La Corte Suprema de Justicia consideró que Estado colombiano violó el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que ningún elegido por voto popular puede ser removido de su cargo sino por decisión de un órgano judicial.
Gracias a esta demanda, la Corte ordenó a Colombia “adecuar su ordenamiento interno de acuerdo con lo señalado en la sentencia, de forma tal que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas”.
Esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un triunfo de la lucha democrática colombiana.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 18, 2020
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El día de hoy el senador Gustavo Petro entregó declaraciones y se manifestó ante la decisión de La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fue a través de una rueda de prensa virtual con los medios de comunicación que comenzó con la intervención de Rafael Barrios abogado de Gustavo Petro quien mencionó que es de gran importancia la decisión de la CIDH al declarar que Colombia violó los derechos políticos del senador Petro, es decir el artículo 23 de comisión, por esa razón dice que debe haber una reparación general para Petro y sus electores, y que se deben hacer unas modificaciones legales al interior del aparato jurídico.
En ese mismo sentido, Carlos Rodríguez Mejía doctor en derecho y especialista en ciencias socioeconómicas, derecho constitucional y ciencia política dijo que se prohíbe que se suspenda sus derechos políticos, porque es esencial en la democracia, dice que no quieren debilitar o minimizar la lucha contra la corrupción, por el contrario, se quiere reiterar que la corrupción debe ser sancionada e investigada como un delito.
Por su parte, Gustavo Petro sostuvo que recuerda claramente que la Sala Plena siempre estuvo a su favor, y que esta sentencia vuelve realidad un principio democrático, el derecho político como un derecho fundamental como lo dice la constitución política de Colombia, sin duda un triunfo de la lucha democrática colombiana.
Mencionó a Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, donde Gómez señaló que “Con la demanda, Petro logra que retrocedamos significativamente en la lucha contra la corrupción”.
A lo que Petro sostuvo que en Colombia bajo la excusa de la corrupción se quitaron los derechos humanos fundamentales de él, así como también se quitaron los derechos políticos a la ciudadanía. Dice que en Colombia se construyó un sistema de extorsión, ya que funcionario honesto que se resiste a la extorsión es destituido, pero el funcionario corrupto que reparte la extorsión se queda ejerciendo su cargo. Entonces, la corrupción debe ser investigada como un delito u no como un procesos disciplinario.
El senador también mencionó que esta sanción implica que la Contraloría y Procuraduría deben investigar las sanciones disciplinarias y de intervenir en los procesos penales y no las sanciones judiciales.
También agregó que las ciudadanías deben ser más libres de escoger y controlar a sus gobernantes y que con esta sentencia se podrá tener esta libertad, Por otra parte, habla de las multas que se le impusieron por bajar la tarifa del transporte público y el polémico tema de las basuras en Bogotá a lo que dice que “un presidente embargando a su opositor es la ley de los caballos”.
El actual senador afirmó que la multa que le pone el presidente es por 850.000.000 millones de pesos, de los cuales se han llevado 150.000.000 millones y le van a devolver 36.000.000. Argumentó que el dinero lo debe pagar el Estado que sale de los impuestos de los colombianos, y el proceso se debe repetir o mejor dicho quién debería responder por ese dinero es quien se considere que ha sido responsable del detrimento patrimonial que en este caso sería Alejandro Ordoñez.
El congtresista no dejó de lado mencionar al gobierno de Iván Duque, recalcando que debe tomar ciertas decisiones agregando que “una persona que piense en su criterio y presentación a nivel mundial no tendría como vicepresidenta a una mujer que sacó a un narcotraficante de la cárcel por ser su hermano”. Y argumentando que con la sentencia queda claro que “la imagen de Colombia en la Organización de los Estados Americanos es la de un violador de los derechos fundamentales” refiriéndose a Ordoñez en la OEA.
Y concluyó diciendo que lo que ha sido eficaz en Colombia ha sido la prensa, el Congreso y la CIDH, pero la Contraloría y Procuraduría nunca han sido eficaces y que la base de la corrupción es la compra de votos, como el caso del “Ñeñe” y de Aida Merlano y esta sentencia dice que se deben poner las autoridades competentes para investigar la corrupción.