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Lo que el COVID se llevó

Durante 2020 se dieron a conocer una serie de denuncias por irregularidades presentadas en centros de salud, clínicas y hospitales de diferentes zonas del país, referidas a la toma de pruebas para COVID-19 y a la entrega de resultados. Esto puso en duda la veracidad de la información y realización de procedimientos de varias instituciones de salud.

Por: Melissa Díaz Quevedo

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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el nuevo Coronavirus (COVID-19) es una emergencia en salud pública de importancia internacional que causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), además de producir síntomas tales como fiebre, tos, secreciones nasales, dificultad para respirar y malestar general. El primer caso de Covid-19 en Colombia fue reportado por los medios el 6 de marzo de 2020. La primera muerte fue confirmada el 21 de marzo, y el 25 del mismo mes se expidió el Decreto 847 de 2020, por el cual se declaraba cuarentena nacional obligatoria. 

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Según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), para detectar el virus se utilizan tres tipos de prueba: la RT-PCR (detección de ácidos nucleicos), la prueba de detección de antígenos y la prueba para detección de anticuerpos. La prueba RT-PCR detecta si hay presencia de material genético del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en una muestra obtenida del paciente, que se extrae con un hisopo largo por alguno de los orificios de la nariz.

El Ministerio de Salud, en la guía ‘Gestión de las intervenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad’, especifica el perfil médico de las personas a las cuales se les debe realizar la prueba molecular RT-PCR. Entre esas se encuentran aquellas que fallecen por probable COVID-19 en las primeras 6 horas post mortem. Esta prueba puede tardar entre 3 y 48 horas según la disponibilidad del laboratorio. 

El lunes 30 de marzo había 798 casos confirmados en el país por Covid-19. Bogotá era la ciudad más afectada con 350 contagiados y 12 era el número total de personas fallecidas en el territorio nacional. La preocupación de que la cifra continuara en aumento y provocara un colapso en el sistema de salud obligó, no sólo a guardar la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, sino a adoptar medidas que frenaran y evitaran el contagio.

Entre varias que se tomaron, el Ministerio de Salud y de Protección Social publicó en el mismo mes la ‘Guía de orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por Covid-19’, que indicaba que todo fallecido por el virus debía ser cremado al igual que los casos probables o por sospecha.

Según el subtítulo diecisiete: “La disposición final del cadáver será preferiblemente mediante cremación. Cuando no se cuente con este tipo de instalaciones en el territorio donde ocurrió el deceso, se practicará la inhumación en sepultura o bóveda. En todo caso, el alistamiento del cadáver se realizará siempre en el lugar del deceso y no se permitirá el traslado hacia otra ciudad o municipio para su disposición final”. 

Sin embargo, esta última medida relacionada con las defunciones generó una ola de rumores e inquietudes, sobre todo en los familiares de los pacientes fallecidos por sospecha de COVID-19; al punto que crecieron las especulaciones sobre la posibilidad de que diferentes centros de salud recibieran dinero por la cantidad de fallecidos que reportaran. 

El Cartel del Covid

El 25 de mayo de 2020, la Clínica de Especialidades Corposalud S.A.A., publicó en su cuenta de Facebook un comunicado oficial que cita la Guía de orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por SARS-COV-2’, y aclara que las actividades hechas por el centro se desarrollan dentro del estricto marco legal y reglamentario. Esto, después de haber sido presentada una denuncia, en el departamento de Nariño, por la cremación sin autorización familiar del cuerpo de un paciente que no presentaba síntomas relacionados al virus. 

La emisora colombiana La Bakanisima Taraza, en junio 9 de 2020, publicó un post alarmante en su página de Facebook. Allí, la emisora explicaba que en el país continuaban las denuncias en contra de centros de salud, hospitales e incluso funerarias, por hacer pasar enfermos comunes como enfermos por COVID-19 con el fin de lucrarse.

“En Barranquilla, murió una mujer guajira de 39 años, directora de una escuela en el casco rural del municipio de Dibulla. La mujer padecía Cáncer terminal, y, sin embargo, fue cremada porque, según el hospital, estaba enferma de Covid-19. Finalmente, la Secretaría de Salud llamó a sus familiares para pedirles disculpas porque la prueba había salido negativa”

Ilustración de Briam Hernández

Con esta acusación, la Alcaldía de Barranquilla decidió explicar, a través de un comunicado de prensa, los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud para el manejo de pacientes con COVID-19. El comunicado reiteraba que todo paciente sospechoso de portar el virus debe mantenerse aislado de su familia, y en caso de fallecer debe hacerse el procedimiento de cremación para prevenir contagios en la comunidad general. Según el comunicado de la Alcaldía de Barranquilla: “Las instituciones de salud no pueden sentirse acusadas. Ellas están haciendo un gran esfuerzo en esta emergencia y su personal se está exponiendo cada día para atendernos y proteger la salud de todos”.

