De acuerdo con la comisión para el esclarecimiento de la Verdad, Chiquita Brands efectuó aproximadamente 100 pagos a tres bloques de las AUC: el Norte, el Bananero y el Élmer Cárdenas. La multinacional justificó estas transacciones alegando que eran necesarias para proteger a sus trabajadores de las extorsiones y amenazas de los paramilitares.
Sin embargo, el abogado de las víctimas, Jack Scarola, argumentó que la empresa optó por un “pacto con el diablo”, sabiendo las atrocidades cometidas por estos grupos armados. Los 10 jueces a cargo del caso determinaron que no se puede exonerar a Chiquita de responsabilidad, incluso si existían amenazas contra la empresa.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) detalló que durante el periodo en que Chiquita financió a los paramilitares, en la Región del Urabá se registraron 97 masacres con 607 víctimas. Estos crímenes afectaron a habitantes, líderes sociales, trabajadores y sindicalistas.
La organización no gubernamental EarthRights International, que participó en el proceso judicial, destacó que este veredicto les envía un fuerte mensaje a las corporaciones globales sobre las consecuencias de beneficiarse de abusos contra los derechos humanos.
Aunque el fallo fue proferido por la justicia de Estados Unidos, las indemnizaciones a las víctimas se regirán por lo estipulado en el Código Civil Colombiano. Las familias afectadas por las masacres y la violencia paramilitar tendrán que ser compensadas por los daños sufridos.
Este caso resalta la complicada relación entre grandes corporaciones y conflictos armados en Colombia. Chiquita Brands, cuyos directivos y exconsejeros fueron señalados por su implicación, enfrenta ahora el desafío de responder por su papel en uno de los episodios más oscuros de la violencia paramilitar en el país.
Según Indepaz, las masacres y actos de violencia vinculados al financiamiento de Chiquita ocurrieron entre 1991 y 2011, afectando gravemente a la región del Urabá. Este periodo de conflicto dejó profundas heridas en la sociedad colombiana, exacerbadas por la intervención de actores extranjeros en la dinámica del conflicto armado.
Este fallo judicial marca un precedente en la lucha por la justicia y la reparación de las víctimas de la violencia paramilitar en Colombia, y subraya la importancia de la responsabilidad corporativa en zonas de conflicto.
