Por: Camilo A. Castillo
Durante el último año el mundo ha sido testigo de diferentes movilizaciones sociales que han servido para abrir el debate sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales. Países como Chile y Francia, han replanteado y modificado sus estrategias para intervenir en las protestas, a raíz de las múltiples denuncias por violaciones de derechos humanos.
Estas modificaciones, en casos como el de la ‘Ley Antiquiebre’ en Francia, han generado polémica pues han incluido artículos que buscan disuadir a la población y evitar que las personas salgan a las calles a manifestarse, situación que ha ocasionado aún más descontento entre los ciudadanos.
Por el lado de Bogotá, la alcaldesa de la ciudad Claudia López, anunció la semana pasada su estrategia en términos de intervención y seguridad para la protesta social, con el que busca priorizar el diálogo sobre el uso de la fuerza. En Dateate les contamos cómo funcionan dichos protocolos en otros países del mundo.
Francia
El nacimiento del movimiento de los chalecos amarillos, a causa del alza en el precio de los combustibles en octubre de 2018, sirvió para que diferentes movimientos con reivindicaciones de tipo social pusieran en jaque al gobierno de Emmanuel Macron.
En Francia, la protesta es un derecho consagrado en la constitución y las personas tienen libertad para expresar sus opiniones. Sin embargo, la ley hace énfasis en que las autoridades públicas deben garantizar la seguridad de los ciudadanos y de la propiedad.
Es por eso cualquier concentración debe ser notificada a las autoridades locales tres días antes de que esta vaya a ser realizada. En cualquier caso, la policía (gendarmería), por orden del Ministerio del Interior, tienen la potestad de intervenir en cualquier manifestación si consideran que existe una alteración del orden público.
¿Cuándo es valido aplicar el uso de la fuerza?
El uso de la fuerza solo se puede aplicar bajo el concepto de la necesidad absoluta y el de la proporcionalidad. Sin embargo, para llegar hasta este punto es necesario que un representante del Estado considere que hay motivos suficientes para dispersar a las multitudes.
Además, para que el uso de la fuerza esté justificado, la gendarmería debe seguir un protocolo de tres fases, presente el artículo 412- 3 del Código Penal francés. Estas etapas son llamadas ‘convocatorias’ y deben ser utilizadas en el siguiente orden:
- El primer anuncio de las autoridades es una llamado al cumplimiento de la ley y a dispersarse.
- Posteriormente la gendarmería hace el primer anuncio de intervención: “Primera convocatoria: vamos a utilizar la fuerza”, dicen.
- Si no logran dispersar a los manifestantes realizan un segundo anuncio: “Segunda convocatoria, vamos a utilizar la fuerza”, dicen.
El uso de armas solo se puede aplicar después del segundo aviso y elementos como gases lacrimógenos tras el tercero. Otro aspecto clave, es que si existe un caso de “violencia extrema o asalto” en contra de los gendarmes, estos pueden hacer uso de la fuerza sin previo aviso.
Este último punto es el que más polémica ha generado entre los manifestantes franceses y ha llevado a que miles de ciudadanos salgan a las calles, no solo a exigir el aumento del poder adquisitivo y la organización de un Referendo de Iniciativa Ciudadana (con el objetivo de modificar la política fiscal del país), sino a manifestarte en contra del abuso policial, aumentando la espiral de violencia y dejando decenas de muertos.
La policía puede disipar a una multitud después de que dos convocatorias para dispersarse siguieron siendo ineficaces [y] enviadas en las condiciones previstas por el artículo L. 211-9 del código de seguridad interna
Artículo 412- 3 del Código Penal
Es por eso que a principios del 2019 el Parlamento francés aprobó la Ley Antiquiebre (Loi anticasseurs) con la que busca prevenir y combatir acciones violentas durante manifestaciones y bloqueos en el marco de las protestas de los chalecos amarillos.
Sin embargo, dicha ley, ha originado rechazo pues le da potestad a las autoridades de prohibir la participación en manifestaciones a personas que consideren “una amenaza de particular gravedad para el orden público”, entre otras medidas arbitrarias.
Chile
Un alza en el precio de transporte público fue el detonante para que miles de chilenos salieron a las calles a manifestarse. El saldo desde que se iniciaron las protesta, el 18 de octubre de 2019, ha sido de más de 30 muertos, cerca de 4.000 hospitalizados y 442 querellas de personas que aseguran ser víctimas de lesiones, tratos crueles, torturas y abusos sexuales homicidios por parte de la fuerza pública.
Estos sucesos han generado la indignación y el rechazo de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, quienes en noviembre del año pasado entregaron un informe con evidencia sobre el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes, y solicitando con urgencia una reforma policial.
Es importante resaltar que desde el 1 de marzo de 2019 existe un nuevo protocolo para la intervención de los carabineros en manifestaciones que puedan alterar el orden público. Este documento hace énfasis en los artículos 11, 12 13, 19 y 101 de la Constitución Política de Chile que protegen, entre otros derechos, la posibilidad de “reunirse pacíficamente sin permiso previo”.
EL documento también establece las pautas y recomendaciones que los agentes de la ley deben seguir según el tipo de concentración que se esté presentando. En el protocolo existen varios niveles para definir las protestas.
En primer lugar se encuentran las ‘autorizadas’ o ‘no autorizadas’ (pese a que la constitución estipula que no debe haber previo aviso). Posteriormente se clasifican por ‘lícitas’ (si son pacíficas) o ‘ilícitas’ (si se presentan hechos de violencia). Por último y derivadas de las manifestaciones ilícitas, se encuentran las ‘violentas’ o ‘agresivas’.
Después de definir los tipos de concentraciones, el protocolo se refiere a siete etapas de intervención:
Diálogo: Aplicable a manifestaciones lícitas, con o sin autorización.
Intervención oportuna: Aplicable a manifestaciones lícitas con autorización, el uso de la fuerza debe ser el último recurso.
Contención: Para manifestaciones lícitas con autorización, su objetivo es evitar la expansión de hechos de violencia.
Disuasión: Aplica para concentraciones lícitas o ilícitas, con o sin autorización, y/o violentas.
Despeje: Solo aplicable a manifestaciones lícitas, debe haber previa advertencia y se podrá utilizar el uso gradual de la fuerza.
Dispersión: Aplica para concentraciones ilícitas, violentas y agresivas.
Detención: Aplicable para cualquier tipo de manifestación.