No obstante, su abundante riqueza parece condenarla a la miseria, la pobreza el y olvido. En los últimos días, se ha evidenciado el rechazo de sus habitantes hacia las Fuerzas Armadas, en especial hacia el Ejército Nacional, quien en ocasiones anteriores ha sido señalado de hostigamientos en contra de la población civil.
Los nativos denuncian las reiteradas invasiones hacia sus territorios, así como también la destrucción de su cultivos por parte del Ejército. Sumado a ello, la llegada de los uniformados a sus parcelas los convierten en el blanco de los ataques por parte de grupos armados al margen de la ley.
Desde tiempos históricos, el Catatumbo, ha sido golpeado por las distintas olas de violencia que se han presentado en el país y sus víctimas han obedecido, tanto a grupos insurgentes, como a agentes del mismo Estado, como fue el asesinato del excombatiente guerrillero Dimar Torres, por un cabo del Ejército.
Se estima que en la zona, operan alrededor de mil nuevos insurgentes, repartidos entre las disidencias de las FARC, ELN, EPL, así como también el Clan del Golfo, los Rastrojos y Puntilleros de extrema derecha, según informe que recoge la revista Pacifista.
El incremento del pie de fuerza en estos grupos, obedece a las pocas políticas que ha adelantado el Gobierno Nacional para recuperar los territorios dejados por las FARC, a lo que se suman las ventajas del corredor vial para la exportación de cocaína, principal fuente económica para los grupos insurgentes.
El pasado 28 de octubre, el entonces Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Alberto José Mejía, anunció el incremento del pie de fuerza para la región, con más de mil hombres que llegaron a la Unidad de Despliegue Rápido Número Tres.
Según Mejía, con este incremento del pie de fuerza, se presente erradicar las acciones de los grupos violentos que operan en la zona. Si bien el Ejército ha brindado seguridad a la región, sus habitantes ven con preocupación el aumento de soldados en el territorio y el pasado 10 de junio, se manifestaron en contra de la solución presentada por Mejía.
Por medio de un comunicado, los habitantes del municipio de San Calixto, denunciaron las problemáticas que se presentan con los uniformados: los campesinos denunciaron deforestación por parte de los militares a la hora de construir sus campamentos, pero la mayor preocupación para los moradores de la zona, son los asesinatos que se han registrado hacia personal civil.
Dados los asesinatos extrajudiciales cometidos por el Ejército Nacional en varias regiones del país, consistentes en acabar con la vida de civiles que más tarde fueron presentados como insurgentes dados de baja en combate.
Precisamente, con relación a los llamados ‘falsos positivos’ en días anteriores se conoció la versión que rindió ante la JEP, el entonces Coronel del Ejército, Gabriel de Jesús Rincón, quien afirmó que Mario Montoya Uribe, quien fuera el Comandante de esa institución hasta el 4 de noviembre de 2008, “exigía bajas en combate y no heridos; Montoya nos exigió sangre, tanques de sangre, nada de capturas. A mí me tienen que dar bajas en combates”, recordó Rincón.
Las políticas adelantadas en el Catatumbo, parecen desconocer el sentir de las comunidades, las mismas que durante años atrás pusieron un gran número de muertos al conflicto colombiano, y ahora exigen del Gobierno Nacional, mayor inversión social para sus territorios, así como a ser excluidos de las acciones violentas de grupos armados, y derrumbar imaginarios colectivos que señalan a sus habitantes de pertenecer a grupos guerrilleros.