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Continúa la censura contra los periodistas

El caso de la periodista Diana Díaz, es uno de los muchos que se vienen presentando desde el siglo pasado, pero el gobierno colombiano todavía no ha legislado la libertad de expresión y los derechos de los periodistas.

La censura a los medios de comunicación y periodistas colombianos es una constante y se viene presentando desde hace muchos años; en la época de la década de los años cuarenta, cuando los presidentes de la época quisieron controlar la circulación de ideologías que iban en contra de sus ideales y para evitar que los actores desarrollen consciencia.

Hasta la fecha, los principios de la censura no cambian, pero si sus modos de ataque, tal como ocurrió con la periodista Diana Díaz, a quien la Fiscalía le imputará el próximo 18 de noviembre, el delito de “utilización de asunto sometido a secreto o reserva” por exponer con audios el intento de censura por parte de Juan Pablo Bieri, gerente de RTVC al programa Los puros criollos.

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“Le recomiendo a director@flip.org.co @FLIP_org que repasen sus propios manuales. Grabar sin permiso es igual de grave a chuzar. Ambas son delito y lejos está de ser una prueba. #cualcensura“, afirmó Bieri mediante un Twitter.

Formas de censura que enfrentan los periodistas

Según el último informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), los periodistas se ven atacados de diversas formas al ejercer su labor periodística, no solo por bandas criminales sino, por miembros de la fuerza pública o funcionarios del gobierno que quieren ocultar información relevante para la comunidad.

En lo corrido del año van 559 periodistas víctimas de violaciones a la libertad de prensa, entre las cuales se consideran: amenazas, obstrucciones para realizar su trabajo periodístico, agresiones físicas, estigmatización, atentados a la infraestructura donde trabajan, tratos inhumanos, secuestros, desplazamientos, detenciones ilegales, exilios, ataques informáticos, despidos injustificados y asesinatos.

Pero las agresiones no solo son físicas, porque en los últimos 10 años se han hecho cada vez más visibles las denuncias por injuria o calumnia por parte de personas con algún poder económico o social hacia los periodistas que investigan casos delicados que pueden perjudicar a personas de la élite.

A pesar de las reformas a la ley sobre la injuria y calumnia, los periodistas siguen perdiendo los casos por no tener el mismo poder económico de sus oponentes, que terminan ganando los casos por las firmas de abogados que contratan, mientras que cada vez más son condenadas las personas que quieren exponer la verdad.

“Nos resulta imposible entender estos actos de una manera distinta a la de intimidar a la fuente que se ha expuesto por denunciar irregularidades y también a nosotros, a la Fundación para la Libertad de Prensa, en su propósito de defenderla”, afirmó Jonathan Bock, presidente de la FLIP mediante una carta que envió al fiscal general Francisco Barbosa por el caso de la periodista Diaz.

¿Hay una protección adecuada para los medios de comunicación y sus trabajadores?

En Colombia, el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales y la Unidad Nacional de Protección, han implementado sistemas para disminuir los riesgos en los periodistas desde hace más de 15 años, pero todavía hay ineficacia en temas de atención, valoración y atención del riesgo.

Según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la situación es similar en los demás países latinoamericanos, por ejemplo en Brasil el Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientales “carece de metodología y protocolos para cumplir con particularidades de los comunicadores”.

Otros países como México, Paraguay y Honduras, tienen problemas relacionados con la falta de recursos económicos, humanos y técnicos, por lo que sus sistemas de protección no pueden acoger a todas las víctimas o brindar un servicio de cobertura mayor que garantice la protección de los periodistas.

La impunidad en países como Guatemala y Colombia, crece con el tiempo y los casos que prescriben van en aumento. Esto cuestiona la labor de la justicia, porque en vez de avanzar en las investigaciones, los casos son archivados y por lo tanto los responsables siguen libres y cometiendo más crímenes.

“La campaña de educación pública “Lápices Inmortales” es un renovado esfuerzo de la SIP para seguir combatiendo la impunidad que rodea a los crímenes contra periodistas”, afirmo la SIP en su más reciente comunicado sobre iniciativas para la libertad de expresión.

¿Qué le espera a los periodistas colombianos?

A pesar de las constantes agresiones, los periodistas y comunicadores sociales continúan con su labor investigativa, tal como lo hacen los medios alternativos y comunitarios, que aunque cuentan con un presupuesto económico bajo, han logrado informar a sus comunidades en temas de interés.

Por su parte, la FLIP ha venido mejorando sus programas de capacitación para periodistas rurales e independientes que quieran hacer periodismo, pero atendiendo las medidas de seguridad y respetando las normas y límites que tiene la profesión.

Adicionalmente, la UNESCO y la Red Global de Periodismo de Investigación, han compartido información sobre herramientas, recursos físicos, digitales y psicológicos para la protección de los periodistas, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos insiste en la importancia de reglamentar la publicidad oficial, para que se garantice la transparencia y se respete la libertad de expresión.

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