilidad y a no ser molestado de
ninguna manera por el Gobierno Nacional, por el hecho de opinar en su contra, pues el
hecho de haber sido incluido en este grupo de influenciadores con el calificativo de
“negativo”, ha causado temor en él y en su familia. “Pues todos coinciden que se trata de
una lista elaborada con protervos intereses, máxime si se tiene en cuenta la actual violencia
desatada en contra de líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores del
Gobierno desde la posesión de Iván Duque”, afirma Montaña.
El Tribunal Superior de Cali le ordenó a la Presidencia de la República y a la Compañía Du
Brands, que, en el término de 12 horas a partir de la notificación de sentencia, se proceda a
eliminar su nombre de la lista de influenciadores, “atendiendo que la calificación ‘negativo’
lleva implícita datos sensibles del actor y no se contó con su autorización para el tratamiento
y publicación. De igual forma, con ponencia del magistrado Orlando Echeverry, ordena a la
Presidencia de la República y la Compañía Du Brands, “no incluir a Montaña en ninguna
lista ni realizar perfilamientos respecto de él que contengan datos sensibles, sin contar con
su consentimiento debidamente informado del propósito de los mismos, de conformidad con
el contenido del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012″.
Montaña afirma que “la inclusión de su nombre y la cuenta que maneja en la red social
Twitter se realizó sin su autorización, pues en ningún momento le fue informado que había
sido enlistado, ni la razón por la cual se estaba solicitando su número de cédula, como
tampoco cuál es el propósito con la clasificación “negativo”, pues la publicación de esa
información con su nombre, lo llevó a pensar que era objeto de vigilancia por el Gobierno
Nacional, debido a que los comentarios que publica en su cuenta de Twitter se refieren
mayoritariamente a los abusos del ejecutivo y en general del Uribismo”.
Ante la situación, la abogada María Carolina Rojas Charry, apoderada del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, explicó que “la tutela no procede para
contener o precaver situaciones que aún no han tenido lugar y están basadas en conjeturas
y consideraciones hipotéticas que no cuentan con soporte probatorio. En primer lugar,
señala que existe falta de legitimación en la causa por pasiva del Presidente de la
República, como quiera que las pretensiones del actor involucran es al Departamento
Administrativo de la Presidencia” y afirma que es válido que la Presidencia se interese por el
nivel de comunicabilidad que tiene la red social, la cual es medible a través de las
interacciones digitales que se tienen con las cuentas objeto de estudio.
[Aquí la investigación que revela los perfilamientos por parte del Gobierno Nacional]