Ante el rearme de grupos armados y los últimos hechos de violencia registrados, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas que dejan ver la fragilidad de las distintas regiones del país, en comparación al despliegue de los grupos armados que vienen imponiendo su ley y orden ante la negligencia del Estado colombiano.
Según la Defensoría, el 36% de los municipios del país está en riesgo electoral por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales. Para la entidad, 402 municipios y 16 áreas adicionales que no son municipalizadas, se encuentran ante una grave situación, que se agrava aún más ante las próximas elecciones que se celebrarán el 27 de octubre.
Así mismo ratificó que los departamentos de Antioquia, Bolívar, Sucre, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca, La Guajira, Meta y Valle del Cauca, son las zonas del país que estarían en mayores riesgos para llevar a cabo los comicios.
Según Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo “este documento debe convertirse en una herramienta de prevención para que la próxima jornada electoral se defina por el debate de las ideas, de las propuestas por un mejor país y no por las presiones que vienen ejerciendo los violentos”.
Según Negret, 78 municipios tienen un nivel de riesgo extremo, ante las dificultades que en estos momentos se están llevando a cabo como son las disputas entre grupos armados con la Fuerza Pública, a ello se suman las economías ilegales, la vulnerabilidad de la sociedad y la poca presencia del Estado.
Entre los principales grupos armados que vienen ejerciendo presiones en las distintas regiones del país, se han identificado a : ELN, EPL, las Autodefensas Gaitanistas y disidencias de las FARC.
Por otro lado, se encuentra la minería ilegal que se desarrolla en distintas partes del territorio colombiano y que se ha convertido junto al narcotráfico, en una de las actividades que oxigena las economías de los grupos armados ilegales lo que les ha permitido permear diferentes diferentes entes estatales a través de la compra de funcionarios públicos y despojar de sus tierras a comunidades campesinas, como también asesinar a los defensores de derechos humanos y líderes sociales que se atreven a denunciar el accionar de los violentos en sus regiones.