Por: Karina Colmenares
“La violencia en contra de excombatientes se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional. Desde la publicación del informe, otros tres excombatientes han sido asesinados, para un total de 195 desde la firma del Acuerdo de Paz”. El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia Carlos Ruiz Massieu, presentó al consejo de seguridad su más reciente informe trimestral sobre el análisis del periodo del 27 de diciembre del 2019 al 26 de marzo del 2020.
El pasado 24 de noviembre del 2016 en la ciudad de Bogotá, se obtuvo la firma del acuerdo para la terminación definitiva del conflicto armado en Colombia por parte de las FARC. Los diálogos o negociaciones de paz entre el gobierno Colombiano encabezados por el ex presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), también conocidos como proceso de paz en Colombia, fueron las conversaciones que se llevaron a cabo entre el Gobierno de Colombia (en representación del Estado) y la guerrilla de las FARC, donde se acordó terminar el conflicto armado entre las dos facciones en guerra y se fijaron unos acuerdos para este compromiso, pero desde esta firma hasta la fecha actual han ido aumentando los asesinatos a excombatientes, poniendo así en tela de juicio uno de los puntos más importantes de estos acuerdos: las garantías de seguridad a los excombatientes.
Ahora, un nuevo y enorme reto está afrontando el gobierno y los firmantes de la paz con la llegada de la pandemia al país, a pesar de que, como se asegura en el informe presentado por Massieu, las FARC y el Gobierno “hayan tomado de manera rápida y colaborativa medidas preventivas” con la población de excombatientes, logrando inscribir al 98% en el sistema nacional de salud, los asesinatos a excombatientes siguen ocurriendo en medio de la emergencia sanitaria que afronta el país.
Antecedentes
Liuva Vargas, quien es conocida por su nombre político Sofía Nariño, nació en Bogotá, y por circunstancias de problemáticas sociales que aún se viven en el país, decidió irse y ser parte de la guerrilla cuando tenía 17 años, allí duró 20 años hasta el proceso de dejación de armas, luego de este proceso siguió militando en el partido FARC, ahora es lideresa social y candidata al concejo de Bogotá por este mismo partido.
En una entrevista concedida el año pasado semanas antes de las elecciones, Sofía hizo referencia a las amenazas e intimidaciones que han recibido y siguen recibiendo los excombatientes, dentro del campo político por ejemplo, el pasado 11 de septiembre del 2019 se conoció una carta de las Águilas Negras que mencionaba que todos los candidatos de Colombia Humana, Unión Patriótica, MAIS y Partido FARC, tenían que desistir de su candidatura o los asesinarían.
En los acuerdos firmados en el 2016, el punto 2 habla sobre participación política y en el que se ha planteado un pacto político por la paz, pacto que para Nariño significa que se respeten mutuamente las opiniones: “tenemos derecho además constitucional de expresar lo que sentimos sin que hayan armas de por medio, para eso se firmó el acuerdo de paz”, en la última contienda electoral se siguieron asesinando excombatientes y candidatos del partido FARC. Desde el acuerdo de paz sistemáticamente el asesinato de líderes y lideresas sociales ha aumentado, para agosto del año pasado, la Misión de Observación Electoral (MOE) indicó que las cifras en vez de reducirse siguen aumentando, por esa razón Sofía realizó un video en twitter que sale a raíz de su preocupación por el tema de seguridad.
El pasado 23 de octubre, en una entrevista con Leonardo González, coordinador de la unidad investigativa de INDEPAZ, organización que tiene varias alianzas donde una de ellas es la Fiscalía, da a conocer en su reporte que la ciudad donde más asesinatos a excombatientes se han presentado ha sido Cauca, seguido por Nariño y Antioquia. Al otro día de esta entrevista por ejemplo, se conoció la noticia de que Alexander Parra, quien era delegado del movimiento político FARC al Consejo Nacional de Reincorporación en el Meta y coordinador del proyecto turístico Ambientes para la paz, fue asesinado por dos encapuchados en horas de la noche en su vivienda en Mesetas-Meta, un espacio custodiado por el ejército y la policía, donde el gobierno tenía el deber de protegerlo y según el diario El Espectador había dos anillos de seguridad del ejército para ello.
En la edición de la revista Semana que va del 27 de octubre al 3 de noviembre del 2019, se reveló una investigación sobre el asesinato al excombatiente Dimar Torres, el cual se dio el 23 de abril de ese mismo año y al que se le atribuyeron distintas versiones contradictorias por parte de las Fuerzas Militares. En tal investigación se revela que el excombatiente no murió por un hecho fortuito sino que obedeció a un plan ordenado, según la Fiscalía por un coronel, todo esto se dio a conocer por un grupo de WhatsApp donde reportaban los seguimientos al asesinato, además la Fiscalía también reunió pruebas y testimonios que comprobaron que tras haberse sometido al proceso de paz con el gobierno, Torres se había dedicado a la agricultura, era un civil y ya no tenía nada que ver con el conflicto.
