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¿Elefantes o mamuts? Recorrido por las principales obras inconclusas de Bogotá

Por: Laura Suárez, Tatiana Cardona y Gabriela Santos

Aquellos edificios que nunca se terminaron, u obras que quedan en simples planos, son la causa de que muchas familias no vivan en condiciones plenas. En algunos casos se debían construir acueductos u hospitales, pero el dinero terminó en manos de funcionarios y contratistas corruptos que nunca han sido aprehendidos o juzgados por la justicia colombiana.

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En Colombia, para el año 2019, la Contraloría General de la Nación informó que había 1.193 casos de elefantes blancos, generando retrasos en el patrimonio y pérdidas de 8.7 billones de pesos. Aterrizando estas cifras a la capital del país, según la Contraloría Distrital, ente encargado de supervisar y gestionar el desarrollo del territorio, en Bogotá hay más de 40 obras inconclusas y atrasadas en las que se han perdido cerca de 1 billón de pesos en su inversión.

Comando de la Policía Metropolitana

Un caso específico, y uno de los más relevantes en Bogotá, es una obra que lleva paralizada por más de 6 años; se trata del edificio inteligente de 8 pisos que se construiría para el Comando de la Policía Metropolitana. Este representó una pérdida patrimonial de $28 mil millones para el Distrito y, por supuesto, esta situación también equivale a restarle oportunidades a muchos ciudadanos que pueden hacer mejor uso del espacio o que pueden adquirir algún tipo de ayuda económica con estos recursos invertidos.

Desarrollo vial. Máquina tapahuecos

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) es el encargado de velar por el buen estado de las vías y de las obras públicas en la ciudad. Este recibió en 2019, de acuerdo con sus cifras oficiales, cerca de 9.999 millones de pesos que servirían exclusivamente para rellenar los huecos. Sin embargo, en esta institución se han presentado todo tipo de irregularidades, por lo que ha sido señalado en diferentes ocasiones.

Cifras oficiales IDU

Aquí es donde ocupa un lugar el escándalo de la máquina tapahuecos que se dio en la pasada alcaldía del hoy senador Gustavo Petro. El alcalde de ese entonces, inicialmente se comprometió a cubrir y dejar en buen estado 220 mil huecos en la ciudad usando dicha máquina. Lo que realmente pasó fue que el contrato 638 de 2013 con el cual esta máquina empezó a trabajar, estaba camuflado con otro dirigido a ciencia y tecnología y no como reconstrucción y mantenimiento de la malla vial.

Contrato 638 de 2013

Hoy, por este camuflaje en la contratación, está presa la exdirectora de la Unidad de Mantenimiento Vial que, según investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación, fue la responsable de aquella infracción de la ley. Gómez se encuentra condenada a 6 años y 8 meses por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

Un ejemplo contundente en Bogotá es el del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el cual, en el año 2016 inició la construcción de un edificio para funcionarios administrativos en la localidad de Rafael Uribe. Este edificio tenía como fin brindar atención a las madres y niños de esa zona de Bogotá, sin embargo, lleva más 3 años en construcción cuando, según el ICBF, prometió entregar el edificio ese mismo año. Ante las quejas y reclamos por parte de la comunidad, la respuesta que les dan es que “pronto van a demoler el edificio” o que lo van a dejar así.

Los grandes inconvenientes que genera este elefante blanco es que en algún momento el edificio pueda colapsar, además de que genera inseguridad, pues se convirtió en un establecimiento en el que los jóvenes consumen sustancias psicoactivas.

Elefantes Blancos ICBF

Vía Bogotá – Villavicencio

La tarea de analizar los procesos llevados a cabo para su ejecución y la verificación de la calidad, tanto en los estudios sobre el terreno como en los materiales de construcción, no se ha realizado con total plenitud.

Pero ¿Por qué se da este incumplimiento? Las causas son varias, pero una de las más comunes está en el robo del dinero por medio de diversas estrategias como la compra de materiales más económicos que, a la larga, cumplen con el dicho “lo barato sale caro”, y sí, tan caro sale que a los pocos meses la vía ya tiene algunos problemas de construcción, o como ya ha ocurrido en diversas ocasiones, se desploma.

Un ejemplo de estos problemas es el caso de la vía Bogotá- Villavicencio, autopista que está ubicada en una zona montañosa que tiende a deslizarse por las lluvias y, por tal motivo, continuamente sucede una serie de derrumbes. Además de la inestabilidad del clima, es preciso aclarar que la vía ha pasado por una serie de cambios en cuanto a los concesionarios que las construyen; durante las últimas décadas se cambió la manera en que el país construía las vías, ahora “se trata de una alianza público-privada en donde la mitad del dinero necesario para la construcción de la vía la paga el gobierno y la otra mitad la paga el concesionario, quedando este último como dueño de la vía”, aclara el ingeniero civil Jorge Santos, director de obra en Mario Huertas Cotes Ingeniería y Construcción.

Aunque la responsabilidad de la vía queda en manos del concesionario, el gobierno no se desentiende de su construcción, y en este caso, es entre estos dos actores quienes planean la estrategia para detener los derrumbes evitando los accidentes a gran escala.

Por otro lado, cabe preguntarse ¿cómo se garantizan unos resultados de calidad y confiables cuando no se le asigna una responsabilidad directa a alguien? ¿Por qué en la mayoría de las ocasiones no se nombra públicamente a aquellas personas que hacen diseños incorrectos? Estas son preguntas que no deberían existir en estos casos, pues es ilógico que, tratándose de un tema tan importante y delicado, que no solo involucra el bienestar y la preservación de la vida de los colombianos que transitan por estas vías, sino que su realización se da con el dinero que sale de sus bolsillos, siga encubriendo a los constructores evitando que se les sancione, eximiéndolos así del compromiso de realizar un trabajo serio y de calidad que perdure. Este aspecto es gravísimo, pues al no exigir transparencia en estos asuntos, los colombianos terminan pagando dos o tres veces más por la misma obra que debía construirse solo una vez.

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