Ese programa fue diseñado por el Gobierno Nacional, y entre sus objetivos se exaltaban los de apoyar a los medianos y pequeños agricultores, permitiéndoles el acceso a créditos con la tasa de interés más baja del mercado; incentivando la capitalización del campo colombiano; ayudar a la implementación de nuevas tecnologías que tuvieran como finalidad dar un manejo adecuado a los recursos hídricos, por medio de la convocatoria pública de riego y drenaje.
Sin embargo, luego de aprobarse los millonarios recursos para el proyecto bandera del exministro Arias, estos nunca llegaron, o por lo menos no a las familias de campesinos que más los necesitaban, y en camino se corroboró, las inconsistencias que viciaron esta iniciativa.
En el año 2011, quien fuese el jefe de Redacción de la Revista Cambio, Óscar Montes, recibió información por parte de algunos congresistas, quienes le revelaron las inconsistencias que se estaban presentando con la asignación de los recursos que habían sido designados para la reactivación del campo colombiano.
Dichos recursos, habrían ido a parar a manos de poderosos terratenientes y empresarios del sector agrícola. Después de conocer las denuncias en contra del exministro Arias, Montes, le comentó a quien fuera su jefe, en la desaparecida revista Cambio, Rodrigo Pardo, de la necesidad de enviar a dos periodistas a la ciudad de Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, para corroborar qué tan ciertas eran las afirmaciones que sus fuentes en el Congreso, le habían suministrado.
Aunque no fue nada fácil convencer a su jefe, Montes, demostró mediante sus argumentos que el caso ameritaba ser investigado, y enviar al magdalena a dos periodistas del área investigativa de la Revista Cambio, así lo hizo saber el periodista en su columna de opinión para el diario El Heraldo, medio para el cual trabaja.
Los resultados no se hicieron esperar, y se logró confirmar que, una de las familias más adineradas del Caribe colombiano, la familia Dávila, había resultado beneficiada con los recursos del campo colombiano, recursos que habían sido aprobados para aquellas familias campesinas que no contaban con los medios para cultivar.
Tras conocerse los primeros resultados de la investigación, el senador por el partido Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, se interesó en el caso, tomado los avances de la Revista Cambio e investigando por otros medios; demostrando que el entonces Ministro de Agricultura, había desviado millonarios recursos a otros clanes de grandes terratenientes, que finalmente se quedaron con los recursos del Estado.
Las nuevas pruebas de Robledo, en contra de Arias, motivaron un debate de control político en el Senado, el cual tuvo lugar el 27 de octubre del año 2009. Durante dicho debate, el senador del Polo Democrático, expuso los resultados de las nuevas investigaciones, demostrando que desde el Ministerio de Agricultura, en cabeza de Arias, los recursos asignados tomaron otro rumbo.
Después de comprobarse que los recursos fueron entregados a particulares, la entonces Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, ordenó la captura del exministro Arias, quién por medio de sus abogados fue dejado en libertad y posteriormente abandonó el país, rumbo a Estados Unidos, de donde llegó extraditado ayer al Aeropuerto Militar Catam.
La llegada de Arias al país, no solo causó revuelo entre algunos sectores políticos, también en los medios de comunicación, pues contrario a las fotos que se le toman a las personas que han sido deportadas de otros países como Estados Unidos; ayer se conoció que Migración Colombia, prohibió que se le sacaran fotos bajándose del avión al exministro, hecho que generó molestias en la prensa nacional, teniendo en cuenta que hace apenas días, David Murcia Guzmán, también fue deportado al país por el caso de captación ilegal de dineros; caso conocido como la pirámide DMG.
En el caso de Guzmán, los medios pudieron captar el momento exacto de su arribo al país, contrario a lo sucedido con Arias.
Ahora la polémica se centra en la iniciativa del partido de gobierno El Centro Democrático, que propone que la condena de Arias, pueda ser revisada, en el marco de la doble instancia para aforados, que fue aprobada mediante acto legislativo en la actual administración y según algunos expertos, su implementación estaría motivada a beneficiar al exministro.
Sin embargo, este beneficio no cobijaría a Arias, puesto que el exministro fue condenado en 2014 por la Corte Suprema de Justicia, y la doble instancia aplica para las condenas proferidas a partir de 2018.