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El retroceso en las leyes ambientales de Brasil, un problema para el sector de la soja

El desmonte de las leyes ambientales construidas en Brasil en las últimas décadas será uno de los principales legados del Gobierno de Jair Bolsonaro.

Pero, al contrario de lo que podría parecer a primera vista, rebajar los controles a los delitos ambientales o dejar de poner multas acaba siendo un problema para parte del sector agrícola, como el de las empresas de soja.

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El discurso de Bolsonaro refuerza la idea de la soja asociada a la deforestación de la Amazonía y redobla la presión internacional sobre el sector, como explica a Sputnik el presidente de la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove), André Nassar.

“Debilitar las políticas ambientales para nosotros es un problema enorme, porque transfiere para el sector privado una obligación de dar garantías a sus clientes, garantías que deberían ser dadas por la propia autoridad. El hecho de que el Ibama (el Instituto Brasileño de Medio Ambiente, una especie de policía ambiental) no esté multando, que no esté controlado, es muy malo”.

En el pasado, el Gobierno llegó incluso a ventilar la posibilidad de acabar con la moratoria de la soja en la Amazonía, un pacto establecido entre empresas, ecologistas y el poder Ejecutivo instaurado desde hace años que fue clave para evitar que este cultivo siguiera avanzando sin control sobre la selva.

Gracias a la moratoria, las empresas se comprometieron a no comprar soja procedente de terreno que hubiera sido deforestado después de 2008.

Blanquear la Soja de la deforestación.

No obstante, aun así hay brechas por las que se cuela la “soja sucia”. Recientemente, un reportaje de “The Bureau of Investigative Journalism” reveló que gigantes del sector, como Cargill, compraron soja de Fiagril y de la multinacional Aliança Agrícola do Cerrado, que a su vez recibieron la soja de un proveedor multado y sancionado varias veces por destruir franjas de selva tropical.

El caso en concreto se refiere a una propiedad rural en Marcelândia, en el estado de Mato Grosso (centro-oeste).

En comunicado remitido a Sputnik, Cargill negó los hechos y aseguró que tanto Fiagral como Aliança se mantienen dentro de la moratoria de la soja. “No se encontraron actividades irregulares con ninguno de los proveedores y pudimos confirmar que no compraron ni suministraron a Cargill soja de fincas bloqueadas o restringidas”, apuntaron.

A pesar de todo, lo que ocurre en algunos casos es la llamada “triangulación”: un propietario tiene varias haciendas. En la hacienda A se cultiva soja siguiendo todos los protocolos, pero en la hacienda B la soja es fruto de la deforestación ilegal. Ese mismo propietario vende la “soja sucia” a través de la hacienda “limpia” para esquivar los controles. O si es multado, se embarga a la hacienda A, pero él puede seguir vendiendo a través de sus otras fincas.

La gran cantidad de intermediarios también dificulta el rastreo, y para el comprador final es muy difícil saber si en medio de las toneladas de soja que está comprando hay algún rastro de deforestación ilegal.

Nassar, no obstante, recalca que esos casos son “excepcionales” y que no ocurren con las empresas asociadas a Abiove, sino con las que optaron por no sumarse a la moratoria de la soja.

El cerrado, más amenazado por la Soja que la Amazonía.

Aunque los ojos del mundo suelen posarse sobre la soja en la Amazonía, lo cierto es que en este bioma sólo se cultiva el 13 por ciento de la soja del país.

La mayoría (alrededor del 50 por ciento) de los cultivos se sitúan en el “cerrado”, la sabana tropical que predomina sobre todo en la región centro-oeste y que sufre unos índices de deforestación a veces incluso mayores que los de la famosa selva tropical.

Al contrario que en la Amazonía, en el “cerrado” no hay ninguna moratoria que impida cultivar soja en terreno recién deforestado, aunque en los últimos años están creciendo las presiones para que también se imponga.

El pasado mes de diciembre, la Abiove recibió una carta de más de 160 cadenas de supermercados y empresas de la industria de la alimentación europeas exigiendo la adopción inmediata de políticas de compra cero de la deforestación de soja originada en el cerrado brasileño.

No obstante, la entidad sectorial es radicalmente contraria: “Está comprobado que la soja es un gran promotor de desarrollo. En la Amazonía es diferente, hay conflictos de tierra, varios problemas, además de muchas zonas que no son aptas para producción de soja. Pero en el cerrado hay zonas con potencial productivo de soja. Entendemos que siendo dentro de ley, el productor puede convertir áreas para cultivar soja”, explica Nassar.

Entre la cosecha de 2013-2014 y la de 2018-2019 el área plantada de soja en el cerrado aumentó en cinco millones de hectáreas. De ese total, apenas el siete por ciento fue en área recién deforestada, se defiende la entidad. “La soja en el cerrado no es vector de deforestación”, apunta el portavoz del sector.

No obstante, nada impide que un propietario elimine la vegetación de su propiedad, plante otro cultivo y al cabo de poco, soja. De cara a los registros, esa soja ya contará como procedente de “terreno consolidado”.

Además, en el caso del “cerrado”, a diferencia de lo que ocurre en la Amazonía gracias a la moratoria, no hay auditorías externas, son los propios productores los que exhiben las garantías de que todo está dentro de la ley.

Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, entre agosto de 2019 y julio de 2020 la destrucción en el cerrado fue de casi 7.300 kilómetros cuadrados, un aumento del 12,3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Es una superficie equivalente a casi cinco veces la ciudad de São Paulo.

Diversos especialistas alertan de que el aumento podría estar relacionado con la prisa de algunos productores rurales en deforestar sus propiedades antes de que entre en vigor una eventual moratoria similar a la de la Amazonía. 

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