La Minga Nacional, Social, Popular y Comunitaria de Popayán (capital del Cauca, suroeste de Colombia) denunció este lunes, a través de un comunicado, el rechazo al diálogo por parte de la Fiscalía y la criminalización de la protesta.
“Denunciamos ante organismos nacionales e internacionales que, justo después de que abriéramos un espacio para concertar caminos que permitieran a quienes estamos en protesta una salida jurídica, la Fiscalía General de la Nación a través de su vicefiscal arremete contra la iniciativa de dialogo y conversa propuesta por la Minga, y con señalamientos y amenazas, busca criminalizar el legítimo derecho a la protesta social”, dice el texto.
El jueves pasado, integrantes de la minga se reunieron con la vicefiscal, Martha Mancera.
El comunicado hace referencia a las declaraciones de Mancera, quien luego del encuentro dijo que los puntos solicitados en el documento presentado por la minga en esa instancia “van en contra de las leyes”.
El objetivo de las organizaciones sociales, indígenas, campesinas que integran la minga era consolidar las garantías para la vida y los derechos humanos de los ciudadanos e instalar la mesa técnica de diálogo.
El comunicado añade que las declaraciones de Mancera, “sumado a la negativa de la Fiscalía para dar respuesta a un documento que la minga construyó en conjunto desde el día 17 de junio de 2021, el cual contenía la ruta de garantías para la vida y los derechos humanos (recoge hechos ocurridos a partir del 28 de junio de 2021 hasta la fecha de la suscripción), y que fue modificado luego de una reunión interna sostenida por la Fiscalía, generaron reacciones de indignación por parte de las víctimas”.
En ese sentido, señala que las víctimas advirtieron ante la vicefiscal que el Estado Colombiano “no es garante de sus derechos constitucionales”.
Asimismo, explica que el espíritu de los puntos planteados en el espacio recoge acciones que recaen sobre las competencias legales y constitucionales de la Fiscalía General de la Nación y se basan en normas vigentes, algo que la institución desestima.
El texto también dice que queda claro “que no serán investigados los crímenes cometidos por “la gente de bien”, civiles armados y agentes paraestatales, autores de los hechos registrados especialmente en las ciudades como Cali, Yumbo, Bogotá, Popayán, Huila, Putumayo, entre otros, que generaron afectaciones particulares a los Pueblos Indígenas, Sectores Sociales, Populares, Sindicales y Estudiantiles que se movilizaron alrededor del país”.
Además, la minga insiste “en el ejercicio misional de la Fiscalía General de la Nación, que debe investigar los hechos relacionados con los Centros de Detención Clandestina, el uso excesivo de la Fuerza Pública, delitos contra la integridad sexual de mujeres durante las protestas”.
Y denuncia ante la comunidad internacional, organismos garantes y defensores de los derechos humanos,” la indebida diligencia del Estado colombiano”, teniendo en cuenta que en el marco del diálogo con el ente investigador dieron a conocer hechos de los cuales son víctimas líderes y defensores de los derechos humanos.
Finalmente, afirma que la minga continúa a través de las diferentes expresiones y exige a los funcionarios del Estado “respetar este ejercicio de autonomía y la dignidad del pueblo”.
“Continuamos exigiendo garantías para la vida, el cumplimiento del capítulo étnico y el acuerdo de paz, ya que seguramente, si ello se hubiera hecho, sería otra la situación en nuestros territorios”, concluye el texto.
En un comunicado anterior, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) advirtió que con esas acciones “la Fiscalía rompió cualquier acercamiento que permitiera un diálogo entre la minga social popular y comunitaria y el Gobierno nacional en el marco del paro” que inició en Colombia el pasado 28 de abril.