El senador y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, se pronunció nuevamente acerca de lo que, para él, debería ser el futuro de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), documento que está ahora en manos del presidente de la República, Iván Duque.
Uribe afirmó que es pertinente hacer varias modificaciones al documento, pues ni él ni su partido han estado de acuerdo con el Sistema de Justicia Transicional, que nació después de la firma de los Acuerdos de Paz en La Habana.
“Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con la JEP pero, ante los hechos, lo que hemos procurado es que haya algunas reformas”, indicó Uribe, añadiendo que aunque la Corte Constitucional aprobara la norma, es un deber del Presidente de la República objetarla “por razones de conveniencia”.
Para el hoy senador, es responsabilidad del mandatario revisar de manera minuciosa en aspectos puntuales referidos en la Ley y objetarlos, en especial, con lo relacionado a la extradición.
“Debe quedar claro que por delitos cometidos después del 1 de diciembre de 2016 o que hubieran continuado después de esa fecha, debe haber extradición sin dilaciones”, enfatizó Uribe.
Cabe resaltar que ante la controversia de objetar o no la Ley Estatutaria, Uribe ya se había pronunciado a través de su cuenta de Twitter proponiendo que en vez de modificar el documento, se elimine por completo la JEP.
Voces contrarias a la posición de Uribe Vélez se han manifestado a favor de la aprobación completa de la Ley: una de ellas es la del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, quien envió una carta el 15 de febrero al Presidente de la República pidiendo no objetarla.
A través de la misiva Carrillo expresó que, dados los esfuerzos del Estado colombiano en lograr un acuerdo de paz con las FARC, lo mínimo que se debe hacer ahora, con la nueva administración es cumplir con lo acordado.
“Constitucionalmente no es admisible la formulación de objeciones presidenciales en este trámite legislativo, sin perjuicio de que con posterioridad se formulen debates de política pública en relación con la materia regulada, que puedan derivar en ajustes o actualizaciones de dicho Estatuto”, aseguró el jefe del Ministerio Público.
Así mismo, el exjefe del equipo negociador con las FARC, Humberto de la Calle, afirmó que, sin lugar a dudas, la Ley Estatutaria debe ser aprobada en su totalidad, porque es allí donde se define el correcto funcionamiento de la JEP.
“Allí se encuentran las definiciones que permiten el funcionamiento de la JEP. Aunque los principios generales quedaron en la Constitución, es muy difícil operar sin ley. Esto puede generar discusiones interminables en el interior del organísmo”.
Agregó De la Calle que, de ser objetada la Ley se aplazaría su vigencia y ello impediría decidir el futuro de los responsables en el conflicto armado colombiano.
“Hay quienes critican a la JEP porque no hay condenas. Es un contrasentido ahora promover las objeciones presidenciales con lo cual vendrá un aplazamiento muy nocivo” indicó De la Calle. Por lo pronto, Duque tiene plazo hasta el 8 de marzo para definir la suerte de una Ley que establece cómo se debe regular el Sistema de Justicia Transicional en el país, y la cual, permitirá a los magistrados de la JEP tomar decisiones autónomas.