Por: Cameron Pinzón Parra – Juan Diego Corredor Sabogal
Edición: Santiago Vélez L.
Las pasadas elecciones fueron la vitrina, como en cada periodo electivo, para hacer uso desmedido de la propaganda política. Los entes de control dejan vacíos y sus acciones son tardías.
El secretario de Gobierno de la ciudad de Guadalajara de Buga, Mauricio Pereira, notificó el pasado 13 de septiembre 2019, las irregularidades cometidas por varios de los gerentes de campaña de los partidos y movimientos políticos, donde estos han infringido los artículos del decreto regulador de propagada política.
El secretario de Gobierno de Guadalajara de Buga, Pereira afirmó que: “adelantando los procedimientos para remoción de la propaganda por parte de la Secretaría de Planeación de Buga, y se hizo una notificación a los gerentes de campaña de los partidos y movimientos políticos de estas publicidades ubicadas en sitios no permitidos”.
En ese orden de ideas, Pereira afirmó que la publicidad política seria removida, ya que se hizo un llamado de atención a los partidos políticos infractores.
El secretario Pereira, expresó en su momento: “El personal de Obras Públicas, realizó el retiro de las publicidades y también se efectuarán los cobros adicionales”.
La Oficina de obras Públicas, fue la encargada de la remoción de toda la propaganda política en los sitios prohibidos por el decreto, llevando a cabo las acciones legales pertinentes.
El Consejo Nacional Electoral estableció multas para quienes trasgredan las normas de publicidad política, las cuales establecen sanciones disciplinarias y multas por valores entre los $2.000.000 y los $20.000.000 de pesos, multas que según el secretario se harían efectivas.
Se pudo evidenciar que hubo un mal manejo al interior de las campañas políticas de acuerdo a la cantidad de publicidad, transgrediendo la normatividad. El exceso de propaganda ocasionó contaminación visual y ambiental por el uso desmedido de papel y tinta.
Aunque los habitantes no tenían conocimiento, ni claridad de la existencia de las regulaciones sobre el tema de publicidad electoral, pidieron a la alcaldía manifestarse sobre el asunto para que la ciudad no se viera afectada, dado que Buga es un municipio patrimonio histórico, cultural y religioso; dejando expuesto con esto que las rivalidades electorales que se plasman en la publicidad política, desvían la esencia y la estética del municipio, cada periodo electoral.
Desde el día 27 de junio del 2019, se entregaron los avales políticos a los candidatos que aspiraron a la alcaldía y concejo del municipio, y a partir de ese momento, los promotores de las campañas ubicaron la publicidad en zonas no permitidas por la administración de Buga, por tal motivo se cometieron excesos publicitarios.
Por otra parte, aspirantes al concejo dijeron no estar violando norma alguna, reduciendo la discusión a un debate de ajustarse a las reglamentaciones, aseguraron saber que existen regulaciones sobre el tema, pero al parecer no tuvo mayor relevancia el tema de la contaminación visual ni lo característico de la ciudad, mientras ellos se daban a conocer.
El Centro Democrático capacitó a sus candidatos sobre el manejo publicitario y sobre reglamentación. Sin embargo no generaron alternativas para el desarrollo de formas distintas de campaña, incluso siendo así desde el Partido Liberal como la mejor forma de manejo.
Sin embargo Camila Pérez, ciudadana bugueña, propuso que las campañas deberían haberse realizado con inversión social, destinando los recursos de publicidad a obras de trabajo comunitario, así los candidatos se darían a conocer y de esa forma su imagen e impacto político mejorarían.
Tras recibir la información, resultado de diferentes búsquedas de fuentes, se evidenció en general que los grupos políticos participantes en la contienda electoral, transgredieron el decreto regulador de propaganda política y nadie se hizo responsable. Se afectó el espacio público, hubo un mal proceder de los candidatos y representantes de las campañas y de la administración municipal quiénes no hicieron el debido cumplimiento de la norma; sin embargo todos encuentran culpables, los unos a los otros, implementando la tan conocida frase “tirándose la pelota entre ellos”.
Todos coincidieron en haber obrado conforme a derecho, respetando los mínimos de conducta; sin embargo, hubo un daño causado y surgió la pregunta ¿Dónde están las autoridades?, el contexto demostró que estas no responden; de forma que la Secretaria de Gobierno y la Secretaria de Planeación no están cumpliendo con su rol correspondientes de vigilancia y control.
Los candidatos respondieron como si se tratara de un deber moral o de conciencia, sin precisar que es manifiestamente violatorio de un deber legal, pareciera que pudieran impartir condena a quienes no cumplen o hacer ver que son los otros candidatos quienes no conocen al parecer los deberes, estos, a su vez, impolutos lavan sus manos y dicen saber la normativa, conocerla y no violarla.
Las organizaciones políticas, fundamentaron que su función administrativa parece ejecutarse de forma cohesiva o al menos eso proyecta. Por otro lado, la Secretaría de Gobierno planteó que las sanciones y el cumplimiento de la normatividad está encabezada por la secretaría de Planeación, a su vez, señalan que estos trámites los debe de responder Gobierno, endilgan la responsabilidad a sujetos indeterminados; del mismo modo los candidatos violaron los espacios públicos. Para estos pareciese no haber daño causado al municipio y la ciudadanía.
A pesar de que la alcaldía municipal de Guadalajara de Buga, publicó el decreto DAM-1100-075 de 2019 por medio del cual se reglamenta el uso debido de propaganda política en los sitios establecidos, los candidatos hicieron caso omiso del mismo.
Desde hace varias semanas atrás en la ciudad de Buga, se presentaron excesos de vallas y pasacalles que obligaron a tomar medidas drásticas para el cumplimiento del decreto antes mencionado; el atediar los espacios con publicidad generaron impactos negativos en la ciudadana y el turismo, puesto que la imagen de la ciudad se redujo a 4 caras que se ven en todos los anuncios.
Las vías más afectadas fueron: la carrera novena entre calles primera y segunda, la calle primera sur entre carreras dieciséis y quince, la carrera doce y calle dos sur; además se sobre cargaron las glorietas y espacios turísticos.
De acuerdo con lo que manifestó el Consejo Nacional Electoral, en las ciudades de categoría dos, como lo es en este caso la ciudad de Buga, se definieron las estrategias de comunicación para propaganda y difusión televisiva, radial, vallas y avisos.
Se estableció un número total de doce vallas, con una medida de cuarenta y ocho metros cuadrados; esto fue burlado a través publicidad colectiva, mediante la cual un aspirante aparece en afiches de otros, dando aval a la candidatura, esto hizo que se pueda multiplicar la cantidad de publicidad, haciéndole trampa al decreto.
Es importante reconocer que esta situación que se presentó en el municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, no es única dentro del periodo electoral, ya que en situaciones anteriores se han presentado actos irregulares y no cumplimiento con la normatividad; por lo tanto, este sigue perpetuándose por la falta de eficacia y deber ético de los organismos competentes, beneficiándose del desconocimiento de la población bugueña convirtiendo estos hechos en inexistentes, un mal que ocurre cada elección.