El mismo 9 de junio, la Secretaria Departamental de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, también respondió a denuncias similares, y declaró a través de un comunicado oficial de la Gobernación del Valle del Cauca que las acusaciones contra las instituciones médicas eran falsas. “Decir que estamos dejando más personas en UCI de las que son y que de cada persona que llega mal señalamos que su causa de muerte es COVID-19 para ganar recursos, no está bien (…) Nosotros no estamos cobrando 30 millones de pesos por cada persona que muera por COVID, el pago por los pacientes que han requerido este servicio no ha empezado a ocurrir y este cobro se dará por la atención integral, eso vale la atención integral de una persona en UCI sin importar si sale viva o muerta”. 

Sin embargo, el rumor mantuvo relevancia mediática a tal punto que el 17 de junio, en una Sesión Plenaria del Concejo de Cali, la concejal María Isabel Moreno Salazar hizo una alerta sobre la gravedad de pacientes fallecidos y cremados, sin la autorización previa de sus familiares. Las crecientes denuncias realizadas por la comunidad del Valle en cuanto a la prestación de servicios de algunas clínicas y centros hospitalarios, con respecto a personas que llegaban con otras patologías pero que por algún motivo resultaron clasificados o tratados como pacientes COVID-19, nutrieron la idea de un posible cartel, que se estaría lucrando por cada muerto reportado a causa del virus. 

No sólo se hicieron visibles las denuncias sobre la cremación de pacientes que fallecieron por haber entrado en la clasificación por posible caso del virus, sino también en la irregularidad de la toma de pruebas en pacientes vivos y en pruebas post mortem. El 24 de noviembre, la Secretaria de Salud de Pereira, Ana Yolima Sánchez, confirmó: “Dentro de los hallazgos de nuestro equipo de salud se pueden destacar en algunas clínicas aspectos por mejorar como la falta de especificación de la información en el manejo de cadáveres (…) además de falencias en las pruebas post mortem para confirmar casos positivos en cadáveres”. Con nueve meses de diferencia desde el primer caso de COVID-19 y siete desde las denuncias ya mencionadas, las irregularidades continuaban en varios centros de salud.

¿Negligencia médica?

“Ese lunes, a las seis de la tarde, mi papá no podía respirar y mi mamá decidió llevarlo al médico para que lo atendieran. Nunca pensé que no lo volvería a ver. Que ese sería el último adiós”. Son las palabras de Grey Helena Castaño al recordar a su papá antes de verlo subirse a un taxi que lo trasladaría al centro de salud en convenio con su EPS. 

Wilson Castaño sufría de asma hacía veinte años, pero llevaba dos sin que le diera una crisis. Su hija cuenta que en ningún momento presentó algún síntoma relacionado con el virus: creyeron que estaba teniendo un ataque de asma. Sin embargo, ese 18 de mayo se trasladó en un taxi junto con su esposa al Policlínico del Olaya a donde llegó sin signos vitales. El médico de turno en urgencias trató de revivirlo, pero, según sus palabras, “ya no había nada que hacer”. 

El dolor para la madre de Grey Helena se haría más fuerte cuando el mismo médico le informara que su esposo era un posible caso de COVID-19, porque tenía todas las vías respiratorias llenas de mucosa, y que en consecuencia mandaría el reporte a la Secretaría de Salud. Castaño, junto a su otra hija, que había llegado minutos después, le explicó al doctor la situación de salud de Wilson: le pidió que revisara la historia clínica que se encontraba allí mismo, en el Policlínico, por ser el centro donde siempre recibía atención. “El médico no las escuchó y lo reportó como caso sospechoso ante la Secretaría. Mi mamá y mi hermana se quedaron toda la noche esperando a que les dieran una respuesta. No fue hasta la mañana siguiente cuando el otro médico de turno hizo la revisión de la historia clínica. Allí dijo que efectivamente se trataba de un error pero que no podía hacer nada al respecto”. La prueba post mortem llegó a los veinte días de haberla practicado y, como esperaba la familia, el resultado dio negativo.

