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De la guerra a la paz, balances para salvar el Acuerdo

Se acerca el final del mandato de Iván Duque. Tras él queda una lista de tareas pendientes, retos y compromisos por cumplir, en relación al Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y la desmovilizada guerrilla de las FARC.

Por Gustavo Montes Arias. 5to. semestre

—Soy Marina Salazar, una persona igualita a cualquier otra. Pero lo que quiero es que al colombiano se respete, se mantengan los valores y la tolerancia, para que en el país no haya discordia.

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De esa forma se presenta la líder del Costurero de la Memoria de Suba, en Bogotá. Saluda con una sonrisa generosa a las mujeres que cada semana la acompañan a tejer la memoria, en su trabajo de hacedora de paz. Desde hace diez años hace parte de los costureros de la memoria. El de Suba, del que es fundadora, cumplirá cinco de existencia.

 Quien no conoce a Marina puede decir, a simple vista, que su sonrisa refleja una vida tranquila. Pero no es así: “Yo nací en la guerra y voy a morir en la guerra”, dice. Pasa fugaz sobre su memoria para no detenerse en las arremetidas dolorosas del conflicto armado: “De mi familia a muchas personas las mataron. Unas porque pasaron por donde no debían pasar, otras desaparecidas y una cantidad de situaciones complicadas”. Sin embargo, su capacidad para juntar a la gente la hace mantenerse firme en la organización que lidera: “La vida sigue con el dolor y la tristeza”, agrega y suspira.

Marina Salazar nació en Tumaco, en el Pacífico colombiano. A los 18 años salió con su familia y se radicó en la ciudad de Cali. El motivo: la guerra se acercaba a pasos grandes y acelerados. Asegura que ningún grupo armado alcanzó a obligarlos a salir de su finca de forma inmediata. Su madre escuchó que los desplazarían, por eso tomó la prevención de salir, antes de que fueran obligados.

Luego se trasladó a Bogotá. Ingresó a otro costurero, aun sabiendo que no le gustaba coser ni bordar. Las acciones colectivas y las dinámicas que, veía Marina, permitían una evidente mejoría de las mujeres que llegaban allí, movidas por el dolor o víctimas de distintos tipos de violencia, cambió su perspectiva acerca de un trabajo que hoy dirige desde donde quiera que esté: “Yo puedo estar en Cali, por ejemplo, pero sé que en Bogotá las mujeres están reunidas, trabajando en el costurero”.

El Costurero de la Memoria de Suba es un lugar para la paz y la dignidad de las víctimas del conflicto. Pero también es un espacio de resistencia y denuncia social de todas las mujeres. Allí se han bordado y cosido innumerables telas que viajan por el mundo narrando la guerra, y abrazan a instituciones como la Comisión de la Verdad. La razón para hacerlo: “Queremos que se cumpla la implementación del Acuerdo de Paz.”

Lo que Marina concibe desde su costurero, lo hace también, a su manera, Angélica Nieto, politóloga y docente universitaria. Ella reconoce la importancia del Acuerdo de Paz y analiza los avances de su implementación desde distintos lugares: “Desde que yo era pequeña, para mí el tema de la paz ha sido muy importante. El Acuerdo de Paz de La Habana es una ilusión muy grande”.

El compromiso, firmado en 2016, cerró las conversaciones iniciadas en agosto de 2012, entre el Gobierno de Colombia y la desmovilizada guerrilla de las FARC. Su intención: terminar con el conflicto armado que, de 1958 a 2012, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, acabó con la vida de 218.044 personas. Sumados los desplazamientos, masacres, desapariciones forzadas y un largo etcétera de manifestaciones violentas.

El acuerdo, en palabras de Angélica, no es solo un pacto para el final de la violencia: “En sus seis puntos hay una lectura de cuáles son los orígenes y los aspectos que mantienen la guerra en el país”. Y agrega: “No es solo la desmovilización de la guerrilla; tiene una visión completa de los problemas de la sociedad colombiana. Da ilusión que los problemas empiecen a solucionarse.” Pero la aplicación del acuerdo, a casi seis años de su firma, no tuvo los avances esperados durante el Gobierno saliente.

La carta de navegación

Para analizar los avances, retrasos y retos en la implementación del acuerdo, Angélica Nieto parte de una idea fundamental: “La carta de La Habana es una carta de principios, para pensarse un futuro distinto.” Futuro que se configura, en primer lugar, desde las dinámicas relacionadas con la tierra, el origen del conflicto extendido durante más de cinco décadas. Por eso el acuerdo pone en primer lugar los compromisos relacionados con el campo.

Respecto al punto número uno de la carta, referente a la Reforma Rural Integral (RRI), la politóloga apunta que es necesario analizar el panorama actual de la tenencia de tierras en el país: “Uno tendría que mirar en qué manos está concentrada la tierra, ver el conflicto y la cantidad de gente despojada. Así se sabe quiénes son los despojadores”.

