Por: Gustavo Montes Arias.
El municipio de Jericó es reconocido en Colombia y el exterior por sus atractivos y cualidades. La “Atenas del Suroeste”, nombre popular, brilla por ser uno de los pueblos patrimonio de Colombia, lugar de balcones coloridos y casas de corredores envolventes, fiestas de colores y cometas, tierra natal de Laura Montoya, la única Santa colombiana, y retrato de la cultura antioqueña en el cine.
El pueblo está ubicado en la región suroeste del departamento de Antioquia, a 104 kilómetros de distancia de Medellín, tramo que se recorre en un tiempo aproximado de tres horas y que permite llegar a una tierra de paisajes y riqueza cultural, económica y ambiental. Su ubicación estratégica lo hace uno de los puntos de mayor biodiversidad en el planeta.
Justo hasta este lugar llegó, en 2014, la compañía minera AngloGold Ashanti, una firma sudafricana que, como la guerra y la violencia, no ha sido bien recibida en estos territorios sagrados. Su motivación: explorar posibles pozos subterráneos de minerales para exportación. Allí encontraron el que es hoy uno de los proyectos más grandes del país, la Minera de Cobre Quebradona.
AngloGold Ashanti es la tercera compañía minera más grande del mundo. En 2017 alcanzó a producir 3,8 millones de onzas de oro y tiene presencia en cuatro puntos distintos del mundo. Actualmente está al frente de 20 proyectos de extracción de minerales en América, África, Sudáfrica y Oceanía. Durante catorce años, la empresa ha desarrollado procesos de exploración en Colombia, pero aún no inicia con extracción y exportación de minerales en ninguno de los tres proyectos que tiene en el país. Según la firma, su inversión ha sido de más de mil millones de dólares en el territorio nacional.
Quebradona: la mina de la discordia
El resultado de la llegada de AngloGold Ashanti a Jericó fue el descubrimiento de cinco yacimientos minerales, que pretenden hacer de Jericó y el suroeste un distrito minero. El primero de estos es conocido como Nuevo Chaquiro, en la zona rural del municipio. Allí la multinacional asentó las labores intensivas de exploración y planeación del proyecto Minera de Cobre Quebradona.
Este ideal de minería subterránea busca extraer y exportar 2,9 millones de toneladas de concentrado polimetálico de cobre, oro y plata, que se encuentran a una profundidad de 400 metros bajo tierra. El área total de la concesión es de 7.593 hectáreas de las que, según la compañía, solo serán intervenidas 471.
La duración del proyecto es de 38 años. Este tiempo comprende cuatro años de construcción de la infraestructura, veintiún años de producción, tres de cierre y 10 de postcierre, tiempo más que suficiente para alcanzar las cifras de extracción de metales que la compañía espera, amenazando la biodiversidad de la zona norte de Los Andes tropicales, donde se ubica el municipio de Jericó.
Actualmente el proyecto se encuentra en análisis. La firma sudafricana ya realizó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que está siendo revisado por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), máxima autoridad ambiental en Colombia. Según Juan Camilo Quintero,
Pero los daños mencionados como consecuencias que este proyecto representa para el municipio, han abierto la puerta a un debate de posiciones encontradas entre simpatizantes y detractores de la explotación minera.
Además de vaticinios económicos como la generación de entre 300 y 400 millones de dólares por exportaciones cada año, y la suma de seis billones de pesos por concepto de impuestos durante los veintiún años de operación, Minera de Cobre Quebradona ha propiciado la creación de un movimiento que bajo la consigna Salvemos al Suroeste, se encuentra en pie de lucha por el territorio y la vida.
Voces en la contraparte
Ante las palabras y promesas de AngloGold y su proyecto minero en Jericó, una parte de la comunidad sospechó que tal paraíso no podría ser posible. Y en realidad no lo es. De allí surgió Salvemos al Suroeste, una campaña que, según Norman Correa, exdiputado de Antioquia, líder político y ambiental, “es una estrategia comunicacional de concientización de propios y extraños sobre las bondades de nuestro territorio”.
Salvemos al Suroeste, la contraparte de la mina, hizo estudios y análisis del proyecto para conocer los verdaderos impactos. Según ellos, “la gran minería de metales de la multinacional amenaza con destruir nuestra riqueza hídrica, nuestros suelos, fauna y flora, nuestras vocaciones tradicionales, los ecosistemas económicos de nuestra región, la biodiversidad y la vida”.
