A tempranas horas de la mañana, el diario Portafolio dio a conocer un posible paquete de medidas que la administración del Presidente Duque, a través de la Comisión de Reforma de Protección a la Vejez, presentaría para primer debate tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes, una vez pasadas las elecciones regionales del próximo 27 de octubre.
Según el medio económico, el proyecto tendría mensaje de urgencia, pues se busca que quede aprobado antes del receso de la Legislatura en diciembre de este año, de modo que entre en vigor a partir del primero de enero del 2020.
El único cambio positivo, de acuerdo con las fuentes del rotativo, es que no se va a tocar la edad de jubilación, que para los hombres está en 62 años y para las mujeres en 57. El meollo del asunto está en el incremento de los aportes que los trabajadores tendrán que pagar para obtener su pensión una vez terminado su ciclo de vida laboral. Este incremento pasaría del 16% actual a un 20%. Aún no se ha definido cómo se va a incrementar en un determinado periodo de tiempo ni cómo va a ser la carga de esta contribución entre los empleadores y sus colaboradores.
Sobre el Régimen de Prima Media que opera el fondo público Colpensiones, el proyecto de reforma ratifica que este modelo sería eliminado para optimizar costos de operación del Estado colombiano; sin embargo, el articulado no ve viable la desaparición de la entidad como pasó en su tiempo con el Seguro Social, sino que buscaría que Colpensiones compita con los fondos privados agremiados en Asofondos y que se rija bajo el Régimen de Ahorro Individual Solidario con el que operan dichos establecimientos.
Por otro lado, bajo las premisas de cobertura, equidad y sostenibilidad, el Gobierno está contemplando hacer cambios en los programas para protección de la vejez (Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y Colombia Mayor), unificando los regímenes pensionales y eliminando los subsidios estatales. Para estos dos programas, que buscan ser ampliados por las carteras de Hacienda y Trabajo, se impondría la limitante que, en el caso de BEPS, el apoyo será retirado al cotizante si no alcanza el promedio de recursos para pensionarse.
La reforma también propondría flexibilizar el Régimen de Pensiones Voluntarias, que son mucho más atractivas para la inversión y cuentan con esquemas más rígidos que el modelo de las pensiones obligatorias.
A través de estos cambios el gobierno busca ahorrarse unos $15 billones de pesos al año durante los próximos 35 años y, de esta manera, acabar con el problema del cobro por acción judicial de demandas de pensiones por cifras exorbitantes cobradas a través del fondo público. Desde la perspectiva del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no realizar los cambios haría que el sistema colapse y se presente una crisis pensional.
“El RPM en un país tan viejo como el nuestro no es viable. Lo era cuando había 10 jóvenes trabajando por cada jubilado. Ahora, esa relación se bajó de 1 a 2, y no es posible ponerles más impuestos a los jóvenes, para pagarles la pensión a los viejos”, dijo el titular de la Cartea de Hacienda en declaraciones recoplaidas por el dairio El Tiempo.
El Viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, y el Director Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, salieron a desmentir esta información afirmando que lo que publicó Portafolio es solo parte de un compilado de propuestas que han llegado a dicha comisión y que, hasta el momento, no existe un documento oficial que sea entregado al Legislativo para su debate.
“Hay gente que hoy tiene derecho a pensión por régimen de prima media y tendremos que hacer un régimen de transición para la gente que tenga una expectativa cierta de derecho y al resto sí les queremos bajar el porcentaje del subsidio. En cuánto, todavía no sabemos”, afirmó el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, en declaraciones recopiladas por este mismo impreso.
A su tiempo, el director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, ratificó que la comisión encargada de este asunto aún está recibiendo propuestas por parte de los académicos, los sindicalistas, la empresa privada y del mismo Gobierno.
En un comunicado conjunto entre las tres entidades, éstas dejaron en claro que no existe tal proyecto de ley y que por ahora no se va a presentar ninguna iniciativa legislativa sobre el tema al Congreso de la República.
