La justicia estadounidense desestimó la petición de Francisco Santos en la que argumentaba que “El Gobierno de Colombia apreciaría la rápida implementación de los pasos necesarios para asegurar que el señor Arias pueda ser liberado bajo fianza, para que él pueda pasar tiempo con su esposa y sus pequeños hijos, especialmente durante la temporada de días festivos.
“El señor Arias no representa un riesgo de huida y, únicamente basados en motivos humanitarios, su liberación inmediata tendría un gran impacto en su familia e hijos”, dijo el embajador.
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos argumentó que negaba la libertad bajo fianza pues, “Para nosotros el exministro Andrés Felipe Arias sigue siendo un riesgo de fuga y mucho más ahora cuando se hace inminente su extradición (…) El hecho de que el embajador Francisco Santos, en su carta, haya concluido que él no es una persona en riesgo de fuga, nosotros no lo consideramos. Creemos que él sí lo sigue siendo”.
En el documento, presentado por la justicia estadounidense, constituido por 12 hojas, se explican las razones por las que se considera que Arias es una persona que sí se podría escapar de la justicia y añade que en caso de que el exministro no representara riesgo de fuga, tampoco sería procedente la libertad bajo fianza porque, según se explica en el documento, es un caso de extradición que ya está en marcha.
En septiembre de 2014 la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 17 años y 4 meses de prisión por su participación y conocimiento en los hechos que rodearon el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Por estos hechos fue hallado responsable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.
Arias estaba buscando un asilo político en Estado Unidos, pero debido a la orden de detención vigente en Colombia, las autoridades norteamericanas tomaron el caso y tras investigaciones, negaron la extradición al ex-ministro a Colombia.
Arias fue sancionado por tres instancias distintas: “La condena de la Corte Suprema de Justicia de 17 años por múltiples delitos, la de destitución por 15 años para ocupar cargos públicos que le impuso la Procuraduría de Ordóñez, y la sanción que le impuso por detrimento patrimonial la Contraloría de Sandra Morelli por más de 10.000 millones de pesos
