Con el anuncio realizado por el presidente electo, Abelardo De la Espriella, sobre la destinación de un dinero no reembolsable de parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el proceso de empalme con el Gobierno saliente; las dudas sobre la gestión del dinero y las posibles repercusiones que puedan existir han puesto a tambalear la tranquilidad de la opinión pública. La pregunta que todos se hacen en la calle y en los pasillos políticos es sencilla: ¿realmente se necesita gastar una millonada en recibir un gobierno?
Aunque De la Espriella calmó los ánimos fiscales al aclarar que el dinero es una “donación” técnica y que el país no quedará endeudado con el BID, el verdadero avispero se encendió por el uso que se le va a dar a esos 60 millones de dólares. El mandatario entrante justificó este despliegue asegurando que recibe un “desgobierno histórico” y que necesita armar un “Empalme Anticorrupción” con auditorías internacionales y giras por todo el país. Sin embargo, para la oposición, gastar cerca de 240.000 millones de pesos en un trámite que normalmente dura un mes parece un exceso. Al final, el debate ya no es si el dinero se debe o no, sino quién va a vigilar con lupa que esta destinación de se utilice de manera adecuada.
Esta falta de control antes del 7 de agosto es, precisamente, lo que más preocupa. Como el nuevo equipo de gobierno aún no está posesionado oficialmente, estos contratos con firmas de auditoría y viáticos de viaje se manejarán de forma privada a través de fondos de cooperación, quedando por fuera del radar inmediato de la Contraloría o el Congreso. Mientras los simpatizantes de De la Espriella ven esto como el inicio de una batalla frontal contra la corrupción del gobierno saliente, otros insisten en que abrir un “cheque en blanco” de este tamaño, sin una entidad pública que lo vigile en tiempo real, es un precedente peligroso para la transparencia institucional del país. Al respecto, el senador electo, Ariel Ávila, cuestionó a través de su cuenta X el elevado costo de este proceso y dijo, “yo sí quiero pedir explicaciones en qué se van a gastar 200.000 millones de pesos en un empalme en tres semanas, explíquemelo porque no lo entiendo”.
El debate técnico va más allá del papeleo y toca el bolsillo de los ciudadanos. Aunque el BID catalogue estos recursos como una “donación”, en la práctica pública nada es gratis, pues estas cooperaciones suelen amarrarse a reformas que el país deberá implementar más adelante. Además, contratar firmas privadas para hacer el trabajo de la Contraloría abre un fuerte dilema ético sobre la verdadera neutralidad de ese diagnóstico.
Históricamente se ha demostrado que estas “donaciones” de la banca multilateral suelen cobrar factura mediante exigencias indirectas. Casos como la estructuración del Metro de Bogotá o la modernización de la DIAN evidencian cómo estos fondos obligan a contratar consultores extranjeros a dedo o imponen reformas que abren la puerta a privatizaciones. Al final, el riesgo real es que los expertos financiados por el BID terminen diseñando las leyes y el futuro del Estado colombiano a la medida de los mercados internacionales.
Al final, este revolcón financiero deja claro que la transición de mando en Colombia ya no es un simple protocolo. El éxito de este millonario despliegue dependerá de la capacidad del nuevo equipo para demostrar, con total transparencia, que cada dólar valió la pena. Con el reloj corriendo hacia el 7 de agosto, el país espera ver si el “Libro Blanco” destapará corrupción real o será su primer dolor de cabeza.