Un buen punto de partida para analizar la composición cultural y ambiental de Jericó es el Río Cauca. Este afluente hídrico es el segundo más importante de Colombia y atraviesa la Región Suroeste de Antioquia desde los municipios de Venecia y Tarso, pasando por Jericó y llegando hasta Valparaíso, lo que convierte a esta zona geográfica como una de las grandes despensas alimentarias del país, donde la agricultura y la caficultura son dos de las principales vocaciones de los pobladores.
En el caso específico de Jericó, la riqueza cultural, paisajística, arquitectónica y ecológica, hacen del municipio un lugar donde el turismo es renglón principal de la economía. El avistamiento de aves y la presencia de especies endémicas de anfibios y mamíferos, son riquezas que la mina pondría en peligro, esto, en caso de que la ANLA le otorgue a la empresa la licencia de operación.
José Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó y defensor ambiental del municipio, tiene clara su posición: la llegada de AngloGold es una “presencia indeseada”. Durante varios años se ha dedicado hacer claridad a las personas y a las entidades ambientales, así como a concientizar a la comunidad acerca de las verdaderas consecuencias que el pueblo se convierta en la puerta de entrada para la creación de un distrito minero.
Sin embargo, no ha sido fácil seguir adelante. Jaramillo expresa: “hemos encontrado una administración municipal reacia”. Una de las situaciones de mayor complejidad en la defensa, ha sido las intervenciones de la fuerza pública. Según la comunidad, en mayo de 2019, la compañía entró al municipio para instalar unas plataformas de perforación que hacen parte del proceso de exploración. Dicho ingreso se realizó en compañía de personal del Ejército, la Policía y el Esmad, para impedir cualquier oposición por parte de los campesinos.
Juan Camilo Quintero aclara que “ningún funcionario de la compañía se ha enfrentado a personas de la comunidad” y Jaramillo lo ratifica: “No ha habido enfrentamientos, porque los campesinos no han sido violentos”. Sin embargo, aún queda un cabo por atar, al que AngloGold, en su comunicación con Datéate, no hace referencia. Según el coordinador de la Mesa Ambiental del municipio, durante aproximadamente ocho años un contingente del Ejército nacional hizo presencia constante en Jericó, para defender los intereses de la multinacional.
Debido a los problemas en los que se tradujo el tránsito constante de vehículos y personal por el municipio, Jaramillo asegura que “la empresa se comprometió a no circular con vehículos y personal por determinadas carreteras de Jericó” y agrega que “después, la empresa ha intentado ingresar a esos lugares y es allí donde las familias campesinas salen a la carretera”.
El encuentro de versiones entre la empresa, que tiene su centro administrativo en Bogotá, y la comunidad de Jericó, da lugar al análisis de otro tema fundamental para imaginar el futuro de las promesas de AngloGold Ashanti y Minera de Cobre Quebradona: la publicidad engañosa.
Jaramillo asegura: “AngloGold viene desplegando una campaña de desinformación en medios de comunicación locales y nacionales”, por lo que fue necesario “acudir a una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio”, donde hoy tiene curso abierto un proceso contra la multinacional por publicidad engañosa.
Para José Fernando, esta es una empresa mentirosa, como el de las regalías que se promete que llegarán a Jericó. En un debate de control político de la Comisión quinta del Senado de la República, el senador Jorge Enrique Robledo indicó que “no es verdad que con la minería todos se vayan a volver ricos, en el caso de Jericó, el municipio apenas adquiere derechos sobre 25 por ciento de las regalías”.
Este líder ambiental agrega que las regalías deben ser divididas entre los municipios de influencia del proyecto. En este caso, Jericó y otros que, según expertos, se verían afectados como Támesis, La Pintada, Fredonia, Tarso, Jardín, Valparaíso y Caramanta. Y concluye: “Entendemos que llegarían unas regalías a Jericó, pero, como ocurre en la mayoría de los municipios mineros, van a ingresar a arcas particulares y eso no solucionará ningún tipo de necesidades. Si de verdad se quisiera tener sentido social de parte del Gobierno nacional, se debería impulsar la agricultura, que es la actividad económica que mayor empleo genera en Colombia”.
Más desastres y consecuencias
En la información que respalda a Salvemos al Suroeste, se encuentra que “cerca de las quebradas afectadas por el primer proyecto, la disminución del agua generaría la pérdida del 74% de las especies de mamíferos, del 87% de anfibios y reptiles, y del 40% de las aves”. Para comprender esto es importante apuntar que en cercanías al proyecto hay cinco fuentes hídricas de gran importancia para el municipio: las quebradas Yolombala, Chaquiro, La Fea, Quebradona e Higuerillo.