El despojo de tierras está relacionado de forma directa con el desplazamiento forzado, algo en lo que no ha dado los mejores resultados la aplicación del acuerdo en los últimos años. Según cifras de Indepaz y su Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades, entre noviembre de 2016 y noviembre de 2021 más de 2.500 personas fueron desplazadas. En 2020 se presentó el pico más alto de asesinatos, masacres y desplazamientos.  

Nieto apunta: “En términos de restitución de tierras, la idea era que más o menos tres millones de hectáreas fueran devueltas a las personas a las que les fueron arrebatadas.” Y agrega, respecto a los alcances del último período presidencial: “Según las cifras del Gobierno de Iván Duque, solo se han devuelto más o menos 300.000 hectáreas”. Pero el problema no es solo devolver las tierras, sino que estos procesos se formalicen, para que los campesinos puedan regresar a ellas con plenas garantías.

Desde su mirada, el próximo gobernante tendrá tres retos principales: seguridad en los territorios, infraestructura para la producción agrícola —teniendo en cuenta la realidad mundial de caída en la producción de alimentos— y una política agraria distinta al extractivismo.

El segundo numeral del acuerdo, dedicado a la participación política en el marco del posconflicto, según Nieto, implica una de las mayores inversiones de esfuerzos: “Hay que hacer una reforma política y estructural. Nuestra estructura institucional está mal, hay que cambiarla.”

En las elecciones legislativas de marzo de 2022, el Partido Comunes, organización política de las antiguas FARC, solo alcanzó 50.000 votos. Una cifra mínima, comparada con los alcances de los partidos del bloque tradicional. Sin embargo, la colectividad mantendrá cinco escaños en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. Las 16 curules de paz, que hacen parte de la apuesta por la participación política de todos los actores sociales, también fueron cuestionadas: Jorge Tovar, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, se quedó con uno de estos escaños en el Congreso.

Además de esto, Nieto acota: “El Consejo Nacional Electoral está manejado por los grandes partidos políticos. Es decir, son juez y parte”. El juzgamiento de las situaciones electorales por parte de esta institución, como lo sugiere la politóloga, no brinda garantías para el ejercicio democrático y la posibilidad transparente de participación. La solución a esta situación es el desarrollo de la reforma política: “Debe proponerla el Gobierno y tramitarla el Legislativo”, comenta.

El punto número tres se refiere al fin del conflicto. Fue diseñado para hacer un alto en las acciones ofensivas por parte de las fuerzas militares y la guerrilla. Sin embargo, Nieto hace énfasis en la continuidad de las incursiones militares a los territorios. Como consecuencia, se evidencia un recrudecimiento de la guerra en zonas como el Sur de Bolívar, el Cauca, Antioquia y Nariño.

La visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021, en el contexto del Paro Nacional, condenó el número de violaciones de derechos humanos con participación de la fuerza pública en las protestas. Situación que se hace extensiva a la presencia activa y violenta de las fuerzas militares en la ruralidad el país, sin aportar a la solución del conflicto. Por el contrario, las cifras de violencia crecen de forma exponencial.

El citado observatorio de refiere que, de 2016 a 2021, asesinaron a 1.270 líderes y lideresas. De estos, 872 durante el Gobierno de Iván Duque. Además, en 155 municipios se dieron acciones violentas y agresiones sistemáticas. También la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) instó en los últimos días a la Fiscalía para que entregue cuanto antes información completa acerca de los 309 asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz. Las cifras justifican lo que propone Nieto: “Cambiar la cúpula militar para recuperar la confianza y tener una mirada distinta sobre el conflicto. Dejar de pensar en el enemigo interno”.

Fotografía: Eliana Echeverri

Muchas personas aún no están reconocidas como víctimas. El proceso de reconocimiento, reparación económica y simbólica, es lento por parte del Estado.

Un punto relacionado de forma directa con la RRI, es el de la solución al problema de las drogas ilícitas —el número cuatro del acuerdo—. Nieto señala cuál es la consecuencia de no lograr la aplicación de lo acordado en este punto: “Hay una reactivación de la guerra”. El narcotráfico sigue activo y en los territorios hay una convergencia de actores implicados: guerrillas, grupos paramilitares y el Estado.

Destaca que las antiguas FARC han cumplido con su parte en aspectos como la entrega de rutas del narcotráfico. Pero hace énfasis en un retroceso del Gobierno de Iván Duque: la aspersión aérea de cultivos ilícitos. La discusión, que se mantiene de forma constante en la agenda política del país, genera retrasos en la erradicación. La politóloga profundiza en las razones para negar el uso del glifosato: contamina las fuentes hídricas, afecta plantaciones agrícolas y la salud de las personas.

Marina Salazar está del mismo lado de Angélica Nieto, respecto al problema de las drogas ilícitas: “Ese es el detonante. Si a eso le pusieran remedio, todo sería distinto”.  Y agrega: “Necesitamos erradicar y reemplazar por cultivos productivos, como el café y el chocolate. Que la gente pueda trabajar y sostener a las familias”. La inversión en el campo remite a la importancia del cumplimiento pleno de la RRI, como puntos que se complementan.

