El ELN emitió un comunicado donde anuncia un paro armado en el departamento del Chocó. Esta acción, que según el grupo insurgente responde a la represión por parte del Estado, ha generado gran preocupación entre la población civil y las autoridades locales.
El Chocó, de las regiones más pobres y aisladas de Colombia, ha sido históricamente un escenario de conflicto armado, donde distintos grupos ilegales se han disputado el control del territorio. Según el DANE, el departamento presenta algunos de los índices de pobreza más altos del país, con un 68% de la población en condiciones de pobreza en 2022, lo que agrava la vulnerabilidad de sus habitantes frente a estas situaciones.
El ELN, uno de los grupos guerrilleros más antiguos de Colombia, ha mantenido su presencia en el Chocó a pesar de los esfuerzos del Estado por desarticularlo. En los últimos años, la región ha visto un aumento en actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico y minería ilegal, controladas en gran medida por grupos ilegales como el ELN.
La Defensoría del Pueblo había alertado sobre el riesgo de desplazamientos masivos en el Chocó debido a la presencia de estos grupos. En 2023, más de 5.000 personas fueron desplazadas en la región por la violencia, según cifras de la entidad. La situación podría empeorar con el anuncio de paro armado, que supone bloqueos de carreteras, interrupciones en el suministro de alimentos y aumento en los enfrentamientos armados.
Las autoridades locales y nacionales han reaccionado con preocupación ante el anuncio del ELN. La Gobernación del Chocó convocó a un consejo de seguridad para coordinar las medidas preventivas y garantizar la seguridad de la población. Por su parte, la Fuerza Pública ha reforzado su presencia en la región, con el objetivo de mantener el control y evitar actos de violencia durante el paro.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reiteró que el Gobierno no cederá ante las amenazas del ELN y que se mantendrán las operaciones militares en la zona para proteger a la ciudadanía. Asimismo, hizo un llamado a la población para que no caiga en pánico y confíe en las autoridades.
El anuncio de paro armado ha generado un ambiente de temor e incertidumbre entre los habitantes del Chocó. Las comunidades indígenas y afrodescendientes, que representan una parte significativa de la población del departamento, son especialmente vulnerables a este tipo de acciones, ya que a menudo se encuentran en zonas rurales de difícil acceso y con poca presencia estatal.
Un informe del DANE reveló que, en 2022, el 45% de los hogares en el Chocó no tenían acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad, lo que complica aún más la situación de las comunidades en medio de este paro armado.
Organizaciones de derechos humanos le han pedido al Gobierno que tome medidas para proteger a la población civil y evitar una escalada de la violencia en la región, y le han solicitado a las partes involucradas que consideren el impacto humanitario de sus acciones y busquen soluciones pacíficas.
El anuncio del ELN pone de nuevo en evidencia la fragilidad de la paz en Colombia, especialmente en regiones como el Pacífico, donde la violencia sigue siendo una realidad cotidiana para miles de personas. Mientras las autoridades trabajan para evitar una crisis humanitaria, la población del Chocó se prepara para enfrentar un nuevo episodio de incertidumbre y temor.