Norman Correa aclara: “la legislación minera actual en Colombia permite que casi cualquier territorio del país sea solicitado a través de un título minero, si cumple con los requisitos para explotación del subsuelo; lo que no tiene en cuenta esta legislación son las vocaciones del territorio, su historia, cultura y autodeterminación”.
Según Correa, debe considerarse que el desarrollo de este proyecto, aunque espera abrir campo a unos cuatro mil empleos y pagaría cerca de 250.000 millones de pesos en impuesto de renta cada año, propiciaría un cambio de la vocación agrícola, caficultora y turística, haciendo de Jericó tierra fértil para la migración de personas, el alcoholismo, la prostitución, la destrucción del tejido social, la relación con grupos al margen de la ley y la cancelación de proyectos de gran impacto como el Parque ecoturístico que la Caja de compensación Comfama construiría en el valle de Jericó, decisión de la que se abstuvo pese a haber adquirido los predios desde 2018, por la influencia paisajística de la mina.
La subsidencia del terreno de construcción por al menos 73 hectáreas y la producción de aproximadamente 120 millones de toneladas de relaves filtrados, son consecuencias que la firma minera acepta que traerá el proyecto. Sin embargo, Quintero asegura que serán atenuadas con la innovación de sus prácticas de trabajo: “Quebradona será referente de minería 4.0 por el uso de las tecnologías más sofisticadas del mundo, minimizando los impactos ambientales”.
Campanas de licencia
Si bien la lógica de las consecuencias hace pensar que la mina no debe recibir licencia de funcionamiento, académicos y expertos mencionan dos puntos fundamentales que reposan en la decisión de este proyecto.
El primero es que en caso de que la licencia sea aprobada, la comunidad podrá acudir a un recurso de apelación, en el que el Estado, en caso de perder la disputa legal, debe indemnizar a la comunidad con recursos que saldrían de los impuestos de los colombianos. El segundo es la esperanza del Gobierno nacional de que la industria minera sea la palanca que ayude al país luego del coletazo económico por la pandemia del Covid-19.
Respecto a la reactivación económica, Norman Correa menciona: “en la reactivación necesitamos a todos los sectores, incluida la minería, pero la luz de adelante la deben llevar los sectores agrícola y agroindustrial, que nos proveen de comida. De ahí para allá, que se monten en el bus la tecnología, el turismo, la construcción, los servicios, en fin, pero poner la minería en el foco es un exabrupto”.
Aún no es clara la fecha exacta de concesión o negación de la licencia por parte de la ANLA para Minera de Cobre Quebradona. Datéate intentó comunicarse con Carlos Alonso Rodríguez, Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de la entidad, para aclarar dudas al respecto, pero hasta la fecha de la publicación de este reportaje, no se recibió respuesta.
Correa apunta, respecto a su paso por la Asamblea Departamental de Antioquia en lo que tiene que ver con minería, que se dejó listo “un instrumento valioso como el Plan de Ordenamiento Territorial (ordenanza 31 de 2019), que en su artículo 113 limita la minería al 15 por ciento del territorio de Antioquia”. Y agrega: “Coincidimos con el gobernador Luis Pérez en las siguientes premisas: minería sí, pero respetuosa del agua; con proyecto social debajo del brazo; pagando impuestos; con cero uso de mercurio”.
Por su parte, José Fernando Jaramillo agrega que “en el año 2017 trece municipios de la región aprobaron acuerdos municipales prohibiendo la minería metálica en sus jurisdicciones”. La razón: la minería en Jericó y el suroeste antioqueño “significa acabar con una región de paz, producción y campesinado. Significaría acabar con un reducto importante donde la vida todavía tiene valor”.
Gran parte de la comunidad jericoana y del país, respecto a la estrategia de protección de la región suroeste, considera, como lo menciona Correa, que “esa unión de voces locales y regionales es tan sólida y auténtica en sus argumentos, que ni todas las dádivas, lobby y dinero de AngloGold Ashanti, es suficiente para comprar la licencia social”. Y agrega: “Esperamos y confiamos que la ANLA esté a la altura de los intereses del territorio y no de los lobbystas en Bogotá”. Finalmente invita a los lectores a firmar la petición #SalvemosAlSuroeste en la plataforma www.change.org.
En este debate hay muchas fuerzas por equilibrar. Es importante definir, tomando las palabras del periodista y escritor de raíces jericoanas Héctor Abad Faciolince, si se le dice sí a la vida y no a la mina o, de forma lamentable, no a la vida, sí a la mina, y esperar las consecuencias.