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“El Gobierno se raja en la implementación del Acuerdo”: Diego Alejandro Restrepo

Por: Camila Contreras

Diego Alejandro Restrepo, Coordinador de la Línea de Investigación en Conflicto, Paz y Postconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, explica por qué cree que después de 3 años de firmar un buen acuerdo, éste se encuentra en malas manos.

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El 26 de septiembre de 2016 se firmó oficialmente el Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno colombiano, y a partir de esa fecha se ha hablado mucho sobre uno de sus puntos: Acuerdo sobre las Víctimas del conflicto. Para Restrepo, el Gobierno le ha dado la espalda a las víctimas de la guerra: ” Desde la firma del Acuerdo hasta hoy han sido asesinados 316 líderes y lideresas sociales en su mayoría pertenecientes a Juntas de Acción Comunal, comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, en otras palabras, los grupos sociales excluidos históricamente por sectores políticos y económicos y que han sido invisibilizados por el Estado colombiano, de nuevo se ven arrojados a una espiral de violencia“.

Dentro del punto de Víctimas del conflicto existe el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que “está compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales que se pondrán en marcha de manera coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, rendir cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él, y contribuir a alcanzar la convivencia, la reconciliación, la no repetición, y la transición del conflicto armado a la paz”, esos mecanismos son la consecución del Pacto Político Nacional que constituye una emergencia para excluir definitivamente la violencia de la vida social y política, como lo estipula el punto 3.4.2 del Acuerdo de Paz.

Lo que se busca con este mecanismo y apartado del Acuerdo de Paz es que las personas y organizaciones comprendan las situación por las cuales están inmersas, y por eso es necesario que se implementen medidas de protección para la ciudadanía donde más afecta el conflicto armado.

Según el Centro de Recursos para el análisis de conflictos CERAC, “el riesgo de seguridad permanece alto para las personas que ejercen actividades de poder, representación o ampliación y construcción de poder en las comunidades, pese a la reducción que presentaron las muertes de violencia política. Este riesgo se encuentra concentrado en regiones donde confluyen dinámicas ilegales y disputas entre grupos armados organizados. Estas regiones son: Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño, norte andino del Cauca y Tumaco”.

Lo anterior concuerda con lo que menciona Restrepo al referirse a los territorios donde se presentan problemas críticos en materia de seguridad y violencia: “A pesar de la promesa de seguridad con la que ganó la presidencia Iván Duque, estructuras armadas ilegales como el Clan del Golfo, los Caparrapos, el ELN y los Grupos Armados Postfarc se han fortalecido ante la ineficacia de las instituciones de la Fuerza Pública, aun cuando en el Acuerdo se había dispuesto de una instancia interinstitucional denominada Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para enfrentar a estas organizaciones criminales y que también se proponía proteger a líderes, lideresas y excombatientes”.

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