En el programa del pasado 16 de noviembre nos acompañaron en las Voces en Movimiento, representantes de distintas comunidades indígenas y campesinas de la Orinoquia colombiana que de manera decidida han asumido la resistencia a los múltiples proyectos económicos que van en contravía de sus prácticas cotidianas en el territorio.
Ellos son Omar Elkin Salgado, presidente comunal de la vereda Matarratón en Puerto Gaitan, Meta; Álvaro Yobo del resguardo Caño Mochuelo, pueblo Maiben Masiware en Paz de Ariporo, Casanare; Francisco Rincón y Libardo Chipiaje de la Oficina de asuntos indígenas en el municipio La Primavera, departamento del Vichada, comunidad Trompilo Sikuani; Maria Idaliz Rincón de Puerto Gaitán Asentamiento Aseinpome, de las comunidades Sikuani y Kubeo; Luz Day García de la Vereda el Porvenir, también en Puerto Gaitán y Abelardo Salgado de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.
Estos territorios históricamente han estado golpeados por los distintos actores armados que los han puesto en disputa permanente entre las comunidades campesinas, indígenas, el despojo sistemático por parte del paramilitarismo y los proyectos extractivos que desde principios de siglo están en desarrollo.
En el caso del Porvenir, en Puerto Gaitán, se reconoce como un caso emblemático de acumulación de tierras y fue propuesto como primer proyecto ZIDRES, que claramente vulnera los derechos de las comunidades campesinas e indígenas a las que en el 2016 se les concedió por parte de la Corte Constitucional, una tutela que garantizaba los derechos a la tierra y el territorio con respecto a las zonas denominadas baldías y que al día de hoy no se ha cumplido.
Las tierras siguen ocupadas por familiares de los ex trabajadores de Víctor Carranza, el zar de las esmeraldas, que en el año 87 llegó con sus prácticas de despojo a colonizar de manera violenta en una incursión paramilitar sin precedentes en la zona.
Desde la propuesta ZIDRES se pretendía entregar un número de hectáreas insuficiente a estas comunidades, mientras que la mayor parte de la tierra sería entregada a empresarios y proyectos minero energéticos desarrollados en la región. A pesar de que el proyecto fue frenado por el fallo de la corte constitucional, las comunidades siguen denunciando el incumplimiento y la amenaza permanente por actores armados.
Para el asentamiento Aseinpome, es mucho más compleja la situación, teniendo en cuenta que no tienen un reconocimiento por parte del Estado y sus instituciones, para hacer uso de la tierra desde sus prácticas cotidianas, en tanto que todavía no están amparados ni por el marco legal, desde la autonomía indígena, ni por el municipio de Puerto Gaitán.
En el caso del Vichada, este departamento se ha denominado como la despensa agrícola de Colombia para el mundo, sin embargo, el Instituto Colombiano de Desarrollo rural, (INCODER) ha determinado gran parte de este territorio como tierras baldías de la nación, desconociendo a la población indígena y campesina que ha trabajado por décadas allí, pese a las condiciones que ha determinado el conflicto armado para estas comunidades.
Finalmente se expresan los conflictos y resistencias territoriales del Resguardo Caño Mochuelo, en el Municipio de Paz de Ariporo en el Casanare. Este es uno de los resguardos más grandes de la Orinoquía, allí hay diez etnias y catorce comunidades, en su mayoría amenazadas de exterminio físico, político y cultural. Desde allí siguen demandando reivindicaciones básicas como salud, educación, vías de acceso, pero sobre todo la autonomía para la supervivencia de los pueblos.
Otro de los conflictos territoriales que se expresan en esta región, tiene que ver con el cumplimiento del acuerdo final con las FARC y que hoy hace necesario que se dispongan las medidas para la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos y la reforma rural Integral. En ese sentido sigue siendo un imperativo el cumplimiento de los acuerdos para que cese la violencia en estas olvidadas regiones del país.
Finalmente, estas comunidades, acompañadas por la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, hacen durante estas dos semanas un ejercicio de cabildeo, con instituciones, universidades y organizaciones sociales donde pretenden poner en evidencia la problemática y discutir todos estos elementos del despojo sistemático en estas regiones del país.