Por: Norma Elizabeth Pinzón Ávila
El invitado Edwin de los Ríos, de la organización ILSA (Instituto Latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativos), compartió con Voces en Movimiento que la discusión con los cultivos ilícitos empieza con el antecedente de las políticas de lucha contra las drogas que estaban vinculadas a la erradicación forzada de las tierras en contra del campesinado.
Esto se denominó la guerra contra las drogas, puesto que se criminalizaba al campesino, quien era el menos beneficiado en la cadena de producción, comercialización, distribución y consumo de drogas, ya que ellos solo recibían el 1% del beneficio de los cultivos ilícitos.
Por ende, el marco de los diálogos entre las Farc y el gobierno de Santos cambia el enfoque hacia los campesinos, y los ven como actores que, por duras circunstancias económicas y sociales, se vieron en la necesidad de trabajar la tierra con cultivos ilícitos.
Todo esto se enmarcó en el punto cuatro del acuerdo de paz denominado “Solución al problema de las drogas ilícitas”, que, además considera el tema de las drogas como un asunto de salud pública. Así pues, se crea el programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, que busca trabajar con las comunidades con el fin de ayudarlos a pasar a la legalidad de sus cultivos.
Dicho programa fue aceptado por más de 100 familias que cumplieron con el acuerdo pero que no vieron el respaldo ni vigilancia del Estado colombiano, pues no garantizaron el sustento ni la seguridad alimentaria de las familias.
Además, dicho punto del programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos está vinculado con el punto uno del acuerdo, que está dedicado al desarrollo rural con enfoque territorial, donde se crearon doce programas en doce regiones distintas del país, cuyas zonas tenían presencia de cultivos ilícitos y presencia de actores armados.
A pesar del acuerdo de paz, algunos territorios cuentan con la presencia de otros actores armados que se han venido tomando las tierras y se han aprovechado del negocio del narcotráfico, donde su mayor concentración está en los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Nariño y que cuentan con la presencia del ELN, Los Pelusos, Clan del Golfo, Los Puntilleros, entre otros.
En consecuencia de todo lo anterior, el acuerdo de paz se está quebrantando y dicha sustitución no se ve en la realidad, sino que cada año va en aumento la cantidad de hectáreas usadas para el cultivo ilegal.
Ante el cambio de gobierno de Santos a Duque, el problema va de mal en peor, pues el actual gobierno considera que el fin de los cultivos ilícitos se daría a partir del uso de herbicidas como el glifosato para fumigar los cultivos. A pesar de que este es un químico que está prohibido en 74 países del mundo por sus efectos cancerígenos, y porque su uso afectaría en el cultivo de las tierras.
De manera que, hoy en día el tema de la sustitución de los cultivos ilícitos tiene grandes fallos en la implementación que le ha dado el actual gobierno ya que no entiende las realidades rurales ni las causas por las que las comunidades campesinas tienen cultivos ilícitos, sino que se les ignora ni se les cumple con lo pactado en los acuerdos de paz.