Denuncias sobre situaciones similares ocurrieron en varias zonas del país. Es el caso de Auris Fontalvo, mujer de 81 años, que ingresó con fractura de fémur y con sospecha de posible infección por SARS-COVID-19, a la Clínica General del Norte. La institución, a través de un comunicado de prensa, aclaró que, al tratarse de un caso por sospecha, el cuerpo debió ser cremado y que de eso se encargaban los servicios fúnebres autorizados por el Ministerio de Salud. Días después de haber seguido el protocolo, la prueba practicada a Auris Fontalvo salió negativa.

Irregularidades, inconsistencias e interrogantes

En la actualidad existen dudas sobre las pruebas de COVID-19 y su manejo en los centros de salud. Por ejemplo, Georgina Suárez, de 94 años- con diabetes, hipertensión y EPOC-, ingresó a un hospital de primer nivel de Dorada, Caldas, por un cuadro de pulmonía y una posible infección respiratoria. A los cuatro días le dieron de alta, pero continuaba con dificultad para respirar. Su médico personal le dijo a sus familiares que tenían dos opciones: llevarla a un hospital de segundo nivel con personas contagiadas de COVID, o a una clínica particular que no tenía tratamiento especial para el virus. “Decidimos llevarla a la Clínica Vita que se especializa en fracturas. Para poder ingresarla tuvimos que hacerle, por particular, una prueba rápida de COVID que salió negativa. Eso fue el viernes 5 de febrero de este año”, cuenta Jorge Mario Pérez, nieto de doña Georgina. Sigue: “Cuando la ingresaron, me hicieron todas las preguntas sobre su historia clínica y le efectuaron todos los exámenes de rigor”. 

El lunes 8 de febrero les dijeron a los familiares de doña Georgina que tenían que practicarle una prueba molecular para descartar el contagio del virus actual. A pesar de no entender las razones —teniendo en cuenta que le habían hecho una apenas tres días antes—, la familia accedió y, a las cinco de la mañana del día siguiente, se la practicaron. El resultado llegó tres días después: lo más raro no fue que saliera positiva sino la incoherencia en la fecha de la prueba: “La enfermera a cargo nos dijo que se la habían tomado el martes 9 de febrero en la madrugada. El resultado arrojaba que se la habían practicado el viernes 5 de febrero, el mismo día que la habíamos ingresado a la clínica. Nosotros no descartamos que por alguna razón se haya contagiado con el virus, pero nos queda la duda de por qué la fecha no coincide”. La familia de doña Georgina tomó la decisión de sacarla de la clínica para que falleciera al lado de sus hijos, luego de que los médicos aseguraran que no había nada que hacer porque no respondía a los medicamentos. Sin embargo, después de salir de la clínica mejoró y el 6 de marzo del presente año cumplió noventa y cinco años, fecha en la que estaba totalmente recuperada.

El duelo en pandemia

Varias familias perdieron a familiares en condiciones similares a las de la familia de Grey Helena: no pudieron realizar los servicios fúnebres, hecho que afectó su manera de asumir el duelo. La psicóloga Paola Uribe, de la Universidad de la Sabana, asegura que la pérdida de un ser querido en la situación de pandemia deja bastantes impresiones emocionales: “Esto produce procesos de negación, de ira y tristeza prolongadas; es un duelo enrevesado en el cual la etapa de aceptación toma buen tiempo y, en algunos casos, necesita de acompañamiento profesional”. 

Por otro lado, la psicóloga Erika Rojas, de la Universidad Católica, explica que es una situación muy nueva para la que nadie estaba preparado: “No es un proceso tan sencillo y no se trata de buscar culpables. Estamos hablando de una pandemia para la cual el país no contaba con los recursos necesarios al igual que el cuerpo de salud. Es una época donde todo parece ser COVID y donde los síntomas pueden confundir a los médicos”. También asegura que, aunque el duelo llega a ser muy doloroso para las familias, se han encontrado otras formas de vivirlo que van de acuerdo a la emergencia sanitaria. Según su consejo, lo mejor que se puede hacer es consultar la ‘Guía para las personas que sufren una pérdida en tiempos de Coronavirus’, publicada por distintas profesionales y especialistas en duelo y pérdida. 

Sin duda, aún quedan interrogantes por resolver; y las respuestas a las denuncias se apoyan en las medidas tomadas por el Ministerio de Salud y en la premisa según la que el país no estaba preparado para la emergencia. Lo que sí es claro es que el COVID-19 no sólo se llevó la vida de muchas personas, sino la cotidianidad de la vida como se conocía y la confianza en los centros médicos de varias zonas del país.

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