“Los secuestrados, un cese de hostilidades, el respeto a la población civil, los acuerdos humanitarios; yo creo que esas son condiciones con las cuales se inicia a ganar confianza en una mesa de negociaciones”, afirmó el representante Alirio Uribe sobre los diálogos de paz con el ELN que reiniciarán después de la primera semana de noviembre en Caracas, Venezuela. El congresista calificó estas condiciones como “exigencias básicas” en la mesa de negociaciones con el ELN. Sin embargo, el representante aclaró que “la política de paz la conduce el presidente de la República a través de su delegado, que es el Alto Comisionado para la Paz” y que “son ellos los que tienen que poner las líneas rojas en el marco de la negociación con el ELN”.
Por otro lado, según explicó, dentro del proyecto de ‘paz total’ aprobado por las Comisiones Primeras Conjuntas no se haría una negociación política con las estructuras criminales, sino que se actuaría bajo uno de los tres modelos aprobados para que el Estado recupere el monopolio de las armas: un “modelo de sometimiento a la justicia” donde “se pacte una forma de desarme y de desmantelamiento del grupo sin hacer acuerdos de paz”, manifestó. Sin embargo, en el caso de organizaciones como el ELN sería diferente porque esta es una con estatus político donde el objetivo es que “se firmen acuerdos de paz para que se desmovilicen, para que entregue las armas y para que se desmonten esas estructuras”, según afirmó.
Por otra parte, el representante por el Pacto Histórico se refirió a los planteamientos dados por el Centro Democrático en cuanto al Acuerdo de Escazú, que fue ratificado por la Cámara, donde han afirmado que el tratado ambiental traería inseguridad jurídica para el país: “Es totalmente descabellado pensar que aprobar un acuerdo internacional sobre temas ambientales, sobre temas de participación ciudadana en asuntos ambientales, pues, pueda tener algún impacto con las empresas o algún desestímulo a la inversión; (…) yo creo que este tratado lo que hace es colocar a Colombia en los estándares internacionales de la OCDE, en los estándares internacionales de derechos humanos”, afirmó.
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