Durante el encuentro Tejiendo verdad desde la diversidad sexual y de género en el Eje Cafetero, los ponentes expusieron que las principales afectaciones hacia esta población fue el desplazamiento, amenaza, homicidio y violencia sexual.
Hasta la fecha 9 millones de víctimas se han acogido a los programas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero solo hay 3 mil registros de personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ debido al miedo de contar la verdad y a que hay problemas para registrarse en algunos territorios.
El miedo y la unión
Shaira Franco, vocera de Las Guapas, colectivo en apoyo a las mujeres trans, cuenta que fue desplazada forzosamente a la edad de 11 años por su orientación sexual, lo que implicó dejar a su familia, instalarse en una ciudad desconocida y sanar los traumas que tuvo hasta que 19 años después pudo regresar a su tierra.
Además cuenta que muchas personas aplazaron sus orientaciones sexuales por el conflicto, pero también por otros agentes cómplices de estos ataques violentos a la población como la comunidad, la iglesia y hasta su familia bajo concepciones moralistas.
Sin embargo, es consciente de que esta y muchas más problemáticas continúa hasta hoy y se ven reflejadas en múltiples atropellos hacia las mujeres transexuales. Ante esto se juntaron para combatir las problemáticas mediante las organizaciones y así garantizar que nadie pase por encima de sus derechos, victimizándolas y quitándole validez a su palabra.
“Sabemos que hay una cantidad de derechos, pero cuando eres una persona LGBTIQ es más complicado llevar cualquier tipo de caso, por eso hemos hecho ‘Juntanzas’ “, afirmó Franco.
El papel de la sociedad en la violencia
En el encuentro, los expertos afirman que el conflicto dio un permiso para ejercer violencia sobre las personas de la comunidad LGBTIQ con la excusa de que “no merecían vivir” y esto además de generar violencia, los excluyó de muchas políticas públicas a las que la mayoría de personan tienen acceso.
Adicionalmente todavía hay incapacidades institucionales que no tienen interés en analizar sus denuncias, culpabilizaciones e investigaciones, negándoles el derecho al disfrute de la sexualidad, tener hijos, oportunidades igualitarias, entre otras.
A pesar de esto, Sebastián Giraldo, investigador de Risaralda dice que en los diferentes informes no parece importante hablar sobre cómo los actores armados ilegales dañaron los espacios de recreación, los lazos afectivos y las redes de apoyo para evitar que se reunieran y así vincularlos forzosamente.
Y cuando no eran los actores armados ilegales, era la fuerza pública los que atacaban a esta población más que las demás víctimas del conflicto, pero a diferencia de los demás sectores no tuvieron ningún acompañamiento psicosocial en tema de género, tuvieron que sobrevivir a solas y no les fueron reconocidos sus derechos.
“Las violencias que recibieron las poblaciones LGBTIQ estaban antes, durante y después del conflicto armado por un carácter histórico, sistemático y estructural que generan una circularidad de la violencia”, añadió el investigador.
Prácticas de exterminio
Según Vanesa Londoño, vocera de la Dupla de Género de la Defensoría del Pueblo, en lo corrido de la historia se han implementado prácticas de exterminio hacia las personas de la comunidad LGBTIQ con intencionalidad genocida para acabar con la comunidad a nivel nacional.
Lo cual les ha arrebatado el libre derecho de movilizarse en el espacio público o son víctimas de la aplicación de políticas selectivas y señalamientos generados por estereotipos y prejuicios que alimentan una imagen negativa por parte de la sociedad hacia ellas en las que hacen ver a la comunidad como peligrosa.
“Considero que hoy en día no se realizan procesos de asesinato colectivo, sino en goteo, pero quieren acabar con la población y callarla infundiendo miedo para transformar la identidad de las personas”, aseguró Londoño.
Reivindicar a las víctimas
La detección temprana de intento de exterminio, el respeto incondicional, dejar a un lado las excusas, reconstrucción de memorias vivas y la búsqueda de la justicia son algunas acciones que han emprendido los movimientos sociales LGBTIQ para defenderse.
En ese sentido, Alejandra Coll, investigadora del Grupo de Género de la Comisión de la Verdad, busca integrar la perspectiva de género junto con la institución para reflexionar sobre las violencias a los que se vieron enfrentadas estas personas.
“Las personas LGBTIQ han sido victimas del conflicto pero también han participado activamente de la reconstrucción del tejido social, cultura, prácticas sociales”, opinó la investigadora.
Así mismo, expone las responsabilidades y convenios que se han hecho con estas organizaciones para defender sus derechos, el proceso autónomo de investigación que han realizado estas comunidades y la recolección de experiencias y su compilación en el Centro de Memoria Histórica, aclarando que no todas las personas de la comunidad son iguales, sino que cada proceso ha sido diferente.