El sector educativo afirma que no es seguro el retorno a las aulas

Por: Juan Fernando Romero y Ximena Parra

Por medio de la Directiva 016 del 09 de octubre de 2020 expedida, por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Salud y Protección Social, se dio a conocer el “Plan de Alternancia Educativa”, el cual tiene como objetivo que los estudiantes y docentes del país retornen a las aulas de forma segura y gradual, evitando el contagio del Covid-19 y al mismo tiempo garantizar una educación de alta calidad para los niños y jóvenes del territorio nacional.

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A raíz de este decreto, diferentes maestros, representantes y organizaciones educativas se han pronunciado al respecto y han mostrado su inconformidad hacia este modelo, como lo plantea Javier Alexander Papamija Urquina, docente de teología y filosofía de la Institución Educativa Municipal Técnico Comercial Santa Rita de Facatativá en el departamento de Cundinamarca, vinculado a la Asociación de Educadores de Cundinamarca (ADEC), a la Asociación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y representante de la Cooperativa Cootradecun.

¿Cuáles son las garantías que están exigiendo los maestros para retomar el modelo de alternancia después de este tercer pico de contagios?

J.P: Exigimos las mismas condiciones que hemos requerido desde el primer momento que comenzó la alternancia, que a nivel nacional se den las garantías para los procesos.

Tenemos instituciones educativas a nivel nacional sin las adecuaciones físicas, sin las remodelaciones pertinentes. Nosotros sabemos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una serie de documentos, basados en la ciencia, de los elementos mínimos que debe tener cualquier lugar para acoger estudiantes.

Estamos hablando de elementos básicos, como por ejemplo, el distanciamiento de 2 metros, toda una planta sanitaria para el lavado de manos, aulas educativas con cruce de ventilación; pero miramos que muchas instituciones a nivel de los procesos de alternancia, no han adecuado sus instalaciones físicas para esto, porque el Ministerio de Educación no ha invertido en una adecuación física y menos para la adaptación en torno a este nuevo modelo.

Segundo, a veces los colegios, hablando del Colegio Comercial Santa Rita, le toca a cada uno arreglárselas como pueda. El Ministerio de Educación le deja a cada institución que organice un comité y diseñe un proceso de alternancia compuesto por padres de familia, el rector y docentes, pero nosotros no somos profesionales sanitarios,  o sea, no somos científicos, no somos del sector salud, entonces las pequeñas intenciones que tengamos de alternancia no pueden estar siendo medidas desde el tema sanitario.

El Gobierno se justifica, que cada colegio y cada Alcaldía está siendo asesorada por las Secretarías de Salud a nivel municipal, pero hasta ahora la Secretaría de Salud no ha hecho una capacitación o acompañamiento de cómo deben ser esas medidas de alternancia.

Es decir, que para la alternancia los docentes decimos que no tenemos las garantías, aquí también hay que aclarar que los docentes somos servidores públicos y también servidores de la sociedad, entonces, tenemos una responsabilidad no solamente académica sino una responsabilidad civil. Si yo como docente, como institución, como alcaldía, como secretaría, inclusive como el Estado, convocamos a un estudiante a la institución, tenemos que responder por ese estudiante, por su vida y seguridad.       

¿Cree que las directrices del Gobierno han sido eficientes?

J.P: Si bien es cierto que el Gobierno Nacional ha emitido unas reglas, estamos hablando por ejemplo, de una normatividad que salió en octubre del año pasado, en el anexo se habla de 103 elementos para que esa alternancia se dé, de manera efectiva, pero vemos que esas no pueden ser desarrolladas en muchas instituciones.

Por ejemplo, el tema de la conectividad, la alternancia propone de alguna manera que aquellos estudiantes que tengan definitivamente imposibilitada la educación virtual, sean ellos los que vayan de manera presencial a las instituciones. Entonces, vemos que se deben garantizar en las instituciones toda una conectividad, pero en realidad, no tienen la capacidad para estos procesos.

Esta es la hora, que a nivel nacional todavía hay regiones, pueblos muy apartados de la ciudad donde esa conectividad no se ha garantizado y los docentes ahí quedan imposibilitados para los procesos de educación virtual.

Vemos que los modelos de alternancia que elabora cada institución siguen siendo experimentales, a ver si funciona, pero yo creo que uno con la vida no debe experimentar, no es, hagamos un diseño a ver cómo nos va.

¿Cuál es la posición del sector docente frente a las exigencias del Gobierno?

J.P: Nosotros somos pedagogos, no somos profesionales de la salud, no nos han capacitado con personal sanitario para saber cómo identificar el coronavirus. Se habla de mucha información por redes, pero a la hora del té, es otra cosa.

Por ejemplo, yo tengo a un estudiante con síntomas, no sé cómo identificar el riesgo, esta es la hora en que los colegios no tienen una enfermera, no tienen un personal capacitado en términos sanitarios para identificar qué persona puede tener riesgo o no.

Además, en cada institución debe haber una persona que esté tomando la temperatura, que tenga la capacidad de identificar riesgos y el conocimiento pleno del protocolo en esta situación; pero en la mayoría de colegios y en las regiones, como lo es Pitalito, Huila, donde hay alternancia, es la hora en que los profesores no han tenido una charla sobre el coronavirus, entonces son cosas que se salen de las manos y decimos, ‘no, todavía las condiciones no están dadas para dar una plena garantía del cuidado de los estudiantes, mucho menos de los profesores’.

