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El caso Alberto Rodríguez hace chocar de nuevo a los poderes del Estado en España

Los choques entre los distintos poderes del Estado ya son recurrentes en España. En los últimos meses esto se evidenció con el reproche del Tribunal Supremo a los indultos otorgados por el Gobierno a los políticos catalanes del ‘procés’ o en la sentencia donde Tribunal Constitucional declaró que el Congreso vulneró los derechos de los diputados al cerrar su actividad al inicio de la pandemia.

En las últimas horas fueron el Tribunal Supremo y el Congreso los transitaron un rumbo de colisión. Lo hicieron a cuenta del caso de Alberto Rodríguez, diputado de Unidas Podemos recientemente condenado por agredir a un policía en 2014, un proceso que desde la formación izquierdista –una de las dos patas del Gobierno– es denunciado como un montaje y que finalmente se saldó con la pérdida de su acta como parlamentario.

CONDENA POLÉMICA

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Ya sólo la decisión del Supremo de condenar a Rodríguez fue objeto de polémica. El único elemento de prueba en la sentencia es la declaración del policía, quien afirma que el diputado le propinó una patada durante una manifestación por la educación pública.

El fallo afirma que la credibilidad del afectado es suficiente para condenar al diputado, pero dos de los siete magistrados firmantes emitieron un voto particular afirmando que la carga probatoria está “muy lejos” de enervar el derecho a la presunción de inocencia.

Rodríguez recurrirá la condena ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero, mientras tanto, el Supremo ordenó su ejecución: un mes y medio de cárcel –pena sustituida por una multa económica ya satisfecha– y su inhabilitación al derecho de sufragio pasivo por 43 días.

Es ahí donde llegó el choque entre el Supremo y el Congreso, que no lograron ponerse de acuerdo sobre si esa inhabilitación implica la suspensión de sus derechos como diputado por inelegibilidad sobrevenida. El alto tribunal cree que sí, pero su sentencia no hizo ninguna mención específica al respecto.

TIRA Y AFLOJA

Este martes la Mesa del Congreso –el órgano rector de la cámara– decidió que Rodríguez conservara su escaño basándose en un informe del cuerpo de letrados de la Cámara. Entre otros motivos, los letrados concluyeron que la inhabilitación al sufragio pasivo solo impide ejercer como diputado cuando se impone por determinados delitos, como terrorismo o rebelión, pero no por atentado a la autoridad.

Tras esta decisión, el Supremo acusó al Congreso de reinterpretar su sentencia y se dirigió a su presidenta, Meritxell Batet, solicitando su ejecución. La respuesta de la Mesa fue enviar un requerimiento al Supremo pidiendo aclarar por qué pide que el diputado sea inhabilitado. Este viernes, el alto tribunal respondió que la suspensión es “obligada” y, además, afeó la actitud del Congreso, recordando que entre sus funciones no está asesorar a otros órganos.

Tras este tira y afloja, Meritxell Batet puso punto y final al culebrón este viernes optando por comunicar al diputado la pérdida de su acta como diputado.

OPOSICIÓN JUDICIAL

Esta polémica avivó las denuncias de Unidas Podemos acerca de la existencia de un ‘lawfare’ en su contra. “Quien niegue la importancia de los símbolos, miente. En tiempos como estos, cuando el voto democrático de decenas de miles de canarios y canarias [Alberto Rodríguez es diputado por Canarias] está siendo atacado sin base jurídica alguna, cobran más valor si cabe”, dijo el propio Rodríguez en un tuit publicado este viernes antes de conocer su cese.

Por su parte, el fundador de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, aprovechó la libertad que le otorga no ostentar cargos institucionales para denunciar lo que considera un uso político de la Justicia. “Lo que está ocurriendo es que la oposición al Gobierno de este país no es solamente una oposición parlamentaria, que es lo que debería ocurrir en una democracia ideal. El problema es que al Gobierno actual le hacen oposición algunos jueces”, dijo el lunes en una tertulia en la Cadena SER.

Además, desde Unidas Podemos denuncian que Manuel Marchena –presidente de la Sala de lo Penal del Supremo– presionó a la presidenta del Congreso para empujarla a una decisión que él no puede tomar. “Marchena deja claro en su escrito que Alberto Rodríguez no debe perder el escaño. Dos veces habla de inhabilitación para sufragio pasivo (no poder presentarse a las elecciones) y ninguna de la pérdida del acta. No puede escribir lo segundo porque eso sería prevaricar y lo sabe”, dijo Pablo Echenique, portavoz parlamentario de la formación.

El propio Iglesias se adhirió a esta teoría: “¿Saben por qué el Supremo en ninguno de los cinco escritos que ha hecho dice ‘quítenle el escaño’? Porque Marchena teme que Europa diga que están prevaricando. Prefiere que el marrón se lo coma Batet”, señaló.

Horas más tarde, tras confirmarse la pérdida del acta de Rodríguez, Iglesias aumentó el tono de sus críticas, llegando incluso relacionar el caso con el avance de la ultraderecha. “Como en la República de Weimar, el monstruo avanza con aliados”, dijo, afeando la decisión de Batet.

Mientras tanto, la mitad socialista del Ejecutivo prefirió mantenerse de perfil. Tras ser preguntado por el caso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió marcar distancia limitándose a señalar que el Ejecutivo respetará cualquier decisión que se adopte desde los otros dos poderes del Estado. 

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