Congresistas de la bancada alternativa y de oposición al Gobierno radicaron un proyecto de ley que busca garantizar un programa universal de vacunación, inmunización y tratamiento que reduzca la mortalidad del virus Covid-19. La iniciativa fue radicada por los senadores Antonio Sanguino de la Alianza Verde, Iván Cepeda del Polo Democrático y las Representante a la Cámara María José Pizarro de la bancada Decentes y Ángela María Robledo de la Colombia Humana.
La iniciativa consta de un total de 13 artículos y garantizaría que sea gratuita y de acceso universal al esquema de vacunación y/o tratamiento. También, autorizaría al Gobierno Nacional, para que en cumplimiento de los artículos 341 y 345 de la Constitución Política de 1991, incorpore dentro del Presupuesto General de la Nación las partidas presupuestales necesarias para garantizar la vacunación gratuita y obligatoria a toda la población residente en el país, frente al virus.
Entre los objetivos del proyecto de ley se busca que en el parágrafo 2 que “el Gobierno Nacional en función de la disponibilidad progresiva del programa inmunológico y de la vacuna, priorizará su aplicación a la población más expuesta al contagio como personal de la salud, trabajadoras y trabajadores de servicios de suministro de bienes esenciales; mujeres gestantes, población mayor de 70 años y personas con enfermedades preexistentes o comorbilidades que aumentan el riesgo de letalidad del virus SARS-CoV-2”.
Así mismo, en el artículo 8º dice que “toda persona que ingrese al territorio nacional deberá acreditar y tener vigente la vacuna contra al virus SARS-CoV-2 el cual es responsable de la enfermedad COVID-19. En caso de haberse vacunado en el exterior, la persona deberá concurrir a cualquier centro de salud dispuesto para ello, para la correspondiente acreditación”.
Dentro de las justificaciones de la iniciativa parlamentaria, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, José Ricardo Navarro Vargas, afirma que: “la pertinencia médica de las vacunas y/o tratamientos para eventos como pandemias y epidemias deben hacer parte del esquema obligatorio de vacunación y de manera gratuita”.
Los congresistas afirmaron que el Proyecto de Ley es una necesidad vital para el futuro de la ciudadanía colombiana ante los estragos que producirá la pandemia en materia económica, impidiendo que la mayoría de la población pueda tener acceso a un esquema de vacunación y/o tratamiento contra el COVID-19.
Reacciones
El senador Antonio Sanguino dijo aseguró, “Colombia y Latinoamérica se endeudarán en la compra de vacunas, por ello, se debe garantizar su acceso universal y gratuito para todas las ciudadanas y ciudadanos. La función del Estado es velar por la vida de cada colombiano, lo que implica que se debe garantizar el derecho a la salud y a la vida y, es lo que pretendemos asegurar con esta iniciativa”.
La Representante a la Cámara, Ángela María Robledo mencionó “para nosotros es muy importante y así lo especificamos en el proyecto de ley es que el Gobierno avale en el presupuesto nacional las partidas necesarias para garantizar la vacunación gratuita y obligatoria a toda la población en el país contra el COVID, sin olvidar las personas que están en las regiones más lejanas y olvidadas de nuestra geografía, las comunidades campesinas, indígenas, afro, los habitantes de calle, las trabajadoras domésticas, las personas en situación de prostitución, entre otras”.
El senador Iván Cepeda también habló sobre el tema recalcando que “este proyecto de ley busca que la vacuna que contrarreste el Covid-19 sea un bien público, de acceso universal y gratuito. Para eso este proyecto tiene disposiciones que hacen viable ese fin”.
En los tres meses siguientes de la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional creará la Comisión Nacional de Seguimiento al programa universal de vacunación, inmunización y tratamiento del virus SARS-CoV-2, todas sus mutaciones y otros virus que pueda llevar a un evento epidémico en todo el territorio nacional, como un organismo de carácter permanente de dirección, consulta y asesoría del Gobierno Nacional y de los entes territoriales.
Cabe resaltar que la Comisión Nacional de Seguimiento al programa universal de vacunación, inmunización y tratamiento del virus SARS-CoV-2, estaría compuesta por:
- El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado, quien la presidirá.
- Dos epidemiólogos, uno designado por el Gobierno Nacional y otro designado por los gremios de profesionales de la salud.
- Tres representantes por parte de los gremios de profesionales de la salud.
- Un representante de los fabricantes, y/o distribuidores de la vacuna, esquema de vacunación y/o tratamiento que se desarrolle.
- Dos representantes de la sociedad civil.
- Los presidentes de las Comisiones Séptimas Constitucionales Permanentes del Congreso de la República.
Para finalizar, se debe tener en cuenta que el Gobierno Nacional reglamentará las exigencias en cuanto a la fabricación de vacunas por parte de laboratorios particulares y controlará sus precios, y reglamentará las condiciones necesarias para la importación de productos extranjeros y si ello fuera requerido, para asegurar el abastecimiento suficiente. Puede revisar el documento del proyecto de ley a continuación.
PL-Acceso-Gratutio-Vacuna-COVID-19