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Exministro Murillo, hombre fuerte en Bolivia, reo en EEUU

La fotografía del exministro Arturo Murillo, mostrando con la mano izquierda en alto las manillas que prometió poner al entonces exiliado expresidente Evo Morales (2006-2019) se convirtió esta semana en la imagen más publicada y repetida en los medios bolivianos.

La amenazante imagen data de fines de 2019, en los primeros días de la gestión de Murillo como ministro de Gobierno de la presidenta de facto Jeanine Áñez, y siguió a la amenaza con que el también exsenador asumió el cargo: dar “cacería” a las principales figuras del derrocado gobierno de Morales.

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“Cazador cazado”, tituló el diario La Razón de La Paz, con grandes caracteres bajo la mencionada foto, su cobertura del arresto del hombre fuerte del gobierno transitorio, de 57 años, ocurrido entre el 21 y 22 de mayo en Estados Unidos.

Murillo no solo fracasó en su propósito -varias veces repetido- de poner en la cárcel a Morales y sus colaboradores, sino que terminó huyendo de Bolivia el 6 de noviembre de 2020, dos días antes de que, producto de una arrolladora victoria electoral, asumiera un nuevo Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del líder indígena.

Se refugió entonces en Estados Unidos, cuyo Gobierno en tiempos de Donald Trump había aplaudido la caída de Morales y apoyado abiertamente la gestión de Áñez, y apareció esporádicamente en los últimos meses en redes sociales, criticando al actual Gobierno democrático boliviano, hasta que perdió sus privilegios.

Murillo terminó enmanillado el pasado fin de semana y recluido luego en una celda de la mole de cemento que es la cárcel federal ubicada en el centro de Miami, mientras Morales se mueve libremente en su país, adonde retornó aclamado por multitudes de seguidores tras la vuelta del MAS al poder.

Así quedaron sin efecto las órdenes de aprehensión emitidas contra Morales por fiscales que admitieron las denuncias presentadas por el entonces todopoderoso ministro señalando presuntos delitos como terrorismo, sedición y corrupción.

El periplo de Murillo siguió la misma línea que el de la expresidenta Áñez, que prometió pacificar el país pero dedicó gran parte de su gestión a tratar de borrar todo vestigio de Morales y su partido, para terminar detenida y acusada de violaciones constitucionales y otros delitos el retorno victorioso del MAS.

CADENA DE DENUNCIAS

La acusación de sobornos y lavado dinero por la que Murillo resultó en manos de la justicia estadounidense conlleva hasta 20 años de cárcel, pena que podría ser menor si la exautoridad se declara culpable, dijo el abogado estadounidense Thomas Becker.

El jurisconsulto, un especialista en derechos humanos, es conocido en Bolivia por su patrocinio a las víctimas de una masacre política de 2003, en un juicio contra el expresidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada.

El actual proceso contra Murillo, por operaciones bancarias derivadas de una compra irregular de materiales para la policía, no es el último que enfrenta el “cazador cazado”.

Ya en sus tiempos de ministro fue objeto de varias denuncias en Bolivia, que ahora salen de nuevo a la luz y sustentarían su extradición desde Estados Unidos, según dijo el canciller boliviano Rogelio Mayta.

El viernes, al confirmar órdenes de detención de supuestos cómplices de Murillo, allanamientos e investigaciones bancarias, el fiscal general Juan Lanchipa señaló que el exministro tiene al menos nueve procesos en su contra en el país, en los siguientes casos:

– Golpe de Estado, como miembro del grupo parlamentario que instaló en el poder a la autoproclamada presidenta transitoria Áñez, de la cual fue Ministro de Gobierno. Los delitos tipificados son, entre otros, terrorismo, sedición y conspiración.

– Masacres, en especial las de las localidades de Sacaba (Cochabamba, centro), Senkata (La Paz) y El Palomar (La Paz), en las que murió una treinta de personas que protestaban contra el golpe.

– Material policial, el caso que provocó su detención, que está dividido en un primer proceso por la compra de gases lacrimógenos y otros productos no letales de manera irregular y con sobreprecio, y otro proceso por la legitimación de supuesta ganancia ilícita de 2,3 millones de dólares procedentes de esa operación.

– Persecución contra jefes policiales, acusación presentada por el actual comandante general de la policía, Jhonny Aguilera.

– Robo y quema de documentos del expresidente Morales, incluida su libreta militar, para impedir su habilitación como candidato en 2020.

– Violación de sistemas informáticos de vigilancia financiera, pocos días antes de su huida a Estados Unidos.

– Bloqueo a la extradición a Brasil del supuesto narcotraficante Jesús Lima Lobo, pese a una orden del Tribunal Supremo.

– Desaparición de un cargamento de cocaína decomisado por la policía a fines de 2019.

– Acusación sin pruebas a una mujer, que resultó ser inocente, de un caso de secuestro de una bebé.

Dirigentes sindicales anunciaron que presentarían además otras demandas por represión y violaciones a derechos humanos.

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