El Consejo de Gobierno de la monarquía inglesa, quien funge como máxima autoridad del Reino Unido, ratificó que esta medida entrará en rigor desde el próximo 9 de septiembre hasta el 14 de octubre, ratificando la posición del euroescéptico premier quien tomó la decisión para evitar las acciones de la Camara de los Comunes, de mayoría laborista y opositora al conservatismo que impulsa la medida de romper tajantemente todo vinculo de la Mancomunidad Británica con la Union Europea sin ningún tipo de condicionamiento.
Los laboristas, que lidera Jeremy Corbyn, acusan a Johnson de usar a la Reina, quien mantiene cierto distanciamiento de temas políticos desde que asumió sus funciones reales en 1953, de ponerla a ella y al país en una situación comprometedora que conllevaría a una crisis institucional sin precedentes, tan solo por imponer un “Brexit” duro, que afectaría a varias regiones como a Escocia, quien recibe importantes recursos económicos de sus negocios con el bloque europeo; e Irlanda del Norte, donde de imponerse al cierre de la frontera con sus vecinos del sur, desencadenaría nuevamente el conflicto entre los pro-britanicos anglicanos y los irlandeses de confesión católica.
Mientras entra en rigor esta polémica medida, que culmina el día en que la soberana comparece ante las cámaras de los comunes y los Lores para presentar su informe de gestión, quienes optan por la opción de tener un retiro menos dramático del eje común y los que propugnan por su permanencia, agotarán todas las instancias posibles para evitar la aplicación del retiro sin negociaciones y sin un acuerdo durante las próximas dos semanas que le restan a la presente legislatura. Si para el 31 de octubre, no se llega a un consenso sobre este tema, la Unión Europea procederá a retirar de facto al Reino Unido y le retirará los beneficios que gozaban al ser miembros comunitarios como el libre comercio y transito de ciudadanos desde y hacia las islas británicas.
