Por: Paula Nicol Orozco González
Pedro, uno de los muchos pescadores que a diario buscan su sustento en el Río Magdalena, dice que recuerda con añoranzas cada mañana en las que pasaba a ver el gran río, el mismo que se llevó a muchos cuando la furia de su agua arrasaba con todo lo que tenía a su paso. Recuerda los caimanes cazando en las orillas, pero también cuando los mismos aparecían muertos, a los loros con sus exóticos cantos y a los micos con sus gritos, sonidos que ahora solo existen en su memoria. Pedro dice con preocupación que “los peces tendrán que aprender a caminar sobre la tierra porque las aguas se acabarán, si no es que esta se los lleva”.
Ahora en lugar de la algarabía de los loros y el escándalo de los micos, que en otro tiempo alborotaban la tranquilidad de los días, llegaron los hombres de corbata, con sus iniciativas de cambiar la vida de todos, de hacer escuelas para los niños, de darles un trabajo mejor que la pesca, eso sí se les permite extraer arena, gravilla y más cosas del Magdalena, ese gigante cuerpo de agua del que hoy solo queda lo que esos señores querían: Arena.
“Navegar es cada vez más difícil, más lento, en un río árido, del que hoy solo me quedan recuerdos”, asegura Pedro mientras mira con tristeza el afluente.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, le otorgó una licencia ambiental a la sociedad Proingecol S.A.S. y a la empresa Proacol, para explotar arenas, gravas, tierra y minerales en el Río Magdalena, ignorando las peticiones de la comunidad. Las empresas mineras tienen la intención de desarrollar un enorme proyecto minero en este afluente, muy cerca de los departamentos de Cundinamarca y Tolima.
Desde el 2015, las comunidades de Girardot, en Cundinamarca, y Coello, en Tolima, se opusieron al desarrollo del proyecto realizando movilizaciones pacíficas y recolectando más de 6.700 firmas, las cuales no fueron tenidas en cuenta por la CAR, para oponerse al desarrollo de la iniciativa minera y, también, denunciaron que hubo cambios sustanciales de la propuesta inicial a la que fue aprobada. Ante esto, la CAR realizó una audiencia pública el 3 de diciembre de 2015. En ese encuentro se presentaron 75 ponencias, de las cuales 68 mostraban la oposición de la comunidad.
Así mismo, los concejales de Girardot firmaron una proposición para pedirle a Luis Fernando Sanabria, nuevo director de la CAR, que revoque la decisión tomada por su antecesor, quien presuntamente autorizó la actividad minera unos días antes de dejar el cargo, sin embargo esto aún se encuentra en proceso.
Ante esto, el director jurídico de la CAR informó que se constituirá un equipo para reevaluar el proceso y con esto poder tomar la decisión si se modifica o revoca el permiso de hacer minería en este sector del Río Magdalena.
Sin embargo, la explotación minera ya cuenta con dos permisos, aunque todavía no pueden iniciar trabajos sin la aprobación del plan de manejo arqueológico otorgado por el ICANH, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, por lo que la comunidad aún espera que se puedan tomar acciones para evitar este tipo de explotación sobre el Río Magdalena.
A pesar de que las empresas mineras han generado ideas y prometido empleos y construcción de obras de infraestructura para los habitantes, la mayoría de la comunidad se opone a la destrucción ambiental del Río Magdalena, ya que consideran que la explotación les está vulnerando el derecho a un ambiente sano, al agua, a la vida y se está poniendo en riesgo la integridad ecosistémica que recaerá en la pesca, la cual ya en el año 2020 disminuyó en un 20%. De este oficio depende el sustento de muchas familias de Girardot y Coello.
“Si no hay peces, no hay dinero para el sustento de la familia”, señaló Jhon Fredy Arias, un pescador girardoteño, en un boletín del Concejo de Girardot.
Julián Huertas Fernández, docente y concejal de Girardot, afirma que la CAR “jamás ha tenido en cuenta el factor social y ambiental. Se han venido denunciando desde diferentes escenarios todas estas irregularidades, medios de comunicación locales y nacionales y también desde las redes sociales. Pero al parecer, solo es una noticia más”.
Desde hace más de cuatro años hay una movilización social pacífica, en defensa del medio ambiente, los territorios y la vida. Los opositores al desarrollo del proyecto que defienden el Río Magdalena denuncian que este tendría muchas falencias frente a los estudios ambientales y que se habría realizado sin la participación real y efectiva de las poblaciones locales, desconociendo a la Comunidad Indígena Pijao en Coello y a los campesinos de Girardot.
Durante las movilizaciones en contra de la adjudicación de la licencia, los líderes del movimiento habrían recibido amenazas de muerte, trato despectivo e instigaciones verbales.
Cuando el concejal Julián Huertas inició este proceso por la protección del río, jamás imaginó que su vida cambiaría, hasta el punto de recibir amenazas en contra de su integridad física y presentar problemas de salud, derivados de la tensión y la preocupación que está viviendo.
El Concejal ha interpuesto reiteradas denuncias ante la Fiscalía sin tener respuesta alguna. “Y es que no solo se conformaron con eso, ya que los que se oponen a este proyecto han sido objeto de calumnias en redes sociales, en sus lugares de trabajo e incluso en sus emprendimientos. ¿Quién diría que defender el río podría costarnos la vida?”, concluyó el cabildante.
¿Cómo se desarrollará esta actividad minera?
La metodología propuesta para el proyecto minero se desarrolla alterando el cauce del afluente, método de minería a cielo abierto el cual genera enormes impactos ambientales en el territorio donde se efectúa, así mismo, se presentan daños a la superficie de la tierra y alteración o destrucción de la forma de la corteza terrestre, formando grandes cantidades de material de desecho, que alteran la morfología local.
Específicamente, el proyecto tiene prevista la intervención de 58 hectáreas hacia el occidente del casco urbano de Girardot entre las veredas San Lorenzo y Acapulco.
Lo más peligroso de este proyecto es que puede alterar las dinámicas del río y así contaminar y afectar a las especies nativas de las zonas.
Ante la polémica que la licencia minera ha generado, el gerente de Proacol Mauricio Jaramillo ha dicho en medios locales, que el proyecto es compatible tanto con el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río, Pomca, como con el Plan de Ordenamiento Territorial, POT de Girardot, en el cual se determina la zona como apta para la explotación minera.
También, aseguró que aunque anteriormente ya se han presentado extracciones ilegales en esta zona, el actual proyecto minero no utilizará dragas y el material extraído no afectará a las veredas aledañas, así mismo, reitera que no habrá afectaciones ambientales
El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, se comprometió a revisar el proceso y junto con un equipo verificarán si se dan todas las garantías para determinar las acciones a tomar.
Son varios los procesos que por el momento detienen el avance del proyecto, en medio de esto existen intereses económicos tanto de las empresas mineras como de inversionistas que la apuestan a la realización de la explotación.
Son muchos los esfuerzos que a diario hacen líderes y campesinos de la región por mantener el ecosistema y el medio ambiente, dicen y rememoran que el Río Grande de la Magdalena y sus aguas han sido la fuente económica que ha sostenido a muchas generaciones desde la fundación del municipio de Girardot.
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