De esta forma, hay muchos casos de excombatientes que han sido asesinados cuando ya están comprometidos con un proceso de reincorporación, y todos los que siguen comprometidos con el proceso de paz se encuentran preocupadas pues sus vidas corren peligro y según como lo afirma Nariño, el gobierno no se muestra preocupado ni se esfuerza por ofrecerles garantías reales de seguridad, aun así, ellos siguen afirmando que ya arrancaron y seguirán firmes con este proceso.
Según NOTICIAS ONU, el año pasado ha sido el año más violento para los excombatientes en Colombia, se registraron en total 77 excombatientes de las FARC asesinados durante ese año. La cifra se elevó desde el 2016 hasta el 2019 a 173 excombatientes asesinados después de la firma de los Acuerdos de Paz en Colombia, así lo señaló un informe del Secretario General de las Naciones Unidas.
Lo que siguió
El pasado 28 de marzo a través del medio de prensa escrita El Espectador, se dio a conocer un artículo donde se informa que desde el 5 de marzo fecha en la que el país estaba alerta por la llegada del coronavirus, hasta el 28 de marzo 4 excombatientes fueron asesinados en confusos hechos. Pese a la cuarentena y la situación que se afronta por la pandemia, los asesinatos continúan, en este artículo afirman que las autoridades investigan las diferentes causas, en las que se encuentran venganzas arrastradas por el pasado de la guerra, ejecuciones extrajudiciales como el caso visto de Dimar Torres retaliaciones de quienes no se acogieron al pacto de La Habana o el asesinato por parte de estructuras neoparamilitares.
Frente a esto, el 14 de abril, la Misión de la ONU en Colombia a través de su portal NOTICIAS ONU dió a conocer el último informe que arrojó Carlos Ruiz Massieu, donde expone que “La violencia en contra de excombatientes se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional. Desde la publicación del informe, otros tres excombatientes han sido asesinados, para un total de 195 desde la firma del Acuerdo de Paz”. Allí mismo dio a conocer las prioridades que han surgido para los acuerdos de paz en este año, donde el secretario general fija tres prioridades en las que se encuentran: adoptar las medidas necesarias para poner fin a los asesinatos de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y excombatientes y asegurar que los beneficios de la reincorporación lleguen a todos los excombatientes.
Natalia Suárez, quien trabaja en el CNR (Consejo Nacional de Reincorporación), confirmó que el pasado 17 de abril fue asesinado Rigoberto García, firmante de la paz en Antioquia, con él serían 196 excombatientes asesinados hasta el día de hoy. En entrevista con Suárez, comparte un informe donde se puede evidenciar por departamento y municipio si los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) cuentan o no con las ayudas pronunciadas por el Estado en las que se encuentran: espacio de aislamiento, agua potable, abastecimiento de frutas-verduras y tapabocas.
El informe revela que son muchos los ETCR que no cuentan con agua potable, como es el caso de varios en Caquetá, Nariño, Guaviare, Huila y Antioquia. También revela que hay insuficiencia de tapabocas en Antioquia, Guajira, Cesar, Caquetá, Chocó, Meta, Guaviare, y casi ningún ETCR se encuentra con los mecanismos de protección ni con un lugar adecuado para el aislamiento, en muchos no llega el abastecimiento de comida o es insuficiente.
En algunos ETCR cuentan con máquinas para la confección de tapabocas pero no cuentan con los implementos o materiales necesarios. Recordemos que en el municipio de Anorí, excombatientes del frente 36 de las Farc crearon una empresa de confecciones llamada La Montañita, la cual por estos días está enfocada en confeccionar tapabocas que ayuden a la emergencia generada por el covid-19 en este municipio. En este punto cabe recalcar la pronunciación que hizo hoy el Jefe de la Misión de la ONU en Colombia Carlos Ruiz Massieu quien afirma que: “Ante dificultades en implementación de Los Acuerdos de Paz y desafíos por el COVID-19, la flexibilidad, solidaridad y empeño, ha salido. Un ejemplo es la reorientación de proyectos de reincorporación de FARC de textiles a confección de tapabocas”.
Massieu también hizo referencia a que: “otro desafío del COVID-19 son los riesgos y vulnerabilidad que los territorios con presencia de actores armados están teniendo en este momento: a pesar de la pandemia y las restricciones oficiales, acciones violentas siguen impactando territorios y comunidades”. Al final, reiteró el compromiso de Naciones Unidas con Colombia y Bogotá en sus esfuerzos para consolidar la paz e hizo referencia a que es importante el compromiso del gobierno y los recursos locales para seguir con el trabajo e implementación de los Acuerdos de Paz.
Mientras aproximadamente el 5% de quienes comenzaron el proceso de paz han vuelto a las armas, es importante constatar la implementación de las garantías de seguridad y protección para ese 95% que sigue en pie con este proceso; pues según este informe que hace parte del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), el abastecimiento de insumos comestibles y de protección realmente es insuficiente y en varios municipios reportan amenazas de muerte e incluso desplazamiento forzado como es el caso de Huila, por esta razón se considera importante y prioritario para mantener los acuerdos y la sostenibilidad de reincorporación, una buena y responsable implementación de las medidas de protección, seguridad y recursos que el gobierno ha tomado en relación con la emergencia sanitaria.