Cumaribo es un territorio desconocido para la mayoría de los colombianos a pesar de que es el municipio más grande del país, pero este desconocimiento contribuyó al olvido del Estado y a la entrada de grupos armados que han perpetrado varios hechos de violencia contra la población al suroccidente de Vichada, los cuales hasta ahora no habían sido documentados.
Por lo cual Gissel Medina, vocera de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, realizó el informe Ni coca ni Estado el cual fue entregado el pasado 14 de diciembre a la Comisión de la Verdad para presentar un panorama del contexto histórico del sur de Cumaribo en torno a la tenencia de la tierra, los conflictos medioambientales e interculturales, y la participación de las mujeres en la construcción del territorio.
Se analizaron tres variables fundamentales que históricamente han determinado la configuración territorial de la región: el proceso de poblamiento, la economía cocalera y el conflicto armado y la información fue complementada mediante testimonios, archivos, informes, prensa, textos académicos, etc.
“Lo que la gente quería contar son las historias de colonización, violencia, producción de coca y pobreza por indígenas y campesinos que jamás se han escuchado”, afirmó la vocera.
Secuelas del abandono estatal
Rangel Martínez, es un lider campesino de Cumaribo quien cuenta que durante toda su vida fue victima del conflicto al igual que sus familiares, ya que por una parte los guerrilleros los torturaban porque creían que colaboraban con el ejército y por el otro lado, los militares acababan con sus cosas y los maltrataban porque pensaban que eran guerrilleros.
“Los que vivimos en el campo sabemos que se siente perder lo suyo, su tierra, su habitat es doloroso porque usted esta acostumbrado a vivir de la naturaleza pero eso lo tenemos que superar con el apoyo de mucha gente como ustedes”, aseguró el líder.
Esta situación desencadenó una serie de desplazamientos que redujo significativamente su población y eso se ve reflejado en Cumaribo donde hay familias que no han querido tener hijos, no hay juventud y hasta son consientes de que en su territorio hay fosas comunes y cementerios en los que saben que hay tanto actores armados como personas en la base de datos del Registro Nacional de Desaparecidos.
Como él, la comunidad espera mostrar al Estado las necesidades que han sufrido porque aunque a través de la bonanza cocalera pudieron suplir sus necesidades básicas, la violencia les hizo perder todo y como los administradores pensaban que los campesinos tenían dinero por los cultivos ilícitos pues no invirtieron en la zona, es decir no cuentan con un centro de salud o educación adecuado.
Intereses económicos en el territorio
Para Lizeth Gómez, abogada de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Cumaribo es un lugar diverso y rico, es un área de transición selvática y de sabana por lo que hay diversidad en fauna y flora, lo que llama la atención de empresas con proyectos de bono de carbono, vendiéndolo a la comunidad como una alternativa económica para todos.
Sin embargo, la abogada asegura que las propuestas de las empresas se están tramitando sin tener en cuenta a la comunidad, son a 30 años y se negocian con algunas autoridades indígenas y no con las 80 que componen el territorio, lo que ocasiona fragmentaciones dentro de la comunidad por el tema económico.
Por lo tanto hay mucha desinformación sobre cómo se van a utilizar los recursos porque los empresarios manejan un lenguaje técnico que no es comprendido y aunque las empresas de bonos de carbono se comprometen a cuidar el bosque, realmente las comunidades no saben qué están firmando.
“Lo que hemos evidenciado es que vía estos contratos de carbono se les restringen actividades a las comunidades que a veces son de subsistencia”, expresó la abogada.
Por otra parte, después de los Acuerdos de Paz el ELN regresó para controlar rutas y también están entrando disidencias de las FARC con la intención de promover los cultivos de coca, una propuesta que suena tentadora para algunos campesinos quienes deben elegir entre tranquilidad u obtener mayores ingresos económicos.
En ese sentido, la comunidad y sus representantes piden el apoyo de agencias de cooperación y ONGs, para trabajar en los problemas de la comunidad ya que por motivos militares, el Estado no los incluyó dentro de los PDETs y eso los excluye de ciertos beneficios prioritarios.
“Lo que hicimos fue darle voz a los pobladores, este es un informe lleno de historias que deben hacer parte de la historia del país, que deben ser visibles y es necesario crear políticas y proyectos que ayuden a mejorar su calidad de vida”, opinó Medina.
La participación de la mujer rural es clave
Mostrar los procesos de resistencia es importante, debido a esto en el informe se muestra cómo las mujeres indígenas y campesinas que se desempeñan como raspachinas, trabajadoras sexuales, cocineras y atienden las labores domésticas tienen un potencial cultural enorme el cual todavía no han explotado por su inasistencia en los espacios de participación.
“Allí están las mujeres con una fuerza organizativa enorme y con una riqueza cultural y a través del intercambio de saberes tienen proyectos productivos grandes en la agricultura y artesanías”, dijo Gómez.
Como la sustitución de cultivos no dejó muchas alternativas de vida digna por las operaciones militares y la aspersión aérea, que dejaron daños económicos y físicos en la población, las mujeres han ingeniado sistemas de cultivo diferentes, potencian las artesanías y ven en la economía verde un modelo sostenible para sus comunidades.