Nieto centra el reto frente a este punto: “El nuevo presidente tiene el desafío de pensar una política antidrogas que tenga que ver con la recuperación de los territorios, tratar de salvaguardar a la gente.” Marina, por su parte, tiene claro lo que se necesita en este punto y en los otros cinco del acuerdo: “Falta mucho, porque el Gobierno no ha tenido voluntad de ajustar y cumplir. Si se hace la implementación, si se invierte, sería mucho mejor que estar echando bala”.  

El numeral cinco, referente a las víctimas, es para la politóloga, uno punto en el que sobran las palabras y faltan las acciones. De entrada, destaca el papel que juegan las instituciones creadas con el acuerdo, y el valor que tienen para consolidar el ecosistema de aplicación de lo pactado: “El próximo gobierno debe reconocer la importancia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” —conformado por la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas—.

Expone también lo que sucedió con estas instituciones durante el mandato saliente: “Lo que hizo el Gobierno fue deslegitimar a la Comisión de la Verdad, quitarle recursos que necesitaba para su trabajo; la JEP ha sufrido todos los ataques de parte del Gobierno”.

Propone tomar el informe de la Comisión de la Verdad, cuyo mandato termina el 27 de junio de 2022, y convertirlo en un programa de Gobierno. La intención: “Que la ciudadanía entienda el contexto en el que vive y empiece a cambiar”. Se requiere de una pedagogía de país, para explicar y difundir lo que pasó, proteger el Acuerdo de Paz y evitar la repetición de los hechos.

Otras acciones que destaca para el cumplimiento de este punto son brindar garantías de seguridad a líderes y lideresas, cumplir con la reparación económica y simbólica de las víctimas. También tomar en serio el enfoque étnico y de género en el Acuerdo, no solo como un eje transversal; la implementación correcta de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y garantizar el buen desarrollo del trabajo en las curules de paz: “Es importante dar cabida a esas 16 personas que llegan al congreso. Ese diálogo es fundamental y va a ser una carta de exigencia al Gobierno”.

Las mujeres del Costurero de la Memoria de Suba, como Miriam —foto— y los ciudadanos de otros espacios comunitarios, aportan a la aplicación y la protección del Acuerdo de Paz en los territorios.
(Foto: Gustavo Montes Arias)

Cuestión de cifras y esperanzas

El punto final del documento, que hace referencia a la implementación, verificación y refrendación del Acuerdo de Paz, reúne elementos relacionados con los otros cinco numerales. Su cumplimiento depende del desarrollo positivo de todo lo pactado en los cuatro años de negociaciones de La Habana.

Durante el último cuatrienio, el acuerdo no se sostuvo a cabalidad como una Política de Estado, sino como una política del Gobierno anterior. Razón por la que se dieron fallas y retrasos en el cumplimiento de lo pactado. Nieto lo reconoce con severidad: “El Centro Democrático —partido de Gobierno— le dijo «No» al Acuerdo de Paz”.

Insiste en la seriedad con la que el nuevo Gobierno debe asumir su implementación: “No solo porque es una obligación, que es algo que se le olvidó al Gobierno de Iván Duque, sino que es una apuesta muy importante para la sociedad colombiana”. El Acuerdo de Paz se diseñó para ser implementado durante veinte años, cinco períodos presidenciales. Por eso la politóloga mantiene la fe: “Aún hay esperanza”.

Los resultados contextuales de la implementación parecen lejanos a lo que revelan algunas de las cifras. Datos de la Fundación Kroc documentan así los avances del acuerdo hasta 2021: Reforma Rural Integral, 4%; participación política, 14%; fin del conflicto, 49%; solución al problema de las drogas ilícitas, 20%; acuerdo sobre las víctimas del conflicto, 27%; y mecanismos de implementación, verificación y refrendación, 58%. El recrudecimiento de la violencia, la continuidad del narcotráfico y la escasa acción del Gobierno saliente, hacen dudar del grado de realidad de las cifras.

A las cinco de la tarde, las mujeres del Costurero de la Memoria de Suba, empiezan a guardar sus hilos. El sol cae en Bogotá, y ellas organizan agujas y tijeras en una cajita de plástico. Guardan retazos en bolsas. Doblan con amor y cuidado las telas bordadas en la jornada, para que salgan a otros lugares y cuenten sus historias y las de la violencia. Marina Salazar mira a las mujeres que tejen y bordan a su alrededor, a esas que, con su esfuerzo e inversión, ha mantenido juntas durante casi cinco años. Concluye: “Ojalá haya un cambio de verdad, ojalá llegue a la Presidencia alguien que se amarre los pantalones. Ustedes —los jóvenes—, tienen que empezar a chuzar para que el acuerdo se cumpla”. Angélica, a través de la pantalla, piensa un momento y plantea una tarea a la sociedad, en su anhelo frente al acuerdo: “Mi gran esperanza es que haya un cambio en la mirada de la gente”. Si cambia la mirada, seguro la paz descansará de la guerra.

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