La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), también es conocida como Justicia Especial para la Paz y es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y se juzga a los integrantes de la guerrilla de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el conflicto armado colombiano. La presidenta de la JEP es la abogada Patricia Linares, quien fue designada en septiembre de 2017 por el Comité de Escogencia del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, está vigente en Colombia desde marzo de 2017 cuando fue aprobado en el Senado y afecta a los delitos cometidos durante el conflicto armado hasta la firma de los Acuerdos de Paz (24 de noviembre de 2016) entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla.
Es utilizada como sistema de rendición de cuentas con el objetivo de satisfacer los derechos de las víctimas, con la tarea de esclarecer “en el contexto y debido al conflicto armado, en particular los delitos más graves y representativos” para poner punto final a más de medio siglo de conflicto armado. La JEP cumple y cumplirá con el deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar debido al conflicto armado.
Los objetivos generales de la Jurisdicción Especial para la Paz son:
- Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia.
- Ofrecer verdad a la sociedad colombiana.
- Contribuir a la reparación de las víctimas.
- Contribuir a luchar contra la impunidad.
- Contribuir al logro de una paz estable y duradera.
- Adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, respecto a hechos cometidos en el contexto y debido a este.
La JEP cubre el territorio nacional desde la sede en Bogotá y con 23 equipos territoriales en 26 ciudades o municipios. 10 de los equipos cuentan con presencia permanente de La Unidad de Investigación y Acusación (UIA), el cual es el órgano de la JEP encargado de las investigaciones y del ejercicio de la acción penal cuando los presuntos autores individuales o colectivos de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario no reconocen verdad plena o responsabilidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, a lo largo de más de dos años de funcionamiento de la JEP, es importante resaltar las cifras del proceso de la misma durante ese periodo, UNIMINUTO Radio le muestra la JEP en cifras, con datos hasta el 3 de julio de 2020 otorgados por la misma Jurisdicción.
Se debe resaltar que 12.540 personas suscribieron actas de compromiso y sometimiento a la JEP, entre ellas 9.742 (77.7%) vinculadas a las FARC, 2.686 (21,4%) personas de la fuerza pública, 100 personas (0,8%) de agentes del Estado diferentes a la fuerza pública. Agregando a lo anterior, las solicitudes de sometimiento en trámite judicial en asuntos repartidos en personas hay 1.840 de la fuerza pública, 175 agentes del Estado diferentes a la fuerza pública y 766 en terceros.
Por otra parte, si se refiere a las libertades transitorias condicionadas y anticipadas a miembros de la fuerza pública y terceros, han sido concedidas 355 y 109 han sido negadas. De las libertades condicionadas otorgadas a excombatientes, 1.595 han sido denegadas y tan solo han sido concedidas 207.
Los informes recibidos por parte de organizaciones de víctimas e instituciones del Estado son en total 279. Añadiendo a lo anterior, en las solicitudes de garantías de no extradición recibidas, van 66 en garantías de no extradición repartidas, 9 en trámites abocados, 1 concedida, 1 negada y 7 están en trámite.
Al hablar de el número de decisiones judiciales adoptadas en la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, van 2.254, en la sala de definición de situaciones jurídicas van 12.264, en sala de amnistía o indulto son 9.743, en sección de revisión aún están 3.705, en sección de apelación 747, en sección de reconocimiento de verdad y responsabilidad propias hay 139 y en movilidad 1.340, en sección de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad propias 249 y en movilidad 1.046 para tener un total de decisiones judiciales adoptadas de 29.101. En amnistías a excombatientes de FARC se han tomado 1.636 decisiones a fondo de las cuales 237 han sido concedidas, y 1399 han sido denegadas.
Por último, en los macro casos abiertos por la JEP se encuentran: Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP, situación municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas en el departamento de Nariño, muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, situación territorial en la región de Urabá, situación territorial Norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) y el reclutamiento de niños y niñas en el conflicto armado.
JEP-en-cifras-julio-3-de-2020