¿Están obligados a dictar clases a pesar de los riesgos?

J.P: Nosotros sabemos que sí o sí tenemos que retornar la educación presencial, nosotros sabemos que la educación virtual no es el fin, sino que hay que retornar al aula para dar pleno cumplimiento a los procesos educativos.

Acá se hace la exigencia desde el Ministerio de Educación que es prácticamente reactivar la educación presencial. En algunas regiones se ha visto obligado, tenemos conocimientos de algunos lugares donde se emiten normas desde las mismas secretarías donde se invitan a los funcionarios a volver, hay docentes que dicen, “Volvemos, pero no nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrir en las instituciones, simplemente entonces señor rector yo vuelvo, fírmeme aquí por favor, o le hago un radicado de la Secretaría de Educación que son los directamente responsables. Yo como docente trataré de dar cumplimiento a la normatividad, hasta ahí”.

Hay otro tipo de docentes, por ejemplo, en algunas regiones donde aún se dice, ‘yo no puedo ser irresponsable cívicamente, es un tema de responsabilidad social y civil, por encima de cumplir una norma, un llamado o unas normas laborales, hay un deber ético y ciudadano y mientras estén las condiciones jurídicas para luchar entorno a eso, lo seguiremos haciendo’. En algunas instituciones si se les ha obligado a los docentes, pero bajo esa obligación los docentes han decidido, de alguna u otra manera, dejar un antecedente jurídico entorno a esa responsabilidad.

¿Considera que las instituciones pueden convertirse en incubadoras del virus, representando así un riesgo inminente para la comunidad?

J.P: Sí, para nadie es un secreto que ahorita en muchas instituciones, inclusive en el Comercial Santa Rita, hay funcionarios con Covid.

Hay secretarías de educación a nivel nacional muy responsables en estos temas, hablo de Bogotá, por cada institución se tienen entre 12 y 20 personas para el sector del mantenimiento de las instalaciones en correcto funcionamiento,  a nivel regional el panorama es otro, por ejemplo, en el Santa Rita tenemos 2 o 3 personas, en una institución amplia, con diferentes torres, salones y que de estas 2 o 3 se contagien, entran en proceso de incapacidad y es la hora que no se sabe si hay una persona que lo reemplace, hay que esperar hasta que salgan de esta incapacidad para que se den los procesos, para volver a pensar en un retorno.

Es decir, los recursos para otro tipo de situaciones aún siguen siendo muy limitados, a veces, desde los medios se comenta que se hacen grandes inversiones, pero en realidad esas inversiones son muy pocas e insuficientes para todas las necesidades que implican un retorno gradual y progresivo.            

Vacunación

¿Los educadores y el personal de salud deben ser los primeros en ser vacunados? 

J.P: Claro, es que esa ha sido una de las inquietudes que le hemos planteado al Gobierno Nacional, desde FECODE y los sindicatos. cómo pueden exigir a los docentes ir a las instituciones sin tener una vacuna.

En mi caso yo soy docente de Educación Religiosa, tengo 23 grupos, paso de un salón y de un grupo a otro. Imagínese donde yo sea portador del virus asintomático, el riesgo que corre una población, estamos hablando de dos mil estudiantes en este colegio.

Usted toca un tema que nosotros exigimos, por ejemplo, la mayoría de las empresas han llamado a la presencialidad, en cualquier empresa le toman la prueba covid para saber si usted puede laborar o no, ahí es en donde nosotros le estamos exigiendo a la Secretaria de Educación, “venga, yo quiero ir, pero tómeme una prueba para ver si estoy bien”.

El sistema de salud no lo está haciendo, no está dando pleno cumplimiento a las exigencias, tenemos docentes que nos han informado que, ante un síntoma de coronavirus, solicitan la prueba y no la desarrollan.

Muchos docentes con su propio dinero o con préstamos, tienen que hacerse todos los procesos de medicación. Los docentes en este momento no tenemos un sistema de salud garantizado en caso de que tengamos una situación de contagio, entonces muchos docentes dicen, “no, yo no veo las condiciones laborales, las condiciones sanitarias para retornar”.

A raíz de la noticia surgida hace unos días en donde se planteaba la posibilidad de que los sectores privados pudieran comprar vacunas, ¿Han pensado en unirse con estos sindicatos y con las cooperativas para reunir fondos con el fin de comprar algunas vacunas para los docentes?

J.P: Eso se ha hablado, pero como tal es bien complejo el tema, implica que el Gobierno facilite al sector privado la adquisición de algunas vacunas, lo que significa atrasar el sistema nacional de vacunación.

El Gobierno con los impuestos de los colombianos compra vacunas a las empresas farmacéuticas, llegan las vacunas y ya las ponen a disposición de quien las quiera comprar, es decir, que esas vacunas que están diseñadas para el pueblo, que las  compren sectores privados implica que el cronograma inicial establecido por el Gobierno se prolongue.

De igual manera, por eso le digo que hasta ahora no tengo conocimiento de que corporaciones educativas públicas tengan la opción de comprarla por adelantado.