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Fronteras “calientes” y seguridad ciudadana retan a Colombia en 2022

La bomba que explotó esta semana en el departamento colombiano de Arauca, en la frontera con Venezuela, y que se suma a la larga lista de hechos violentos en la región en los últimos meses, resume el cambio en el conflicto armado tras la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el Gobierno y la hoy disuelta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“El conflicto armado de hoy, a diferencia de hace 10 o 15 años, es que no tenemos una lógica de unas guerrillas que quieren llegar al poder, sino unos grupos armados que se disputan la economía ilegal del narcotráfico, la minería, el control de las trochas (pasos irregulares en las fronteras)”, dijo a la Agencia Sputnik, Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, con sede en Bogotá.

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En Arauca, noreste colombiano, hacen presencia las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz. Al mismo tiempo, ejerce influencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Ambas facciones de origen insurgente se disputan entre sí y con otros grupos el control de la frontera binacional (de más de 2.200 kilómetros), para sacar la cocaína que se produce en Colombia, mayor productor mundial de esta droga, hacia Venezuela.

“El conflicto armado mutó: el centro del país ya no interesa, y todos los grupos armados están recostados en las fronteras por donde sale la coca. Venezuela es una de las rutas más grandes (por vía aérea)”, aunque en la frontera con Ecuador y Panamá también se produce, recalcó el analista.

Esa lucha ha marcado los más recientes actos violentos en Arauca y Norte de Santander, otro departamento fronterizo, que además tiene la mayor cantidad de coca, según el más reciente informe de Naciones Unidas sobre cultivos ilícitos.

Esta semana fue un carro bomba el que explotó en el municipio de Saravena, Arauca. Pero a comienzos de enero, en distintos puntos del departamento, enfrentamientos entre disidentes de las FARC y el ELN dejaron al menos 33 muertos.

Ello, con una estela de desplazamiento forzado interno detrás, lo que hace que el país siga ocupando el primer lugar del mundo en este asunto.

Por otro lado, en la ciudad de Cúcuta, capital de Norte de Santander, un explosivo presuntamente activado por desertores de la paz, produjo la muerte en diciembre a dos expertos de la policía que intentaban desactivarlo, en el aeropuerto Camilo Daza.

La ciudad fue blanco de atentados también en junio del año pasado. Primero, contra la Brigada 30 del Ejército, que dejó decenas de personas heridas. Días después, contra el helicóptero que transportaba al presidente Iván Duque y su comitiva, quienes sobrevolaban el área.

Aunque las autoridades han anunciado el envío de más tropas para controlar la situación, la violencia sigue.

De hecho, Duque visitó Arauca el fin de semana pasado para pasar revista a dos batallones que llegaron allí tras la ola de homicidios a comienzos de enero.

“Las Fuerzas Militares y el Ejército siguieron viendo la guerra como si estuvieran combatiendo a las FARC de 1998 (de bloques y frentes muy grandes), y no a estos pequeños grupos que se llaman UTC (Unidades Tácticas de Combate), de 10 a 15 hombres. Entonces, con un nivel altísimo de fragmentación y una estrategia militar inadecuada, lo que ha pasado es que han ganado más control”, explicó Rosanía.

SEGURIDAD CIUDADANA

Mientras el panorama en la periferia es de grupos armados ilegales ligados al narcotráfico, en grandes ciudades como Bogotá, de casi ocho millones de habitantes, es de intolerancia, vandalismo, y robos violentos que pueden terminar en homicidio.

Según cifras de la Policía de Colombia reveladas por el diario El Tiempo, entre 2019 y 2021 se registró en el país un aumento de 8,2 por ciento de las muertes violentas, con 13.709 homicidios el año pasado, frente a 12.656 homicidios en 2019.

De esta forma, la tasa de homicidios en 2021 quedó en 26,8 por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2019 estaba en 25,1. El 2020 presentó una reducción en la tasa (23,8 por 100.000 habitantes), aunque la población estuvo confinada ocho meses.

La estrategia para enfrentar el delito ha sido equivocada, según Rosanía.

“No hay una gran política, un crecimiento en tecnología. Solo sacan a más policías a dar vueltas en los barrios, y eso no hace nada, porque la banda (criminal) no porque vea a un policía se va a desarticular. Simplemente se cambia de barrio. Y si es mucha presión, sale de la ciudad y vuelve y regresa a los seis meses”, afirmó.

El aumento de los crímenes se suma a la desconfianza en la policía, generada por los abusos cometidos en las protestas antigubernamentales del año pasado.

De acuerdo con Naciones Unidas, de las 46 muertes que ocurrieron en el contexto de manifestaciones del Paro Nacional (del 28 de abril a mediados del 2021), por lo menos 28 las habrían cometido agentes de las fuerzas de seguridad.

“La gente no confía porque quedó el antecedente de la violación a los derechos humanos, con todo y las pruebas (que circularon además en redes sociales por esa fecha)”, detalló el especialista, quien no ve probable un cambio en el panorama de violencia para este año.

Igualmente, lo que empezó como una protesta pacífica derivó en disturbios constantes cada mes en zonas de Bogotá como el Portal Américas (suroeste), Suba (noroeste) y Usme (sur), con destrucción a la infraestructura y transporte de la ciudad.

La violencia, tanto en áreas rurales como urbanas, se erige entonces como un tema clave de la campaña que se avecina de elecciones legislativas y presidenciales de 2022.

Fuente: Paula Carrillo-Sputnik

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