Foto: César Flórez/VANGUARDIA LIBERAL

Por Juan David Bernal y Norma Pinzón

El páramo de Santurbán es la fuente hídrica más importante de Colombia. Está ubicado en la Cordillera Oriental de los Andes y tiene una extensión aproximada de 142.000 hectáreas, con una altura entre los 2.800 y 4290 m.s.n.m. Es una de los nacederos de agua más importantes del mundo y se conecta con el complejo ecológico de los páramos de Almorzadero, Cocuy, Pisba y Tota al nororiente colombiano. De allí se benefician gran parte de los municipios de norte de Santander y Santander incluyendo el área metropolitana de Bucaramanga.

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Sin embargo, el agua como recurso humano fundamental, se ha visto en riesgo por los intereses económicos de multinacionales, que durante más de veinte años han buscado licencias para la explotación de minerales como el oro.

La delimitación del páramo ha sido objeto de disputas, donde se contraponen los intereses del modelo económico trasnacional obsesionado con la explotación de estas zonas protegidas y la importancia de los ecosistemas y bienes comunes.

Actualmente la compañía MINESA (Sociedad Minera de Santander), busca adquirir licencias mineras mediante el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Proceso que no han tenido nada fácil, pues La Corte Constitucional ha señalado que no se realizó un proceso de interlocución adecuado con las comunidades afectadas por dicho proyecto, por lo cual negó de manera temporal la oportunidad de dicho licenciamiento.

Ante este panorama y como una “jugadita maestra”, ahora el gobierno central ha delegado a   Alberto Carrasquilla como Ministro ad hoc, para que intervenga en el proceso, en favor, por supuesto de MINESA y de los intereses transnacionales.

Voces en Movimiento estuvo conversando con Mayerly López, integrante del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, quien habló de las estrategias de lucha, la movilización y los recursos jurídicos, que las organizaciones sociales del territorio, defensores y defensoras de derechos humanos y ciudadanos del común, han desarrollado como acciones en defensa del páramo y el derecho al agua.     

Adicionalmente, comentó la discusión suscitada con la Resolución 20-90 de 2014 que hace referencia a la obligación del Estado en la protección de la riquezas culturales y naturales de la Nación. Según las organizaciones, en esta, no se tuvo en cuenta la participación ciudadana y por tanto ya está en curso una demanda al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por no defender dicho derecho, ni cumplir con el debido proceso con las intervenciones del Páramo.

Ante este nuevo panorama, en el que a Carrasquilla se le otorga la facultad de contribuir de manera directa en la aprobación de la licencia ambiental emitida por la ANLA, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán expresó su enorme preocupación, pues entiende que dicho nombramiento representa casi que una intervención directa del gobierno central, para hacer posible el licenciamiento y la materialización del proyecto de explotación minera.

Desde Voces en Movimiento subrayamos el derecho de las comunidades, sobre el uso del suelo en sus territorios; pero sobre todo a salvaguardar nuestros recursos naturales, anteponiéndolos a los intereses económicos de las empresas mineras que se encuentran actualmente en el país.